Pullaro por el rumbo correcto

Las detenciones en la investigación por la secuencia de ataques letales contra taxistas y un chofer de colectivos generaron una ligera sensación de alivio en lo más alto del gobierno provincial. También la novedad de que 150 vehículos de las Fuerzas Armadas se incorporarán al servicio operativo policial en las calles de Rosario. Pero las vertiginosas emociones que produce una criminalidad que llenó de locura y agobio a la ciudad no darán treguas. Maximiliano Pullaro tiene dos convicciones. La primera es que no tiene ninguna opción más que ir a fondo con el control de las cárceles que generaron acciones estremecedoras y sangrientas. La segunda es que hechos de esta ferocidad no serán los últimos.

"El objetivo de estas acciones es sembrar el terror y el pánico", dice el gobernador, que utiliza la definición de terrorismo urbano para definir la secuencia de incidentes atroces que dejó a Rosario sin respiración. El ataque a balazos con armas de guerra a dos micros del Servicio Penitenciario provincial en barrio Rucci donde hubo tres heridos leves pero donde pudo morir gente. Tuvo las matanzas de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano en zona sur con 26 horas de diferencia en hechos donde se usó la misma pistola 9 milímetros. Siguió con los disparos a la cabeza del conductor de la K en barrio Belgrano y la balacera contra el frente de la comisaria 15ª. El efecto de los hechos fue paralizar la ciudad. Se suspendió el inicio de sesiones del Concejo Municipal y hubo un paro del transporte público.

Para el gobierno y la fiscalía la ciudad está cruzada por delitos aberrantes de delincuentes que matan a cualquiera para producir conmoción pública y arrancar así concesiones. Pullaro dice que no hay más que dos variantes: escalar en las acciones iniciadas para neutralizar a los presos de alto perfil que desde la cárcel activan el infierno en las calles rosarinas o buscar algún tipo de pacto. Y la opción del pacto, aún dentro de la ley, no es viable con personas que producen hechos propios de psicópatas. Por eso este viernes el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni fue más a fondo. "No vamos a sentarnos a negociar nada con la ranchada", dijo.

La cuestión expresiva está en el centro del debate. ¿Es lo central? Poco importa. En los líderes de opinión de los medios nacionales, en figuras de los tres poderes provinciales y en los medios se instaló el debate de si las fotos divulgadas por el gobierno de presos en Piñero semidesnudos, esposados y con la cabeza reclinada explican los ataques asesinos y aleatorios contra los choferes. Y estos mayormente creen que sí y lo dicen. El gobierno afirma que eso es un error de lectura porque el atentado a los micros de los guardiacárceles, o los ataques al Heca o a una sucursal del Banco Macro fueron antes de esas fotos a lo Bukele, el presidente salvadoreño que dispuso una política de encarcelamiento masivo, con exhibición profusa de imágenes de reclusos. No obstante la polémica está armada. Y hubo en las imágenes una clara latencia de producir humillación que fue muy patente en muchos mensajes en redes sociales. A las pocas horas empezó algo que no era inédito pero que aterrorizó a la población.

Está probado en decenas de causas que presos de alto perfil promovieron ataques brutales como el de Jimi Altamirano, como los atentados a objetivos del Poder Judicial, como el que desató la pueblada en Empalme por el crimen de Maxi Gerez. ¿Ir con más presión contra el mismo sector qué efectos tendrá? Lo pavoroso es que no es posible controlar la respuesta. El gobierno dice que el camino que le queda es el de mayor presencia en las calles y mayor rigor en las prisiones. ¿Con qué? "Actuar por sorpresa".

Los problemas están adentro también. Los ataques a los taxistas fueron con balas de la policía de Santa Fe que se atribuyen a un robo de una partida de 5 mil proyectiles en 2021 pero que son rutinarios. Una policía que negocia, balancea y define ganadores y perdedores entre las facciones criminales que abren fuego. Parte central de los quebrantos en esta descorazonadora disputa. Que incluye problemas que ya en el Ministerio Público de la Acusación son un problema serio. Por un lado conjurar esta criminalidad brutal. Por otro aplicar la ley frente a la violencia institucional que aflora. La avanzada contra las cárceles generó no menos de 45 recursos de hábeas corpus que denuncian apremios y castigos contra presos. Fuentes del MPA indican que algunos están bien documentados. Desde el gobierno lo relativizan. Y dicen que algunos abogados penalistas que los promueven están bajo la enorme presión de sus clientes que les piden generar estrépito para frenar medidas que endurecen condiciones de detención definidas con instrumentos legales.

En el medio del asedio de narcos que matan a cualquiera al gobierno le interesa enfocar esta durísima coyuntura no como una confrontación entre gobierno y la criminalidad sino entre ésta y todo Rosario. Afirman que contra esta forma de horrenda violencia están las instituciones, las entidades educativas de todos los niveles y organizaciones no gubernamentales. Este viernes las principales entidades empresarias de Santa Fe, UNR y representantes de diferentes religiones se pusieron a disposición del gobierno. Allí están la Bolsa de Comercio de Rosario, la Asociación Empresaria, el Banco de Alimentos, la Cámara de la Construcción, el Centro comercial Paseo del Siglo, La Fundación Apertura, el Consejo de Pastores de Rosario, la Federación Gremial, FISFE, el Grupo Trascender y el Consejo de Ciencias Económicas. También el Foro Regional Rosario se expresó así.

Todos estos sectores están férreamente en contra de que el fenómeno narco y su violencia ejerzan una violencia que convierta a Rosario, su vida nocturna, su transporte, sus espacios públicos, en una ciudad fantasma. Se debería incluir al factor que es su gran afluente: su abismal desigualdad. El pronunciamiento suma el anhelo necesario de recuperar una vida normal que es, ni más ni menos, que colocar al delito en niveles aceptables. Frente a un gobierno nacional que más allá del envío de recursos federales no va más allá de los eslóganes y frases gastadas teniendo en frente un fenómeno criminal que no tiene en todo el país nada que se le compare. Todo sigue abierto y hasta ahora con ese inquietante planteo que indica Pullaro. No ceder en la presión hacia los que producen esta violencia desmedida. No poder asegurar qué pasará.

Con información de La Capital