Posible "negociado" con los medicamentos en Santa Fe

Primero fue la comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Ahora, la comisión de Presupuesto emitió dictamen a favor del proyecto de ley que habilita la privatización del sistema de compras, administración, gestión y distribución de todos los medicamentos del sistema público de salud provincial.

El dictamen se acordó el viernes a la mañana, con los votos de todos los diputados presentes -Ricardo Olivera (PJ), Clara García (PS), Oscar Martínez (PJ), Nicolás Aimar (PS), Walter Ghione (bloque UNO/Juntos por el Cambio), Lorena Ulieldín (PS) y Fabián Bastía (UCR)-.

En ese marco, sin ningún debate previo y con un paso por esa comisión de apenas tres días, el proyecto obtuvo dictamen sin cambiar ni una coma del proyecto de ley que llegó con media sanción del Senado. Es exactamente lo mismo que ocurrió en la comisión de Salud la anterior semana: sin cambios, sin debate, sin publicidad, sin escuchar a las partes involucradas, ni convocatorias; y aprobado en tiempo récord, con votos transversales de diputados peronistas, radicales, socialistas y de fuerzas menores. En Salud hubo una sola abstención, de la diputada socialista Claudia Balagué.

La forma en que la ley obtuvo dictamen en ambas comisiones, sin debate y en tiempo récord, no hace más que confirmar que se trata de una ley a medida, acordada de forma transversal entre distintas fuerzas políticas, que abre las puertas a un privado para que intervenga en un negocio de decenas de miles de millones de pesos públicos.

El Senado aprobó esta ley bajo el rimbombante título de “Plan Provincial de accesibilidad ciudadana a los medicamentos”, y la Cámara de Diputados parece darle un tratamiento exprés a al proyecto.

El proyecto, además, tiene todos los condimentos de un traje a medida a para el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe (Primera Circunscripción), termine suministrando el sistema operativo para la compra, distribución y manejo de los medicamentos de todo el sistema público de salud de Santa Fe, como ya ocurre con los medicamentos destinados a los afiliados del Iapos.

La nueva ley habilita a que ese negocio ahora se expanda a toda el área de salud, centralizando las compras en una Unidad Ejecutora que no dependerá de la órbita de Salud, sino del Ministerio de Economía. Esa Unidad Ejecutora se crea con la atribución de firmar convenios para cumplir sus objetivos con colegios profesionales y otras entidades.

 En estos momentos, el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe tiene desarrollado el sistema operativo, administrativo e informático para el manejo de los medicamentos. No solo lo aplica en el Iapos sino que, incluso, ya existieron intentos para sumarlo a la compra de medicamentos oncológicos del sistema provincial de salud.

 Tanto en la Cámara de Senadores, como ahora en Diputados, el proyecto de ley se trató de la misma manera y bajo el muy activo lobby de conocido hombre de negocios de la capital provincial, que además administra medios de comunicación.

Qué dice el proyecto
Los puntos básicos de la reforma son los siguientes:

 - Creación de una Unidad Ejecutora que tendrá a “su cargo la implementación, operación, gestión y seguimiento” de la compra centralizada y que será dirigida en forma conjunta por los ministros de Economía y de Salud. Sin embargo, la estructura orgánica estará a cargo de Economía, con lo cual en la práctica pasará a tener la llave maestra del sistema.

 - Entre las atribuciones que se le dan a la Unidad Ejecutora está “convenir con entes públicos, Universidades Nacionales e Institutos, con el Instituto Autárquico de la Obra Social (IAPOS) y con colegios farmacéuticos y/o médicas, el desarrollo, elaboración o ejecución de estudios, proyectos de gestión y/o tecnológicos para la implementación y cumplimiento de los fines del programa”.

- Otra atribución: “Hacer uso de los mecanismos tecnológicos y operativos ya existentes en otras áreas del Estado Provincial y/o sus organismos descentralizados, para lo que podrá celebrar los convenios de colaboración y articulación que sean necesarios”.

 - Llevar adelante, por sí o mediante la contratación con terceros, los servicios de logística y/o distribución de medicamentos para el sector público. En los considerandos, se especifica que “para garantizar el pleno acceso a los medicamentos resulta indispensable contar con múltiples efectores, no solamente los actualmente establecidos (hospitales y SAMCO), siendo las farmacias, en virtud de su régimen legal y prestación de servicio, los sujetos con las características y requisitos adecuados para constituirse como tales”.

 - Se crea una comisión de monitoreo, integrada por un diputado y un senador, que tiene atribuciones para requerir información a la Unidad de Gestión y sus distintas áreas.

Preocupación en el sistema de salud pública
Los alcances e implicancias del proyecto, según consultas que hizo AIRE, generaron preocupación en el sistema de salud. Por un lado, porque el Ministerio de Salud pierde poder de decisión en un área esencial para las prestaciones. Por el otro, porque abre la puerta al gerenciamiento privado y, más específicamente, al Colegio de Farmacéuticos de la Primera Circunscripción de quien hasta se dice “que inspiró y aportó letra al proyecto”, cuestión que niega el senador radical y presidente de la UCR santafesina, Felipe Michlig.

 Como viene contando AIRE desde el año pasado, ese sistema de gerenciamiento privado lejos está de la panacea. Son recurrentes las quejas de los afiliados, pero también hay innumerables cuestionamientos entre las propias farmacias, mutuales y droguerías que proveen, tanto por las comisiones que se cobran, como por demoras en los pagos.

Las fuentes consultadas pidieron hablar off de the record a la espera de que el Ministerio de Salud de la provincia fije posición oficial sobre el proyecto. De hecho aseguraron que tampoco fue consultado el Ministerio, ni hay posicionamiento de parte de las autoridades del LIF, que sería afectado en sus actuales facultades.

 Sonia Martorano, declinó hablar del tema porque todavía no fueron consultados ni se les pidió opinión, aunque admitió que “vio por arriba, sin detalle” el proyecto.

 Ante la insistencia periodística se limitó a decir: “Si lo que se quieren es generar herramientas necesarias que puedan minimizar los procesos de compra y no burocratizarlos y lentificarlos, y que además generen mayor transparencia, podría ser positivo”.

Fuente: Aire de Santa Fe. Nota de DAVID NARCISO