¿Más control o más autonomía para los fiscales?

POLÍTICA 05 de septiembre de 2022 Por ROBERTO ALMITRANI*
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A lo largo del 2022, se presentaron en la Legislatura santafesina varios proyectos para modificar distintos artículos de la Ley 13.013 de conformación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Mientras el Senado busca mantener el control sobre el organismo judicial, desde Diputados intentan darle mayor autonomía. El pasado 16 de agosto, una audiencia pública realizada en la Cámara baja y protagonizada por diversos actores judiciales y del ámbito universitario, dejó en claro el mensaje de que "hay que garantizar la independencia de poderes".

El proyecto de ley más crítico del actual modo de control legislativo sobre el MPA en la Cámara de Diputados lleva el número 47.150, del diputado Fabián Palo Oliver, quien realiza una extensa fundamentación para modificar diez artículos de la Ley 13.013, buscando modificar el sistema sancionatorio de fiscales, ampliando el número de participantes de la Legislatura y estableciendo instancias previas como el debate y la audiencia.

 "Se ha degradado el funcionamiento del MPA mediante un sometimiento de la actividad de sus funcionarios a un control por parte de esta Legislatura, totalmente en colisión con normas constitucionales y contrario a los principios y fundamentos elementales respecto del funcionamiento de los poderes del Estado", expresa el autor del proyecto.

De igual manera el diputado fue muy crítico con sus pares de la Cámara alta calificando como un "avance institucional claramente orquestado", a la aprobación por parte de la Cámara Senadores de la creación de la "Comisión de Estudio, Investigación, Seguimiento y Evaluación del Funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación". Marca Oliver que la resolución "incorporó facultades que extralimitan los alcances del artículo 46 de la Constitución Provincial".

 También resalta que los artículos 28 inciso 5 y 62 bis de la Ley Nº 13.807 implican lisa y llanamente la introducción en el sistema santafesino de un control político sobre el Ministerio Público de la Acusación, persiguiendo un resultado "pretendido por algunos legisladores: que los integrantes del MPA dependan en cuanto a su permanencia en sus cargos exclusivamente de esta Legislatura".

 Otra diputada que busca modificar la ley 13.013 es Lionella Cattalini. En esta ocasión, son 22 los artículos a modificar bajo el proyecto de ley 47.679. El mismo busca modificar el régimen sancionatorio de fiscales en base a dos premisas. Una es la de ”establecer sistemas de responsabilidad diferenciados y coherentes con las distintas funciones y responsabilidades funcionales e institucionales que fortalezcan su independencia y autonomía".

La otra premisa, según Cattalini, es dar un mensaje político hacia adentro de la institución y también interpoderes "que sea el punto de partida para descomprimir un conflicto institucional entre los poderes del Estado que debilita no sólo el sistema de administración de justicia sino la calidad democrática de nuestras instituciones".

 El proyecto de la legisladora socialista resalta que la Auditoría General de Gestión (funciona dentro del MPA), es un órgano clave que requiere de un fortalecimiento institucional.

En el mismo sentido, Oscar Martínez presentó un proyecto bajo el número 46.355, que busca modificar 15 artículos de la ley 13.013. El proyecto del diputado tiene algunas particularidades. Por ejemplo, el artículo 15, de designación y remoción. Este plantea que el fiscal general "sea elegido por el pueblo en elección directa y a simple pluralidad de sufragios. Podrá ser removido de su cargo sólo según las normas del juicio político establecidas por los artículos 98 a 105 de la Constitución Provincial".

 Al igual que el proyecto de Palo Oliver, Martínez también marca que la remoción del cargo será por la decisión del voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara reunidas en sesión conjunta, previo debate y audiencia del interesado.

 "En un sistema democrático como el que nos rige, la idea de autoridades públicas no elegidas por la ciudadanía no parece admisible", justifica el diputado, para finalizar diciendo que la elección del fiscal general y los de fiscales regionales a través del voto popular "se presenta como la mejor manera de cumplir con la misión institucional del Ministerio Público de la Acusación".

Los proyectos del Senado
En contraposición con la Cámara de Diputados, los proyectos presentados en el Senado apuntan a un mayor control legislativo sobre el Ministerio Público de Acusación. Uno de los que más ruido generó fue el pedido para conformar el Observatorio Parlamentario del Organismo de Investigaciones (OI) perteneciente al Ministerio Público de Acusación (MPA).

 Si bien la ley orgánica del Organismo de Investigaciones (13.459), que fue sancionada a fines del 2014 y reglamentada en el 2015, establecía la creación del Observatorio Legislativo (condición puesta por el Senado para su aprobación), nunca fue conformado. El objetivo del mismo es realizar un seguimiento y fiscalización del desempeño del organismo técnico.

