INTANGIBILIDAD LAS PELOTAS!

Isaías ABRUTZKY / Especial para Tiempo de Santa Fe 

Que los jueces y fiscales perciben haberes que son estrafalariamente altos con respecto a cualquier otro empleado o funcionario estatal, es algo que nadie puede negar. Que a través de mecanismos y componendas de viejísima data, quienes alcanzaron esos cargos gozan del irritante privilegio de no pagar impuestos (en un país que presume de cobijar a todos sus ciudadanos bajo la misma ley), tampoco*.

Pero no son éstas las únicas prebendas de que disfrutan: la edad jubilatoria para ellos es menor que la correspondiente al común de quienes aportan al sistema público en vigencia. También se dispone para ellos, cuando se jubilan, un porcentaje de haberes, respecto del salario en actividad, mayor que el del resto de los trabajadores argentinos.

Y por si todo esto fuera poco, sus señorías tienen 45 días de vacaciones por año desde su ingreso, porque a pesar de que las causas se acumulan en tal medida que los expedientes ocupan hasta los pasillos de los tribunales, todo enero y mitad de julio rige la feria judicial.

La defensa que ensayan los integrantes de esta casta en los medios de difusión -son pocos quienes se atreven a dar la cara- provoca un sentimiento bastante parecido a la indignación. En lo que hace a sus haberes, ellos recurren a una palabreja que puede tener un efecto inhibidor en quien la escucha: la “intangibilidad” del salario.

En general, no ponderamos en su justa medida el poder de la palabra: no tiene el mismo efecto decir “Che, a mí no me vengan con que me van a bajar el sueldo” que señalar, con académica pose que “la Constitución nos garantiza la intangibilidad de nuestros emolumentos”. Y uno se pregunta en dónde quedaron los derechos de los trabajadores y jubilados del montón cuando en los cuatro años pasados les hicieron perder el 20 ó 30 por ciento de sus ingresos. A nadie se escuchó hablar de intangibilidad en este caso.

La desastrosa situación en que quedaron las arcas estatales luego del saqueo macrista (baste citar la pérdida -deliberadamente provocada- del Fondo de Garantia de Sustentabilidad de la ANSES, que al momento del cambio de gobierno nacional a fines de 2015 era de 60 mil millones de dólares, los cuales al asumir el Presidente Alberto Fernández se habían reducido en un 50% o más), obliga a quienes mejor posicionados están a colaborar solidariamente con quienes habitan el fondo del pozo, aquellos que no alcanzan a poner siquiera los alimentos básicos en la mesa familiar.

En tanto prácticamente toda la sociedad concuerda en que -aunque sea solamente por la emergencia que se vive en la Argentina- es absolutamente justo exigirle a quienes tan bien posicionados están en cuestiones salariales que aporten solidariamente a paliar el drama de aquellos que quedaron hasta desprotegidos alimentariamente, indigna que sectores políticos intenten desviar la atención del público recurriendo a acusaciones al Poder Ejecutivo de ocultar tras su proyecto de ley un ataque al Poder Judicial.

Acabamos de vivir la institucionalmente bochornosa actitud del bloque de Cambiemos, procurando primero impedir que la Cámara de Diputados sesione para tratar el proyecto, y luego protestando vehementemente y retirándose del recinto por la aparición del diputado Daniel Scioli, cuya presencia permitió el quórum.

La actitud de ese bloque no se sostiene en absoluto en términos reglamentarios, porque más allá de que Scioli va a ocupar el cargo de embajador argentino en Brasil, su renuncia a la diputación no fue ni siquiera presentada, y por tanto mucho menos efectivizada, por lo cual sigue perteneciendo plenamente a la Cámara.

Estos sucesos llaman a múltiples reflexiones, que incluyen la desigualdad en la sociedad argentina, los nichos de poder y privilegio y el funcionamiento de las instituciones. Pero otro de esos temas, que hoy se pone en la palestra es el papel de los legisladores.

La cultura parlamentaria vigente hace que la actitud de las bancadas de dar -o de boicotear- el quórum es una práctica aceptada. Pero los ciudadanos corrientes, podemos preguntarnos para qué elegimos legisladores y les pagamos excelentes salarios. La respuesta es que lo hacemos para que nos representen y discutan los proyectos a fin de que se sancionen leyes justas y sabias. No les pagamos para que se nieguen a discutir, me parece.