A medida de los planes de Maximiliano Pullaro: es ley el Código Procesal Penal Juvenil

En su última sesión, la Legislatura saliente cerró este jueves con la aprobación del Código Procesal Penal Juvenil, una de las discusiones parlamentarias más ríspidas y largas de los últimos tiempos, que se prolongó por más de una década. La vieja polémica sobre la baja de la edad de imputabilidad –que no es potestad de la provincia sino del Código Penal nacional– enturbió el debate sobre cómo regular el procedimiento penal para los menores. La sanción definitiva la dio la Cámara de Diputados y Diputadas por mayoría –en el Senado había sido unánime el apoyo– en sintonía con la propuesta de una nueva agenda pública del gobernador electo Maximiliano Pullaro, que tiene el foco puesto en la seguridad, las investigaciones y la administración de justicia.

Las centralidades de las demandas sociales están puestas en el fuero penal y, como adelantó Letra P, el nuevo gobierno espera impulsar una reforma estructural que incluye también la desfederalización de la persecución penal del narcomenudeo en la provincia, cambios en el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación y hasta la renovación de la Corte. A eso se suma la organización de una nueva justicia penal juvenil, es decir para aquellas personas imputables menores de 18 años.
 
Y es que la gestión de Pullaro adelanta una mirada pragmática sobre los conflictos a resolver. Para Santa Fe, regular el procedimiento penal sobre los menores era un tema pendiente. Tras la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en febrero del 2014, que implicó un cambio copernicano en la Justicia penal, quedó irresuelto el procedimiento de juzgamiento de menores en conflicto con la ley, que hoy todavía son sometidos a un régimen inquisitivo.

Entre los senadores, uno de los que le hizo marca personal al tema en los últimos años fue el radical Lisandro Enrico, quien a partir del 10 de diciembre pasará a la Casa Gris, como ministro de Obras Públicas. Para el venadense, muy cercano a Pullaro, cerrar su ciclo legislativo con este Código sancionado es un logro en términos personales y compone, además, una sintonía de cambios que se avecinan.
Además, el acuerdo entre los dos bloques mayoritarios que garantizan los votos para la aprobación, evitó que la discusión se prolongue y que haya que recomenzar las negociaciones con la nueva composición del parlamento provincial a partir del 10 de diciembre.
Tras 11 años de desencuentros legislativos y proyectos presentados desde todos los partidos políticos, el Código propuesto llega a esta instancia final de debate con el trabajo de una comisión bicameral que escuchó desde especialistas en la materia hasta a las asociaciones de víctimas y se encargó de acercar posiciones para modificar el procedimiento penal ante los delitos cometidos por menores de 18 años.

Foco en las medidas cautelares
La votación, sin embargo, no pasó sin quejas. La diputada Matilde Bruera, votó en contra del proyecto en general e hizo una de las críticas más extensas y detalladas a la ley, con dos objeciones centrales: la primera fue sobre las medidas cautelares, ya que el Código habilita la prisión preventiva para los menores, aún por plazos cortos, y con el riesgo adicional de que se los aloje con adultos. La segunda es que la nueva estructura desarma los juzgados de menores y traspasa a los funcionarios y funcionarias a las fiscalías pero no prevé que haya defensores especializados en materia penal juvenil.

La previa del debate levantó temperatura con un comunicado del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Rosario, que expresó preocupación por el “avance sobre los derechos” de infancias y adolescencias, contrariando el espíritu de la ley 12967 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La ley implica dejar atrás un sistema de juzgados de menores que investigan y dictan sentencias escritas, para pasar a otro de tipo adversarial, como el que se aplica para las personas adultas, pero con procedimientos específicos, audiencias orales y una división entre quienes investigan y acusan, y quienes fallan. En la discusión final se destacó que el Código significa mayor claridad sobre los derechos y garantías de los menores al momento de ser sometidos a un proceso penal.

Con informacion de Letra P.