


El gobernador Maximiliano Pullaro se dispone a coronar un ambicioso plan de cambios estructurales con la reforma de la Constitución que se comenzará a debatir en Asamblea el 14 de julio próximo y con la que pretende modificar el statu quo provincial al cual califican de viejo y anacrónico.
En los despachos oficiales aseguran que desde hace décadas se configuró un sólido núcleo de poder donde el gobernador era un invitado circunstancial donde mandaban los Senadores; la Corte Suprema de Justicia; importantes empresarios con negocios en el juego, la industria farmacéutica y la obra pública y los Sindicatos.
Para revertir la situación que según los radicales condicionaba al poder político, iniciaron una serie de cambios que comenzaron con el sistema previsional, la renovación de la Corte y culmina con la reforma de la Constitución, para debilitar el círculo rojo y darle mayor poder de decisión a quienes ejercen los cargos electivos:
"Tenemos una oportunidad única de hacer una provincia sin privilegios ni poderes ilimitados", dijo Pullaro en su discurso de apertura de sesiones del jueves pasado cuando se refirió a la Reforma Constitucional y la posibilidad de la reelección.
"Hasta ahora, el gobernador tenía un poder mínimo que ejercía durante los dos primeros años y después se diluía mientras que las decisiones se tomaban en una mesa en la que se sentaban los senadores representados por Traferri, el hombre fuerte de la Corte, Rafael Gutiérrez, los gremios de UPCN y ATE; los sindicatos de las empresas públicas y familias de empresarios con negocios millonarios con el Estado desde siempre vinculados a los medios de comunicación, el Colegio de Farmacéuticos de ciudad de Santa Fe y la obra pública", detallaron a LPO fuentes cercanas al gobernador.
En ese sentido, el gobierno impulsó reformas y tomó medidas que fueron recortando el poder del círculo rojo como los controles que impuso en las empresas de Aguas y de Energía, cambios en la compra de medicamentos de parte de la obra social provincial que rompió con el monopolio de proveedores únicos y un plan de obras públicas por más de 1.500 millones de dólares en licitaciones controladas que terminaron abaratando significativamente el valor de la construcción pública "donde las empresas se repartían los contratos", comentaban.
En el equipo de Pullaro explicaron que el mapa de reformas continuó con la nueva ley previsional para sanear la Caja de la provincia, la implementación de los premios a la asistencia para los docentes y la renovación de la Corte Suprema que ya efectivizó con los primeros tres cargos y confían en terminar de actualizarla en breve con la salida del mismo Gutiérrez.
El paso que terminará coronando el plan del radical se concretará con la reforma constitucional donde busca nivelar la duración de todos los cargos electivos a la posibilidad de una sola reelección. No es un tema menor para una provincia donde hay senadores y diputados que llevan más de 20 años en la banca mientras que el gobernador solo tiene la opción de un solo período de cuatro años.
En el despacho del radical defienden la importancia de este cambio más allá del interés particular de conseguir la reelección para Pullaro: "sin reelección, la construcción democrática de la provincia pasaba por la presencia de corporaciones fuertes y un gobierno débil. Por lo tanto, prevalece siempre los intereses particulares a los generales".
Esos límites institucionales explican en gran medida la falta de un plan de obras estructurales como tiene Córdoba, una provincia parecida en su morfología, pero que tiene una inversión en infraestructura infinitamente superior a la de Santa Fe. "Porque a las corporaciones no les interesa dejar obras que trasciendan porque defienden intereses sectoriales", reflexionan en la Casa Gris.
Con mayoría propia en el Senado que Pullaro consiguió con el batacazo del 2023 cuando cosechó más de un millón de votos, avanzó en el resto de las reformas y le torció el brazo a sectores históricos del poder de Santa Fe.
Con información de LPO






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