Hidrovía: Javier Milei le baja la barrera al establishment

La suba del peaje de la Hidrovía dispuesto por la Administración General de Puertos (AGP) para el mantenimiento del río es un resbalón del Gobierno con el sector agroexportador y el campo en momentos en que la relación está en revisión. Por más que le pese a Javier Milei es una sociedad del Estado que le terminará trasladando el costo.

Hay dos dimensiones de tensión con el Gobierno. Por un lado la operativa que significa subir la tarifa de los buques que cargan el 80% de la agroexportación nacional, en definitiva, una cuestión económica. La AGP, que administra transitoriamente el negocio tercerizando el mantenimiento, plantea aumentar el peaje entre un 40 y 60% en dólares “por desequilibrios financieros de la concesión”. La Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente del ministerio de Economía, lo avaló.
 
En realidad el retoque tarifario se debe a una deuda con la dragadora Jan de Nul de unos 80 millones de dólares. Según supo Letra P, la obligación se generó el año pasado. Algunas fuentes con acceso al flujo de pago hablan del período agosto/septiembre hasta diciembre de 2023, arrojando algunas suspicacias políticas difíciles de comprobar. También reconocen retrasos de la actual gestión que, al querer tapar huecos, no puede ponerse al día. Vale aclarar que hasta hace un año la mayoría de los usuarios privados reconocía un buen trabajo de la AGP y hasta se hablaba de superávit.

Las deudas de Hidrovía
La audiencia pública seguramente traerá ruido, lo que no se sabe es qué fuerza tendrá el lobby para torcer el rumbo. El número alarmó al sector portuario y exportador, incluso algunos interesados en el negocio creen que un retoque del 64%, como trasciende, es abusivo, -pasaría de U$S 3,06 por tonelada de registro neto a U$S 5 -pero rápidamente aclaran que el 40% puede compensar la inflación en dólares de la última vez que se tocó la tarifa una década atrás. Un 40% significaría llevar el peaje a U$S 4,3. La diferencia parece escasa, pero en volúmenes de carga de hasta 45.000 toneladas se hace un lindo número.
La otra dimensión conflictiva es más política: Milei prometió estrecharle la mano al campo con una baja de retenciones que no llegó ni tampoco se sabe cuándo lo hará. Tampoco llegó una mejora cambiaria que empuje a los productores a liquidar y tampoco ven mucho interés en la actividad. Como si fuera poco, el Gobierno salta con un dedo en la llaga. La confianza puede resquebrajarse.
La oportunidad para demostrar el compromiso y el sello liberal que gran parte de la actividad espera se podría dar con la próxima licitación de la hidrovía, en la que se abriría el juego a una libre competencia de dragadores y balizadores que desde el vamos se presume feroz por ser un negocio cautivo a por lo menos 15 años. Jan de Nul avisa por lo bajo que competirá y confía en su expertise de más de 25 años en esas aguas del Paraná, pero ya se anotaron varias internacionales.

Promesas sobre el bidet
Hace poco tiempo, un grupo de empresarios en la Fundación Libertad aprovechó la visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y le preguntó por la licitación en cuestión. La respuesta fue más bien un deseo: antes de fin de año deberían estar los pliegos. No parece muy probable, más bien fue una respuesta entre protocolar y optimista, sin comprender que las promesas incumplidas en este negocio tienen su peso.

En realidad para todo el sector del agro las promesas empiezan a ahorcar la credibilidad del Gobierno y puntualmente del Presidente. En la exportación le recordaron sin matices que “la suba del peaje es claramente contraria a la posición del Gobierno de bajar impuestos”, según comentaron a este medio.

“Es una mala noticia y quita competitividad porque se traslada al exportador y al productor en definitiva. Hay que mirar a largo plazo con una nueva licitación donde creemos que habrá mejor prestación a menor costo”, agregó un dirigente portuario y dio en el problema de fondo: la licitación que sigue pendiente. La intención de subir el peaje sin haber solucionado el proceso la emparentan al desorden de la gestión de Alberto Fernández y a la oportunidad perdida con una mirada privada del gobierno de Mauricio Macri.

Al final de cuentas, este ajuste no lo paga la casta, lo paga el establishment. La discusión de los costos logísticos es todo un problema en sí mismo. El sector agroexportador se quedó anclado con un estudio de hace más de cinco años de Latinconsulting donde sostiene que el peaje puede bajarse y generar mejor competitividad.

Sin embargo, algunas voces empiezan a decir que no es posible. Más aún porque la AGP decidió aumentar y, si lo hace, sería difícil retrotraerlo. En otras palabras, parece improbable que cuando se arme el pliego, el cálculo para la tarifa que se arroje sea menor al que quiere aplicar ahora la AGP y, aún más, sea más bajo al actual.

La carta de los popes
Ese es el miedo del establishment agroexportador. “Que un eventual aumento ‘transitorio’ del peaje se torne definitivo. Que quede instalado y termine atentando contra un potencial costo de profundización”, alertaba hace dos semanas en una carta al subsecretario de Puertos, Vías Navegables de la Nación, Iñaki Miguel Arreseygor y al interventor de AGP, Alejo Benvenuto ante un cantado aumento de la tarifa.

“Generar las condiciones licitatorias para la competencia. De modo que impida quedar vinculados a los prestadores de servicio de dragado actuales sin una validación de una compulsa de precios, lo cual podría redundar en pagar un alto costo de dragado y mantenimiento a dicha empresa”, sostuvieron y apuntaron colateralmente contra Jan De Nul que dice no tener nada que ver con la suba en gateras.

La carta fue firmada por la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales, de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Actividades Marítimas y Portuarias, y la Cámara del Acero (donde manda Tenaris y Ternium del Grupo Techint y Arcelor Mittal Acindar). En limpio: todo un grupo de poder económico potente que mira de reojo al Gobierno en el asunto y siente por primera vez que paga los costos. Por ahora el enojo flota y no se hunde.

CON INFORMACION DE LETRA P.