Reforma jubilatoria en Santa Fe: claves, la mirada de Pullaro, las críticas de gremios y el malestar judicial

El Poder Ejecutivo santafesino ingresó el pasado miércoles en la Cámara de Senadores de la provincia el proyecto de Reforma Previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los empleados públicos. Según detalló la gestión provincial, con la iniciativa se busca implementar un nuevo régimen jubilatorio para todos los agentes estatales y de esta manera reducir entre 20 y 30 por ciento el déficit del organismo que, proyectado para 2024, es de 430.000 millones de pesos.

La iniciativa será debatida la semana entrante en la Legislatura provincial.

Las claves del proyecto:
Ingreso del proyecto de Reforma Previsional: El Poder Ejecutivo santafesino presentó en la Cámara de Senadores un proyecto para reformar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de empleados públicos.
Objetivo de la reforma: Implementar un nuevo régimen jubilatorio para todos los agentes estatales y reducir el déficit de la Caja entre un 20% y 30%, proyectado en 430.000 millones de pesos para 2024.
Reacciones al proyecto: Legisladores de la oposición y gremios rechazaron la propuesta, mientras que el gobernador Maximiliano Pullaro la defendió, destacando que "los sueldos políticos son los que más van a pagar".

Declaración de Emergencia Previsional: El proyecto propone declarar la emergencia del régimen previsional de los empleados públicos y funcionarios de la provincia de Santa Fe por dos años, prorrogables por dos años más.
Aporte solidario de beneficiarios: Beneficiarios actuales o futuros de la Caja deben realizar un aporte solidario del 2% al 6% sobre su beneficio, según el monto percibido, durante la vigencia de la emergencia.
Aporte del personal en actividad: El personal en actividad realizará un aporte solidario del 2,77% durante 36 meses si ocupa un cargo de conducción política o de gabinete desde el 11 de diciembre de 2023 en adelante.
Incremento escalonado de aportes: Se propone un aumento de los aportes de los trabajadores, que actualmente son del 14%, a un rango de 15,5% a 21%, dependiendo del ingreso percibido.
Tope de haberes para los jubilados: Se establece un límite de 20 jubilaciones mínimas como el monto máximo que un jubilado puede recibir.
Mantenimiento de edades de jubilación: Las edades para acceder a la jubilación se mantienen en 60 años para mujeres y 65 para hombres, con 30 años de servicio.
Jubilación docente: Los docentes pueden jubilarse a los 60 años con 30 años de servicio; los docentes con 57 años y 30 años de servicio frente al aula o en cargos directivos/supervisores también podrán acceder al beneficio.
Reforma del régimen policial: Se modifican los aportes del personal policial, penitenciario, y del Iapip, que serán del 17% al 20% de su remuneración, según el cargo y la institución.
Disposiciones transitorias: Los trámites de jubilación en curso al momento de la publicación de la ley serán analizados por la Caja para determinar si se rigen por el régimen anterior o el vigente.
Posible ajuste de edades de jubilación: Si el Estado Nacional aumenta las edades para jubilarse, se habilita al Poder Ejecutivo provincial a incrementar las edades hasta igualarlas, con una implementación gradual.

La postura de Pullaro

El gobernador Maximiliano Pullaro dijo que el proyecto de reforma previsional se propone “corregir el déficit y eliminar todos los privilegios que había en el sistema de jubilaciones”.

“Eso es también mostrar con la ejemplaridad que los sueldos más altos, y fundamentalmente los sueldos políticos, son los que más van a pagar. Queremos cambiar la realidad de cada una de nuestras provincias, pero acompañados por Nación porque entendemos que desde ese lugar a todos nos va a ir mucho mejor”, expresó Pullaro.

Sobre el reclamo por la deuda a Nación, Pullaro expuso: “A nuestras provincias hay que defenderlas, no vamos a ser víctimas de un sistema injusto. En el caso de Santa Fe lo que sucede es ilegal, porque el recorte de las transferencias que debería enviar Nación de manera frecuente, es a la Caja de Jubilaciones de nuestra Provincia. Lamentablemente se han cortado los envíos y hay una deuda significativa e importante con Santa Fe, que crece mes a mes”.

“No pedimos ningún privilegio, lo único que sí entendemos que tiene que hacer Nación es cumplir con la Constitución y cumplir con la ley, por eso fuimos a la Corte Suprema de Justicia a hacer este reclamo”, remarcó el gobernador de Santa Fe.

Críticas y rechazo

Gremios de Santa Fe manifestaron su enérgico rechazo al proyecto de reforma jubilatoria que el gobierno provincial ha elevado a la Legislatura para su discusión y aprobación.

La iniciativa generó malestar en las cúpulas de diversos sindicatos y dejaron en claro que no descartan medidas de fuerza, incluyendo paros y manifestaciones, para frenar lo que consideran un atentado contra los derechos de los trabajadores santafesinos.

