Dos recetas opuestas para igual fin

En 2015 el entonces presidente Mauricio Macri firmó un decreto por el que nombró en comisión a dos jueces de la Corte Suprema de la Justicia. La jugada no entraba en la cabeza de nadie por el absurdo jurídico que significaba, pero Macri igual lo hizo. Puso entre la espada y la pared al Congreso, que finalmente le emprolijó el trámite y le prestó acuerdo en el Senado.

El problema con dejar pasar esos antecedentes, es que pasa el tiempo y viene alguien que va un poco más allá. Es el caso de Javier Milei, que echó mano a un Decreto de Necesidad y Urgencia para derogar cientos de leyes, legislar por decreto en materia tributaria, entre otros muchos absurdos jurídicos que no resisten el menor análisis constitucional. 

Lo esperable es que el Congreso, o el Poder Judicial, cortaran el paso de inmediato a estos experimentos que buscan correr la raya para acercarla a la autocracia. Pero eso no está ocurriendo, o por lo menos con la contundencia esperada.

Tanto Macri como Milei jugaron cartas parecidas en el inicio de sus gobiernos, con el resultado de las urnas recién sacado del horno, como si eso los habilitara a ignorar la Constitución y tomar facultades de otros poderes. 

La diferencia es que Macri tuvo vocación de negociar (de hecho logró que el peronismo le habilitara el acuerdo a los dos jueces) y contaba con una base de sustentación política para defenderse. MIlei, por el contrario, no tiene poder en el Congreso y por ahora no muestra interés en negociar, aunque todo indique que ese era el fin de tirarle por la cabeza al país semejante mamotreto con ínfulas de refundación. Por el contrario, dinamita todos los puentes con declaraciones de que los legisladores le quieren cobrar coimas. 

Si Milei tiene 7 senadores y 37 diputados, que en muchos casos ni siquiera se hablan entre ellos, ¿con qué espalda es que está jugando al todo o nada, haciendo que el país camine por la cornisa, a milímetros de caer en la hiperinflación o en una crisis institucional?

“Está bastante claro”, responde un funcionario provincial. Cita como ejemplo los cambios en el sector biocombustibles, que motivaron que el gobernador se reúna el viernes con el ministro de Interior Guillermo Francos para explicarle el daño que esa y otras medidas provocan en el aparato productivo. 

“Están las petroleras detrás de esos artículos. Si equiparan la carga impositiva de todos los combustibles, desregulan el mercado y le permiten a las petroleras producir biocombustibles, eso es malo tanto para las pymes como para las cerealeras integradas. En un año YPF se traga a todas”, resume. 

YPF es una de las 41 empresas pasibles de privatización. Milei nombró al frente a exdirectivos de Tecpetrol, la petrolera de Techint, su principal competidora. Seamos ingenuos y creamos que YPF le robó grandes talentos a don Paolo Rocca.

El plan de Milei no tiene suficiente respaldo político a la vista, pero eso no quiere decir que no haya poder detrás de su ”locura” autocrática. Es muy evidente que el DNU y la ley ómnibus favorecen al poder económico concentrado, las grandes corporaciones empresarias y los sectores más ricos, en detrimento del resto, cuyo bienestar, derechos y algunas libertades quedan subordinados a los primeros. 

El funcionario que hablaba del daño a la industria santafesina del biodiesel usó una ironía que puede ser un buen remate: “Todo apunta a la concentración económica. Los efectos de la libertad los verán más rápido los que están preparados para aprovecharla”. Cirugía mayor a favor de los más concentrados y ricos, después se verá cómo se acomoda el resto.
El año termina en un punto muerto. El DNU entró en vigencia. La Corte patea cualquier resolución para febrero, y mantiene el receso, negándole urgencia a un decreto que dice que es crítico y urgente. En realidad, la Corte juega al ajedrez: se sentó a esperar que mueva el Congreso primero. 

Pero el Congreso titubea: el peronismo y el socialismo sentaron posición contra del DNU; la UCR se debate entre no quedar pegada a Milei pero tampoco a UxP; el PRO se desarropa de años de cháchara republicana y se abraza sin ponerse colorado al DNU autocrático. Las bloques provinciales y los sueltos priorizan sus intereses. 

A la política le hubiera venido bárbaro que la Justicia lo frenase primero, pero en el Poder Judicial olfatean poder tras las bambalinas de Milei. En el país donde los jueces frenan de un plumazo elecciones de provincias, de clubes y leyes del Congreso, hasta ahora ninguno puso el gancho a una declaración de inconstitucionalidad o un amparo.

Además de la incertidumbre normativa en la que está el país, la economía es una máquina de malas noticias. Sobre esto ya están prevenidos quienes pueden remarcar, sino los gobiernos provinciales y municipales.

