La respuesta de Maximiliano Pullaro para controlar los desarrollos inmobiliarios irregulares

El Gabinete Productivo que Maximiliano Pullaro inauguró apenas llegó a la Casa Gris ya tiene su primer desafío: crear un nuevo sistema de aprobación de nuevos desarrollos inmobiliarios o productivos en toda la provincia. El objetivo: evitar loteos irregulares como los que el gobierno paralizó por decreto esta semana en el Gran Rosario.

En las oficinas de Desarrollo Productivo, la cartera que conduce Gustavo Puccini y que es la encargada de coordinar las tareas, el tema es de los más calientes. Afirman que al asumir encontraron irregularidades en los expedientes de aprobación de este tipo de inversiones.
 
Señalan los casos de Funes, donde las obras en dos barrios fueron paralizadas esta semana, pero también están mirando loteos en el sur del Gran Rosario que tienen serias dificultades para acceder al servicio de luz y sin embargo los terrenos ya se están vendiendo. "La pesada herencia" de Omar Perotti.

El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, fue el encargado de defender en público la decisión del gobernador de Santa Fe. “No es una avivada la posibilidad de construir en determinados lugares sin ningún tipo de autorización, eso tiene consecuencias que pueden costar vidas”, dijo el dirigente socialista.
Qué propone el gobierno de Santa Fe
En el gobierno provincial preparan un nuevo sistema para autorizar los desarrollos. Apuntan a una “ventanilla única” que reciba la solicitud -en el ámbito de Desarrollo Productivo- y la lleve al Gabinete Productivo, sin que el inversor tenga que acudir a distintas oficinas estatales. La idea es que el trámite vaya tachando requisitos en una checklist y avanzando sin necesidad de que intervenga el desarrollador. La nueva reglamentación apuntará a desarrollos inmobiliarios y productivos, es decir, loteos residenciales y parques industriales.
Normalmente, un interesado en llevar adelante un loteo tiene que tramitar solo en el ámbito provincial la factibilidad hídrica -dividida en tres etapas distintas-, la evaluación de impacto ambiental y la solicitud de acceso a los distintos servicios como luz, agua potable y gas. En cada uno de esos trámites interviene una dependencia o empresa estatal distinta, lo que vuelve el trámite engorroso, lento y confuso. La intención es aprovechar que todas están en el ámbito del Gabinete Productivo y coordinar las solicitudes allí.

Con ese trabajo coordinado, aspiran no solo a simplificarle la vida al desarrollador sino también a facilitar y ajustar los controles. El gobierno provincial sabe que los casos de Funes no son los únicos que se largan a hacer obras y vender sin tener papeles en regla. Además, hay una cuestión ineludible: los tiempos. Hoy, ese proceso desordenado insume meses y meses. Por eso, uno de los objetivos es reducir tiempos a no más de 90 días. “El gobernador bajó la orden de que la respuesta sea rápida, por sí o por no. Si no, las inversiones se van a otro lado”, aseguran.

Gabinete Productivo, la apuesta de Maximiliano Pullaro
El Gabinete Productivo es una idea que Pullaro impulsó al llegar a la Casa Gris. Su creación estuvo dentro de la batería de proyectos de ley que el gobernador envió a la Legislatura y fueron aprobados durante las sesiones extraordinarias del verano. Lo integran siete ministerios -Gobierno, Desarrollo Productivo, Economía, Educación, Trabajo, Ambiente y Obras Públicas- y la Secretaría General de Gobierno.

Pullaro impulsó su nacimiento para centralizar allí la definición y la gestión de las políticas de desarrollo productivo. En una de las últimas reuniones, antes de que explotara, el tema de la factibilidad para la instalación de parques industriales y áreas residenciales estuvo en discusión. Tras ese encuentro, Puccini contó que se habían logrado “actualizar 17 de los 55 parques industriales de la provincia” y prometió una ley sobre el tema “para aggiornarnos a los nuevos tiempos”.

Decreto, paralización y nuevas reglas
La problemática de los desarrollos urbanos sin autorización se renovó hace unos días cuando, mediante dos decretos, Pullaro ordenó paralizar la obra de dos barrios cerrados ubicados en Funes que fueron iniciadas sin tener aprobada la factibilidad hídrica y ambiental.

Ambos loteos estaban ubicados dentro de la presa retardadora del Arroyo Ludueña, en una zona inundable, por lo que su construcción “puede generar potenciales daños ambientales” y “riesgos para quienes allí construyen”, justificó el gobierno provincial.

Mientras uno de esos barrios cerrados -La Reserva- no había iniciado ni un trámite en la provincia para lograr la factibilidad, el otro -Estancia Damfield- había logrado algunos avances, sin que sea autorizado aún a iniciar las obras. Sin embargo, en el decreto de paralización -firmado por todo el gabinete-, el gobierno provincial señaló que las aprobaciones parciales que le fueron otorgadas al desarrollo durante la gestión de Omar Perotti habían sido dadas sin que se cumpliera la normativa vigente.

Así las cosas, el gobernador no sólo decretó la parálisis de las obras, sino que ordenó a los ministerios de Ambiente, Desarrollo Productivo y Obras Públicas revisar los actos administrativos que tuvieron lugar en sus carteras y anularlos si se encontrase alguna irregularidad. Además, facultó a la Fiscalía de Estado a considerar el impulso de acciones judiciales, no solo para obtener la reparación del daño ambiental sino también para obtener una condena penal si se verificase la existencia de un delito.
 

CON INFORMACION DE LETRA P.