Amsafé, Sadop, Festram y Siprus se unieron en una sola voz para expresar su descontento con la iniciativa del Ejecutivo, a la que consideran un "recorte de derechos" que afectará gravemente a los trabajadores de la provincia.

Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, definió como "grave" la situación: "Convocamos a esta conferencia de prensa para expresar puntualmente desde Amsafé que, viendo la gravedad de la situación, en donde desde hace muchos meses venimos llevando adelante discusiones a lo largo y ancho de la provincia, nuestra asamblea provincial facultó a la comisión directiva para llevar adelante todas las acciones que sean necesarias para frenar el intento de esta reforma".

Además, anticipó que a partir de este jueves se llevarán adelante acciones en las 19 delegaciones de Amsafé, con conferencias de prensa, reuniones y exigencias de entrevistas a diputados y senadores. "Vamos a confluir en este lugar, en la explanada de la Legislatura, cuando se trate el proyecto con una gran movilización provincial y, si es necesario, con un paro de actividades", advirtió Alonso.

"Es una ley que va en contra de los derechos de los trabajadores. Particularmente, en nuestro sector, modifica el régimen opcional docente", aseguró.

"Aumentan los aportes a los activos. En segundo lugar, como nunca ha sucedido, los jubilados tienen que pagar y hacer aporte. Se modifica la edad jubilatoria, se modifica el cálculo del haber, se modifica también las condiciones para poder acceder a la jubilación", repasó Alonso.

El secretario general de Sadop, Pedro Bayúgar, se sumó al rechazo, desmitificando el déficit de la Caja de Jubilaciones que, según el gobierno, justifica la reforma. "Hay que decirlo con toda claridad. El déficit de la Caja de Jubilaciones solo representa el 0,5% del presupuesto provincial. El déficit de 2023 es menor al de 2022", explicó.

Bayúgar sostuvo que el gobierno debería reclamar a la Nación los aportes que le corresponden para sostener el sistema previsional de la provincia, en lugar de adecuarse a políticas nacionales que retroceden en los derechos de los docentes.

Por su parte, Leandro Goldsack, representante de Siprus (Sindicato de Profesionales de la Salud), destacó la unidad de los gremios en este rechazo: "Sumándonos a este rechazo que tiene que ser contundente por parte del conjunto de los trabajadores a esto que representa un recorte de derechos, un ajuste de derechos. Hoy estamos marcando nuestro rechazo a esta iniciativa que tiene el gobierno".

Finalmente, Jesús Monzón, secretario general de Festram, fue claro en su postura: "Nosotros lo venimos adelantando. Estamos totalmente en desacuerdo con lo que quiere hacer el gobierno provincial con la reforma previsional. Somos claros; si podemos conversar, de la mejor manera lo hacemos, sino nos van a encontrar en la calle".

La mirada de un especialista
El texto del proyecto consta de 53 artículos, siendo el primero de ellos la declaración de la emergencia del régimen previsional de los empleados públicos por dos años. Este aspecto suscitó polémica, ya que podría derivar en presentaciones judiciales y "alta litigiosidad".

El abogado experto en materia previsional, Eduardo Cóceres, participó de la comisión técnica previa a la presentación del proyecto de reforma. En diálogo con UNO Santa Fe, indicó que "ese tema no estuvo en el debate", y que "es gravísimo y trasciende a esta reforma".

"La caja tiene falencias grandísimas que obliga a iniciar juicios que están en la Cámara Contenciosa Administrativa. Una ley de emergencia trae el peligro de que los juicios sean perdidos por los jubilados y que tengan que pagar honorarios", explicó el letrado.

De ser aprobado el texto del proyecto tal cual fue presentado, Cóceres advirtió que habrá juicios y se pedirá la inconstitucionalidad de la ley.

"Esto tiene que tener un debate, se tienen que escuchar todas las voces en el recinto que expliquen esto y veamos si estamos en un error o no", enfatizó, crítico del primer artículo.

En ese mismo sentido, el abogado trazó un paralelismo con lo ocurrido a nivel nacional durante la gestión de Alberto Fernández, cuando se sancionó la emergencia, lo que derivó en que los aumentos jubilatorios fueran dictados arbitrariamente por Decreto Nacional de Urgencia (DNU).

"La emergencia le permitió dar la movilidad por decreto como lo hacía, y pagar lo que quería. Fue llevar a un desastre al régimen previsional nacional, todo eso fundado en la emergencia. Porque la emergencia una vez que fue votada en el Congreso, o en este caso en la Legislatura, tiene un valor constitucional", recordó.

Edad jubilatoria
Cóceres señaló que el proyecto finalmente no introdujo cambios en la edad jubilatoria, el cual se especulaba que sería una de las principales modificaciones. La mirada del experto es que hubo una discusión política interna dentro del frente de Unidos para Cambiar Santa Fe, en la que prevalecieron aquellos que instaban a no hacer la modificación, a la expectativa de que primero lo haga el gobierno nacional.

