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El peligroso sendero del silencio

OPINIÓN 05/09/2022 Diego Armesto*
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En su breve discurso posterior al grave atentado que sufrió la Vicepresidente de la República, el Presidente Alberto Fernández expresó que: “la convivencia democrática se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina”, haciendo de esa manera un imprudente señalamiento a diferentes sectores de nuestra sociedad como “inspiradores” de tal acontecimiento.

Todo abogado y Profesor de Derecho, no debería desconocer que en nuestra Constitución Nacional, en su Art. 14 y su Art. 75 inc. 22 protege la libertad de expresión en todas sus formas y que, los instrumentos de derechos humanos que complementan a nuestra carta fundamental, son el fiel reflejo de la defensa irrestricta a esta libertad. También no se debe olvidar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 5/85 (La Colegiación Obligatoria de Periodistas), sostuvo que el Art. 13 de la Convención Americana fue diseñado para reducir al mínimo las restricciones a la libre circulación de información, opiniones e ideas.

En este sentido, la libertad de expresión debe entenderse desde una dimensión individual como un derecho que tenemos cada uno de nosotros, donde nadie puede ser arbitrariamente impedido de manifestar sus ideas, por lo tanto, libertad de expresión no se agota solo en el derecho a hablar o escribir, sino que además se debe asegurar el acceso a los medios que permitan difundir ese pensamiento. En su faz colectiva, es el derecho al que todos tenemos acceso para recibir y conocer las opiniones y noticias del otro, en definitiva es la libertad de comunicar mis ideas, es decir es el derecho de todos a conocer esas opiniones, pensamientos y noticias. Así, nos cabe preguntar ¿Cuál es la necesidad del oficialismo en buscar e identificar opiniones, noticias y medios que atentan contra la democracia ?.

En esta línea de pensamiento ubicar a sectores pertenecientes de la dirigencia política, la justicia o los medios de comunicación, como responsables de los graves hechos acaecidos es de una grave irresponsabilidad, a menos que el objetivo sea tal cual lo describiera hace ya tiempo – y sin perder vigencia - Rosa de Luxemburgo cuando expresó que “sin libertad de prensa, sin libertad de expresión y reunión, sin la lucha libre de opiniones, la vida en todas las instituciones públicas se extingue, se convierte en una caricatura de sí misma en la que sólo queda la burocracia como elemento activo”.

La Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE - OEA) dice que: “la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”, la sociedad mediante este derecho nos obliga a respetarnos desde el pluralismo, mediante la tolerancia y con un espíritu de apertura, que debe robustecer una mejor convivencia y una sociedad democrática. (Ver Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa; “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile; Ríos y otros Vs. Venezuela y Caso Perozo y otros Vs. Venezuela entre otros).

Nuestra joven democracia necesita de entender y comprender la importancia que reviste el debate público para buscar y tener una mejor sociedad, no se puede pretender cerrar la discusión a cuestiones que tienen relevancia y se fundan en razones de interés público, ahí la pluralidad de voces, el escuchar las opiniones diferentes y el pensamiento del otro, enriquecen y hacen más robusto nuestro sistema democrático.

La Relatoría sostiene que un mayor control sobre la gestión pública, también se cristaliza mediante la opinión pública y, tal situación es un aporte a la transparencia y genera mayor responsabilidad en los funcionarios públicos. En este sentido, toda expresión sobre los funcionarios públicos, amplía un mayor margen de apertura y grado de escrutinio a la critica pública. Así, funcionarios y candidatos tienen un escrutinio más exigente, por cuanto, estos tienen a su mano la posibilidad de dar mejores explicaciones o responder a las criticas a las que son expuestos. (Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina; Palamara Iribarne Vs. Chile y; Ivcher Bronstein Vs. Perú entre otros)

Para concluir, es muy importante tener presente las palabras de Hugo Black - Juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos- cuando bien definió que “la prensa está para servir a los gobernados, no a los gobernantes” y por eso la libertad de expresión es uno de los cimientos fundamentales de una democracia real, porque en ese concepto se completa la presencia del individuo como integrante de un Estado y así también lo manifestó Liu Xiaobo, Premio Nobel de la Paz en 2010, cuando dijo: “La libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad”.

* Para www.infobae.com

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