Massa ya sufre "efecto búmeran" del congelamiento de precios: ¿podrá imponer un freno a los salarios?

ECONOMÍA 03 de noviembre de 2022 Por Fernando Gutiérrez*
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Primero, un mes hablando sobre un plan de shock al viejo estilo, como el plan Austral de los años ’80. Después, varias semanas de debate sobre el plan para estampar los precios en los envases de los productos como garantía de congelamiento de precio. Y ahora, el preanuncio de una app con la cual los consumidores podrán ser los propios inspectores sobre los cumplimientos de los precios y los problemas de desabastecimiento.

Y, en los tres casos, la misma consecuencia: empresas que se adelantan a la aplicación de las medidas por la vía de realizar aumentos preventivos. Esa es la situación con la que se encuentra el ministro de economía, Sergio Massa, en su intento por contener la inflación mediante medidas de control a las empresas.

De hecho, las consultoras que hacen relevamientos propios de precios creen que en octubre se quebró la tendencia descendente y que la inflación superará el 6,2% de septiembre y que en noviembre se mantendría también por encima de esa marca. En los comercios ya aparecían el martes las primeras quejas por la recepción de nuevas listas con incrementos de precios, después de un mes en el que el rubro de alimentos terminó con una inflación de 7,2% -de acuerdo con el relevamiento de la consultora LCG.

Paradójicamente, cuanto mayor es la amenaza de "mano dura" por parte de los funcionarios, más estímulo se constata para los aumentos preventivos. Y esta vez, con el anuncio de multas por hasta $283 millones para quienes incumplan con las nóminas de precios de unos 1.500 productos que deben quedar congelados durante cuatro meses.

Por lo pronto, los economistas ya manifestaron su escepticismo sobre el resultado de este plan. Con el peso de largas listas de programas de controles fracasados, se escuchan pronósticos sobre desabastecimiento, o bien de aumentos "compensatorios" en los productos que no estén incluidos en la lista de los "Precios Justos".

Lo curioso es que el propio Massa, hace algunas semanas, había dicho: "como método, no creo en los congelamientos, que han fracasado siempre". Lo cual hace pensar que, acaso, lo que más motiva al ministro sea la necesidad de mantener la paz interna con el kirchnerismo, que quiere ver gestos confrontativos contra los "formadores de precios".

Precios: se repite el error del preanuncio

Ahora, en su entrevista con "El Destape", Massa adelantó un plan estabilizador. Y justificó su optimismo sobre la eficacia del plan en el hecho de que las empresas que incumplan perderán beneficios de tipo cambiario y fiscal.

Claro que todavía hay muchas dudas sobre cómo funcionará el sistema, cómo se hará el monitoreo y cómo se controlará que las denuncias de los consumidores estén justificadas. ¿Valdrá el mismo tipo de denuncia para una gran cadena, para un mayorista y para un almacén de barrio? Ese es el tipo de interrogantes que se plantean en el mercado por estas horas.

Pero, sobre todo, lo que se le critica desde el propio gobierno a Massa es haber incurrido, una vez más, en el error clásico de preanunciar una medida, en vez de usar el factor sorpresa. Eso es lo que permite la reacción de los empresarios para formar el "colchón de precios" que les permita transitar el período del congelamiento.

Lo cierto es que al Gobierno sus propios antecedentes no lo ayudan: ya lleva varias situaciones en las que, por anunciar anticipadamente la toma de medidas, logra el efecto inverso al buscado.

En 2020, cuando se producía un furor de compras de dólares al precio oficial, los funcionarios se pusieron a debatir en público sobre la necesidad de cortar esa hemorragia de reservas, con lo cual la demanda se hizo más fuerte -llegó a un récord de u$s900 millones en agosto de ese año- hasta que finalmente el Banco Central adoptó medidas.

Ya este año, en marzo, el presidente Alberto Fernández anunció que se declararía "la guerra contra la inflación", pero entre el anuncio y la implementación de las primeras medidas pasaron cinco días, un período en el cual los comercios realizaron aumentos preventivos. El resultado fue desastroso: marzo terminó con un IPC del 6,7%, empeorando la marca de los meses previos. Y gran parte de los aumentos, sobre todo los de productos como lácteos y panificados, se produjeron tras el anuncio de la "declaración de guerra".

Y, ya con Massa en el ministerio, el debate sobre un congelamiento de precios que incluiría sanciones aceleró la inflación: los supermercados recibieron listas con remarcaciones de hasta 20%. Este tipo de reacciones enoja al Gobierno, como quedó en evidencia con la participación en el coloquio IDEA del secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, quien se quejó de que los empresarios se habían cubierto de un temor devaluatorio pero que, cuando el dólar se estabilizó, no bajaron sus precios.