"El mensaje habla del envejecimiento de la población como causa del déficit de la caja, y después no sube la jubilatoria. Hubo una discusión interna. Prepararon todo para la elevación de la edad jubilatoria y no se animaron a hacerlo. Pero si la Nación modifica la edad jubilatoria, la provincia lo va a poder hacer por decreto y sin participación de las Cámaras, fundado justamente en la emergencia previsional", analizó.

"Hay muchísimas cosas que se tienen que conversar que no fueron motivo del debate en la comisión. En la comisión a nosotros nos llamaron para decir cuáles son las causas del déficit, pero ahora aparecieron un montón de cosas más", criticó Cóceres.

La movida judicial
Jueces y camaristas de toda Santa Fe (incluso de otros puntos del país) confluyeron el pasado viernes en los Tribunales Provinciales de Rosario. Y, bajo el paraguas de una convocatoria de carácter institucional, protagonizaron una movida inédita que deparó un pliego de reclamos al gobierno de Maximiliano Pullaro.

Cerca de 200 magistrados y representantes de trabajadores judiciales quedarán inmortalizados en una potente foto tomada en la explanada de los tribunales ubicados en Balcarce al 1600, detalló el diario La Capital.

Pero antes del inicio, puertas adentro, del Primer Encuentro Provincial de la Magistratura y la Función Judicial, hubo tiempo para amplificar las demandas, que incluyeron la inminente reforma jubilatoria (que provoca inquietud por ser uno de los sectores más afectados) y las numerosas vacantes en ese Poder.

Lo propio ocurrió con la falta de un presupuesto acorde al normal desenvolvimiento del servicio de justicia, las posibles enmiendas a la Constitución provincial y el nuevo sistema de selección de magistrados y funcionarios del área.

El anfitrión Iván Kvasina, vicepresidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe (delegación sur), habló de “una fuerte preocupación” en el sector por un servicio “afectado en la actualidad por varios problemas”.

Frente a la reforma previsional, Kvasina sostuvo que el malestar surca a “todo el sector público provincial”, y acerca de su impacto en la Justicia señaló que “existen ciertas medidas gravosas para algunos de sus estamentos”. No obstante, dijo que hay que seguir analizando las implicancias del proyecto oficial, que ingresó al Senado santafesino el jueves pasado, y reconoció la existencia del déficit en la Caja de Jubilaciones.

Respecto del nuevo intento de reforma constitucional en la provincia, el magistrado enfatizó: “Tiene que ser la oportunidad para mejorar la calidad institucional, democrática y republicana”. También instó a “no caer en iniciativas que generan controversias y problemas” y llamó a “profundizar las garantías de independencia del Poder Judicial”.

“La clave es la dirección que quieran tomar. Bregamos por una reforma que actualice la Constitución de Santa Fe y respete estándares que vienen del derecho internacional, por ejemplo, en materia de derechos humanos”, afirmó.

El presupuesto de los jueces
A su turno, Roberto Dellamónica (presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe) advirtió que el Poder Judicial funciona con el 3,2 por ciento del presupuesto provincial, mientras que Córdoba gasta el doble.

En esa línea, reclamó “autonomía para funcionar”. Y subrayó: “Todos los poderes del Estado tienen que asegurarle a la ciudadanía la independencia de la Justicia”.

Luego, Dellamónica alertó sobre otro punto sensible que afecta al sector. “Estamos funcionando con el 75 por ciento de los juzgados ocupados y, en algunos lugares, es complicado trabajar con vacancias en distintos fueros”, resaltó.

La reciente postergación por una semana de la Asamblea Legislativa para cubrir los cargos de la nueva Cámara de Ejecución Penal, que expuso diferencias en el propio oficialismo, no pasó desapercibida durante la movida en tribunales.

Dellamónica recordó que la “posición histórica” del Colegio de Magistrados frente a los concursos para jueces de Ejecución Penal es el orden de mérito.

La convocatoria continuó, luego de la foto, en el salón de actos de los Tribunales Provinciales (a escasos metros de las dependencias de la Corte Suprema santafesina), donde se hizo ver la tucumana Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura, entre otras autoridades.

Lo cierto es que la reforma previsional que propicia Pullaro también aspira a acelerar la jubilación de jueces, algunos de los cuales tienen trámites finalizados pero siguen en actividad. Es que, consumados los cambios en el sistema, deberán reiniciar el proceso de retiro.

Acerca de las vacantes, la administración de Unidos apuró modificaciones y el fortalecimiento de los fiscales, pero desde un principio dejó en claro que la cobertura de las sillas vacías en los juzgados no será automática sino que dependerá del nivel de demanda en los distintos puntos de Santa Fe.

Asimismo, la convocatoria en los tribunales tuvo lugar pocos días después que el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, se reunieran con los miembros de la Corte provincial para abordar cuestiones institucionales.

CON INFORMACION DE UNO SANTA FE