Pullaro define cómo afrontar el riesgo de las bandas narco

El blanqueo de activos que reglamentó el gobierno de Javier Milei pone en una situación particular al gobernador Maximiliano Pullaro. En momentos en que bajaron los índices de violencia e inseguridad, abriría una ventana que no estaba en los cálculos y obligaría a la tarea extra de perfeccionar el control de eventuales episodios de lavado de activos derivados del narcotráfico.

No es una actividad administrativa más. Al contrario, podría abrirse todo un campo minado en Santa Fe en el cual detectar casi a ciegas sin saber qué aportes hará AFIP, con el deber de activar una nueva maquinaria de control, y, además, sin beneficios recaudatorios para la Provincia. En cambio, en una visión optimista podría asumirse como una oportunidad para detectar puntas de ovillo de los cuales tirar y desarmar negocios espurios. Elige tu propia aventura.

Maximiliano Pullaro, ¿adhiere?
Pero primero lo primero: las provincias deben decidir si adhieren al Régimen de Regularización de Activos que habilitó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Santa Fe no es un territorio más debido al aceitado mecanismo de lavado del que se sirven las bandas como último eslabón del negocio.

Hay una cuestión de lógica política: el blanqueo se aprobó con un consenso grande de la dirigencia nacional en el Congreso. No se puede mirar fácilmente para otro lado; de hecho, el gobernador apoyó la ley Bases. Además, esquivarlo podría generar la acusación de sacarle el cuerpo a la problemática, algo a lo que Pullaro no está dispuesto.
En mayo, el gobernador realizó una conferencia de prensa junto con su par bonaerense Axel Kicillof, quien le aportó patrulleros para la lucha contra la inseguridad. Allí Pullaro se refirió al blanqueo como un tema que “generaría dificultades en Santa Fe” pero pensaba avanzar con “normas provinciales que lleven adelante mayor control de los bienes que se van a blanquear”.

“Además de la norma nacional vamos a tener una mirada mucho más estricta de los recursos que ingresan a la provincia y de las personas que blanqueen. Vamos a trabajar en la estructuración de normas para que nadie de organizaciones criminales, narcos o testaferros puedan ingresar bienes”. En conclusión, dio por descontada la adhesión.

Sin embargo, hay reparos. En una entrevista con el diario La Nación antes de la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal sostuvo: “Un blanqueo pone en una situación difícil a Santa Fe: ¿esos fondos salieron de la venta de una vivienda no declarada o negocios ilícitos? Hay que trabajar ese tema”. No lo suelta, pero pone una lupa enorme.

Dentro del frente Unidos también hay quienes piensan que deberían esperar a que Nación le pida la adhesión. Pasado en limpio: el gobierno provincial podría no aceptar sumarse con los costos que arrastraría. En el otro extremo podría adherir sin diferenciar si lo que se blanquea se trata solo de un incumplimiento fiscal o si se trata de recursos funcionales al crimen. Esa sería la peor salida. La opción más inteligente es dejar ingresar al que evadió, no al que lavó. También es la más compleja.

La mecánica
La ingeniería puesta en marcha para pasar a la formalidad negocios ilegales se vuelve tan compleja que hasta se creó una Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Ya con la reglamentación en marcha aunque sin adherir aún, el gobierno provincial no definió de qué forma o desde qué estructura chequearía el origen de los bienes y que no tengan vínculo con el delito. Un primer paso es saber qué procesos hará AFIP para luego analizar cómo complementar.

En la mencionada conferencia de prensa, Kicillof sintetizó la sensación que bien podría compartir el gobierno santafesino: "Esperemos que el blanqueo no ponga nuevos obstáculos y dificultades en algo que ya es sumamente difícil”.

CON INFORMACION DE LETRA P.