Inflación, déficit y escepticismo de fondo

Pero, sobre todo, las muestras de descreimiento por parte de los economistas se basan en la certeza de que las causas profundas que llevan a la inflación no serán alteradas, dado que continuará la financiación monetaria del déficit.

El siempre escuchado Domingo Cavallo alertó que, a pesar de que Massa arrancó su gestión con una postura proclive al recorte del gasto, luego se encontró con escollos políticos para poder llevar esa austeridad a la práctica.

Aludió concretamente a la decisión administrativa de agosto que recortaba $120.000 millones del gasto, pero que luego fue neutralizada por la decisión administrativa de la semana pasada por la cual el déficit fiscal se incrementa en $144.000 millones como consecuencia de un aumento del gasto que supera a la estimación de recursos.

"En pocas palabras, A sólo dos meses de la decisión administrativa que apuntaba a reducir el gasto, se acaba de publicar otra decisión administrativa que revierte totalmente aquella primera loable intención", apunta Cavallo, quien advierte que únicamente un recorte del gasto podrá ponerle un freno a la escalada inflacionaria.

Y afirma que las perspectivas para el futuro no son auspiciosas: "El presupuesto para 2023 contempla un aumento del gasto total del 71%, no muy diferente del aumento que se terminará produciendo en 2022. Por consiguiente, no puede argumentarse que para 2023 el gobierno planea una reducción del aumento del gasto público".

Entre las expresiones de pesimismo por la política anti-inflacioniaria destacó también un lapidario informe de Marina Dal Poggetto, quien en su momento rechazó la invitación de Massa para formar parte de su equipo en el rol de viceministra.

"Cualquier intento de congelamiento de los precios y del dólar oficial sólo agudizaría la escasez, en una economía que debe reducir su nivel de importaciones en más de 20%", advierte la economista, que cree que hay riesgo de que se formen nuevos mercados negros ya no sólo para la compra de dólares sino también para mercaderías.

Otros analistas destacan también que la política cambiaria de mantener acelerado el "crawling peg" del dólar oficial será otro factor que impedirá una baja de la inflación. Octubre terminó con una tasa devaluatoria de 6,5%, abandonando definitivamente el tradicional rol de "ancla" de los precios.

Un reporte de Ecolatina enumera los motivos que llevarán a que la inflación de 2023 se mantenga en torno al 100%, bien por encima del pronóstico oficial: "acuerdos salariales mayores y más frecuentes, expectativas desancladas, deslizamiento cambiario sostenido en niveles elevados y una inercia que no parece disiparse en el futuro inmediato".

¿Freno de mano a la suba salarial?

En fuerte contraste con las críticas, el ministro Massa se muestra confiado en el éxito de su plan, y hasta insinuó en la reciente entrevista con Roberto Navarro que, en realidad, hay fundamentos para pensar que la inflación del año próximo se ubique incluso por debajo del 60% que proyecta el presupuesto. Es un optimismo que no se condice con la actitud que muestran los sindicatos, que están renegociando paritarias para completar aumentos salariales superiores al 100%.

Y, precisamente, ahí está otro de los dilemas que debe enfrentar Massa por estos días: ¿congraciarse con el kirchnerismo -como hizo al ceder al pedido de controles a los "formadores de precios"- y dar el aumento salarial por decreto que se reclama desde hace un año?

Todo indica que, en este punto, Massa no cederá. Y que, aunque no lo diga públicamente, es temeroso de la espiral que se pueda formar por la carrera nominal entre precios y salarios.

Massa eludió pronunciarse respecto de cómo será la ayuda extra para compensar la pérdida salarial. Pero su colega de la cartera de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos dio pistas bastante claras al respecto.

Dijo que las paritarias habían logrado una recuperación de dos puntos reales que se habían perdido durante la turbulencia financiera de julio pasado. Y que la preocupación central del Gobierno es la caída de los ingresos en el sector informal, donde las medidas como los aumentos por decreto no surten efecto.

En consecuencia, Olmos planteó que el centro de la política salarial será el mantenimiento de las paritarias, a las que se complementará con un bono especial de fin de año, como ya se estipuló para los empleados públicos, que cobrarán un premio por única vez de $30.000 en diciembre. Mientras que se buscará otras medidas específicas para los trabajadores "en negro".

Hay, además, un detalle extra: Olmos dijo que las altas cifras de las últimas paritarias no son bien interpretadas por los medios, porque son presentados como por encima de la inflación, cuando en realidad están alineados con lo que marca el IPC. Es una frase que implica toda una definición: para el Gobierno, es una preocupación que no se produzcan "desbordes" en las negociaciones.

Esto ocurre por el temor de que se agudice la inercia inflacionaria, pero también por las propias limitaciones presupuestarias del sector público: trascendió que hubo intendencias que pidieron moderación ante la eventualidad de un aumento por decreto, porque no están en condiciones de afrontarlo sin ayuda gubernamental.

* Para www.iprofesional.com

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