¿QUIEN SE APROPIÓ DEL PODER JUDICIAL?

Isaias ABRUTZKY / Especial para Tiempo de Santa Fe 

Mauricio Macri ganó las elecciones de 2015 por un puñado de votos. Esto no le impidió intentar nombrar a dos jueces de la Corte Suprema por un decreto, en una maniobra tan alevosa de la que hubo de desistir momentaneamente, para lograr su cometido luego, de un modo algo más prolijo, aunque tambien amañado. 

Desde la Presidencia, el hijo de Franco -a quien nunca nadie le exigió que muestre su título de ingeniero, dudoso, ya que curiosamente no existe ningún compañero de estudios de esa época- se organizó un abarcador operativo para dominar los estratos del Poder Judicial. Hay tantas evidencias de este accionar que casi resulta redudante volver a explicitarlos. 

El propio Presidente de entonces organizó y comandó una asociacion ilícita que persiguió con ensañamiento a jueces y fiscales que no fallaban de acuerdo a sus designios. Hoy ya son publicas numerosas evidencias de la persecución a Cristóbal Lopez y Fabián de Sousa, mafiosa al extremo. Hubo reuniones previas -incluida una en la que participó directamente Mauricio y que tuvo lugar en la casa de su padre Franco- durante las cuales se amenazó concretamente a esos empresarios con consecuencias gravísimas si no accedían a sus peticiones de orientar la línea editorial del canal C5N para apoyar los esfuerzos del gobierno por encarcelar a Cristina Kirchner a como diera lugar. 

La amenaza se concretó, a través de un mecanismo consistente en hacer figurar una deuda impositiva del Grupo Indalo como fraudulenta, y armando una causa contra la empresa y sus directivos, cuya deuda se venía pagando regularmente. Había más de mil compañías que se acogieron al mismo plan de pago, pero la AFIP fue solamente contra Indalo. 

A López y De Sousa se le abrieron causas penales, y fueron puestos en prisión preventiva, de acuerdo a la llamada “Doctrina Irurzun”, un engendro jurídico impuesto por el juez de ese nombre, que, entre otras cosas, viola el principio de inocencia. 

Sofía Caram, en una nota de Página 12 del 9 de octubre de 2019, cuando finalmente los empresarios fueron liberados, recapitula “Los titulares de Oil Combustibles habían sido detenidos por orden del juez Julián Ercolini en diciembre de 2017. Pero en marzo de 2018, los jueces Jorge Ballestero y Carlos Farah, integrantes en ese momento de la Sala I de la Cámara Federal, ordenaron liberarlos, ya que ambos estaban ajustados a derecho e imputados por un delito excarcelable –defraudación al Estado–, por lo que no correspondía la prisión preventiva”. No obstante,   Macri se animó a repudiar el fallo, empleando una frase tan contundente como reveladora de la acción mafiosa: “No es lo que habíamos acordado”.  Y logró que los empresarios fueran nuevamente a prisión. 

Los jueces que habían dispuesto la libertad de los empresarios fueron entonces objeto de una campaña feroz, fogoneada por los medios de difusión afines al poder. Para dar una idea de la saña desatada contra esos dos jueces recordemos que Jorge Lanata incluso recomendó a los compañeros de escuela de los hijos de esos jueces -a los que anatematizó con los peores insultos- que hostigaran a los pequeños. 

Luego de la declaración del entonces Presidente, Finalmente, Ballestero y Farah fueron obligados a alejarse de sus cargos en la Cámara Federal. Entre otras acciones tendientes a apartarlos un abogado presentó una denuncia contra los magistrados, acusándolos de cohecho, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esa denuncia fabulaba un trato entre los jueces y los imputados, dinero mediante.  Luego de que sus movimientos patrimoniales fueron investigados, Ballestero y Farah resultaron sobreseídos. En su resolución, el juez federal Luis Rodriguez manifestó que de las investigaciones y las pruebas recogidas no surge la existencia de delito alguno. 

La ofensiva de la espuria asociación entre el Poder Ejecutivo y parte del Judicial determinó que Ballestero optara por jubilarse, en tanto Farah pidió traslado a un tribunal oral de San Isidro. Despejado el camino, los operadores judiciales de Macri instalaron en su lugar, sin acuerdo del senado, a Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, afines al macrismo y sus políticas. En estos momentos está en la agenda del Senado el tratamiento del pase irregular de estos jueces, quienes presentaron un amparo que fue rechazado por la jueza María Alejandra Biotti, la que afirmó que no hay arbitrariedad o ilegalidad en la decisión del Consejo de la Magistratura de reexaminar el traslado irregular -por decreto- de esos jueces. 

Por si no bastara las evidentes y vergonzosas maniobras en el caso de los jueces Ballestero y Farah, hay muchos ejemplos más de todos las acciones del gobierno anterior para obtener vía judicial sus espúreos objetivos. Citemos solamente otro caso escandaloso, como fue el intento gubernamental -a cargo de agentes con altos cargos en la AFI- para que el juez Luis Carzoglio encarcelara a Pablo Moyano. Carzoglio rechazó y denunció la acción, lo cual le valió que fuera inmediatamente denunciado por irregularidades (esto se llama carpetazo), y suspendido en el ejercicio de sus funciones. 

Y ahora que el gobierno de Fernández intenta -absolutamente dentro de las leyes- reparar en lo posible las injusticias cometidas, la oposición macrista, con cara de piedra, acusa al Ejecutivo de intento de avanzar sobre el Poder Judicial. 

Para la historia universal de la infamia.