Gobernadores e intendentes, cada uno con su realidad, tratan de asegurarse herramientas financieras para soportar lo que venga. Esta semana fue el turno de la provincia, que fijó aumentos que se aplican sobre valores de inmobiliarios y patentes que en los últimos cuatro años quedaron muy atrás de la inflación. Como sea, es imposible que no duelan en el contexto actual. Hay retoques en alícuotas de Ingresos brutos para entidades financieras y casinos, entre otros. Milei recorta al máximo, la actividad económica caerá, la inflación inflará los ingresos, pero provincia y municipios no pueden dejar de garantizar los servicios básicos. 

Unidos en otro clima
De las 13 leyes que la Legislatura provincial lleva aprobadas del paquete que envió Maximiliano Pullaro apenas asumió, cinco salieron por unanimidad y la que menos votos consiguió fueron 39 sobre 50, es decir once por encima de la mayoría propia que tiene el oficialismo. La ley de inteligencia, tema delicado y polémico si los hay, apenas tuvo una abstención. Otra novedad es la fluidez del delivery de leyes entre las dos cámaras. Trabajan en espejo, incluso en conjunto, y salen en el mismo día.

En términos políticos, el nuevo oficialismo provincial funciona como un violín. La socialista Clara García en Diputados, Felipe Michlig en el Senado y el ministro de Gobierno Fabián Bastía desde el Ejecutivo son los pilares de una estrategia que abraza a toda la Legislatura y no sólo a los propios.

 

Una combinación de factores es la que posibilitó un vuelco tan repentino del escenario político santafesino: números muy favorables para el oficialismo en ambas cámaras, el peronismo aún groggy por la derrota y la inocuidad híbrida del bloque que preside Amalia Granata. 

Hay que agregar dos variables determinantes. La voluntad política de lograr acuerdos y la visión política que sustenta esa voluntad. 

Pullaro tiene esa visión política porque es uno de los ideólogos de Unidos, que es una coalición muy diversa en cantidad de partidos, pero también en términos ideológicos. Sin flexibilidad y protagonismo en su justa proporción, las partes no tardarían en colisionar. 
Lo más sencillo sería aplicar mayoría automática. En tiempos de leyes ómnibus y DNU que transitan la banquina de la ilegalidad no sería problema bajar los números al recinto y a otra cosa.

Pero eso no le sirve a nadie. Unidos no es el peronismo verticalizado y obediente de Carlos Reutemann, sino una coalición que descansa sobre cuatro patas: Ejecutivo, Legislativo, 12 partidos e intendencias. 

Pullaro gobierna en función de ese esquema. Por eso abrió el gobierno a adversarios internos, lleva los presidentes de los partidos a la reunión de gabinete ampliado y el ministro de Gobierno hace las conferencias de prensa conjunta con los y las líderes de la Legislatura tras la aprobación de leyes.

Del paquete de leyes que envió Pullaro, quedan por tratar las reformas al Ministerio Público de la Acusación, a Servicio Público de la Defensa Penal y al Código Procesal Penal. Son las más complicadas en términos técnicos y políticos, porque redefinen estructuras judiciales y pero también tocan el espíritu del sistema procesal penal santafesino en vigencia. 

Como se anticipó hace meses en este espacio: Pullaro cree y quiere un Ministerio Público de la Acusación que trabaje en la misma línea conceptual y estratégica de las políticas que definen el Poder Ejecutivo y Legislativo para combatir el delito. 

No es un invento de él. Son formas de diseñar y organizar los organismos de persecución penal que el mundo occidental ensaya desde que rige el sistema republicano, con resultados mejores o peores según las sociedades, los países y las épocas.

En Santa Fe hay un amplio consenso sobre la necesidad de reformar el MPA, aunque no todos acuerdan sobre los cambios y sus alcances. Desde 2014 tuvo logros que ningún otro ministerio público del país puede mostrar, y a la vez atravesó escándalos de corrupción, omisiones, problemas funcionales y el condicionamiento permanente de parte de la Corte Suprema primero y de la política luego.

El punto de partida es darle a la Fiscalía General facultades de gobierno elementales que hoy descansan en la Junta de Fiscales Regionales. Por ejemplo, la fiscal general Vranicich no tiene la facultad de tomar de las regionales los fiscales y funcionarios necesarios para poner en marcha la Unidad Fiscal encargada de perseguir el microtráfico de drogas que le pide la ley aprobada hace dos semanas. 

El próximo miércoles desfilarán por la Cámara de Diputados –probablemente participen senadores para adelantar tiempos– los Colegios de Magistrados, Colegios de Jueces, Asociaciones de Fiscales, Colegios de Abogados, Sindicato de Empleados Judiciales para dejar críticas y aportes al proyecto del Ejecutivo. Autonomía, controles cruzados, el vínculo con el poder político, carrera judicial. Hay una cantidad de factores para analizar y definir. Desde su creación en 2014 el MPA estuvo en el centro de la agenda política e institucional de la provincia. Para bien o para mal, pero su trascendencia está fuera de discusión. Esa es la importancia de lo que discutirá a Legislatura.

Por DAVID NARCISO para Rosario3