 

 El proyecto de Rubén Pirola (bloque Juan Domingo Perón), establece que serán tres senadores y tres diputados quienes lo integrarán, contemplando la posibilidad de "invitar a referentes académicos, representantes de organizaciones sociales, representantes del gremio judicial y organismos públicos interesados en el seguimiento del desempeño del Organismo de Investigaciones, a los efectos de promover la interdisciplinariedad y la participación social", expresa su artículo 23.

Si bien el proyecto tiende a "dar cumplimiento" a algo ya aprobado, llega en un momento en donde las relaciones entre el Senado y el Ministerio Público de la Acusación atraviesan momentos de rispideces.

 Otro de los proyectos de la cámara alta, modifica uno de los incisos que establece cuáles son las faltas consideradas graves que puede cometer un fiscal. Las mismas están detalladas en el artículo 52 de la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación (13.013). En esta ocasión, el proyecto elaborado también desde el bloque Juan Domingo Perón, modifica expresamente el inciso 7 del artículo, que establece que un fiscal será sancionado con falta grave si "incumple las disposiciones legales que promueven, protegen y garantizan los derechos de las víctimas, no hacerlos respetar ni permitir su ejercicio efectivo; y en particular, no informar o negarse a informar injustificadamente a la víctima cuando ésta lo requiera."

Audiencia Pública y el pedido de equilibrio en los poderes del Estado
No fue casual que el pasado 16 de agosto, la Audiencia Pública de debate relativa al control y auditoría del Ministerio Público de la Acusación y al régimen disciplinario sobre los órganos fiscales se haya realizado en la Cámara de Diputados. Si bien la iniciativa para llevarla adelante salió de la propia cámara baja, los proyectos presentados en la misma y su contraposición con los del Senado marcaron cuál era la cancha correcta donde jugar el partido.

 La convocatoria contó con miembros de la Corte Suprema de Justicia, todos los fiscales (desde el General a todos los regionales), la asociación de fiscales, el Colegio de Abogados y las facultades de derecho de Rosario y Santa Fe. La presencia demostró fortaleza y las exposiciones unánimes también.

Los oradores coincidieron en que el actual régimen sancionatorio "erosiona" la división de poderes del Estado. "No existen antecedentes de algún sistema en donde la potestad disciplinaria de fiscales y defensores esté asumida por parte de uno de los poderes del Estado", expresó Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia.

 Los pedidos coincidieron unánimemente en dotar de una mayor autonomía a los organismos, volver al sistema de control original establecido por la ley 13.013 (de creación del MPA, aprobada en 2007) y garantizar la posibilidad del trabajo investigativo de los fiscales libres de las presiones políticas.

 Con la premisa de que "ningún poder debe subordinarse a otro", el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, bregó porque se modifique "la ley que tanto daño le hace a la vida institucional de Santa Fe". En detalle, comenzó explicando que "una de las formas de atacar la libertad de actuación de jueces y fiscales es poner en vilo la permanencia en el cargo", para concluir diciendo que otra de las formas de ataque es "cuando se politiza la impunidad".

 El Procurador General de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre, se basó en la Constitución de 1994 para destacar la necesidad de un amplio consenso institucional. "Está claramente establecido que los integrantes del Ministerio Público de la Acusación son funcionarios judiciales, por lo tanto no pueden escapar a la lógica disciplinaria constitucional del articulo 91(enjuiciamiento a miembros de la Corte) o en todo caso a la del viejo Ministerio Público, que era un control administrativo con revisión ante la Corte".

Los fiscales, La Corte y los fueros del senador Traferri
Las discusiones sobre las modificaciones del régimen sancionatorio del Ministerio Público de la Acusación, se desarrollan mientras dos fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery recurren a la Corte Suprema de la Nación para solicitar que declaren inconstitucionales los fueros de los que gozan los legisladores santafesinos y proceder a imputar al senador Armando Traferri (bloque Juan Domingo Perón) por el delito de asociación ilícita, entre otros, en relación a la investigación por juego clandestino.

Como detalla el periodista David Narciso en su nota de AIRE, agotada la instancia provincial, los fiscales van por la Corte nacional. El fiscal Schiappa Pietra recordó que “es el Estado nacional el que responde ante la comunidad internacional cuando se vulneran, por ejemplo, las convenciones contra la corrupción interamericana o de la ONU a las que adhirió el país”.

 “Esto va a poner el foco sobre Santa Fe. Que un Estado local comprometa los acuerdos que firmó el país es un problema. Las responsabilidades internacionales tienen un montón de implicancias”, afirmó el fiscal para quien el fallo de la Corte también pone en un brete a la provincia, porque que el Estado nacional tenga que asumir una responsabilidad internacional por culpa de Santa Fe, "no le hace bien institucionalmente hablando”.

*Para Aire de Santa Fe

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