Políticos contra el escrache a Lorenzetti en Rafaela

Previo a que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la situación de los magistrados que investigaban a Cristina Kirchner, el juez Ricardo Lorenzetti sufrió un escrache frente a su casa en la ciudad santafesina de Rafaela. Oficialismo y oposición repudiaron la actitud de los manifestantes y remarcaron la necesidad de que la Justicia actúe libre de presiones.

Este martes el Máximo Tribunal tratará la situación de los jueces desplazados por el kirchnerismo: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, y deberá dar a conocer su decisión respecto a los per saltum presentados por los magistrados. Este domingo, a 48 horas del inminente fallo, un grupo de vecinos en sus autos realizaron una caravana de protesta frente a la vivienda de Lorenzetti, con banderas argentinas y pancartas exigiendo que no avale los desplazamientos que se llevaron a cabo en el Senado.

Tanto el kirchnerismo como Juntos Por el Cambio unificaron criterios y condenaron el escrache al juez de la Corte Suprema. La ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo expresó a través de sus redes sociales su “solidaridad" y “profundo repudio", y reafirmó “el compromiso por una justicia independiente”. Por su parte, el viceministro de la misma cartera, Juan Martín Mena, consideró que no pueden “tolerarse” escraches como el que sufrió Lorenzetti y calificó de “inadmisibles” los “aprietes e intimidaciones” contra el Máximo Tribunal.
El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro responsabilizó a la oposición y declaró que “hay momentos donde todos debemos poner un límite: el resto a la convivencia democrática y sus instituciones”.

“La protesta en la vivienda particular de un ministro de la Corte Suprema, donde vive con su familia, motorizada por el macrismo, es un hecho de extrema gravedad”, remarcó el funcionario nacional quien reclamó “a todos los sectores democrácticos de nuestra sociedad" que “acompañen ese límite y se pronuncien ante este hecho que merece un unánime y contundente repudio”.

A última hora de este domingo el propio Mauricio Macri apareció con un mensaje de repudio en sus cuentas oficiales. El ex presidente manifestó que “la Corte debe fallar conforme a derecho, sin presiones de ninguna índole”. “No es bueno para la República afectar la tranquilidad de los jueces Rosenkrantz, Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti. Tenemos que respetar a la Justicia y dejarla actuar”, remarcó Macri.

Desde la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, presidente del partido centenario, cuestionó el modus operandi de expresar un reclamo frente a casas particulares de funcionarios. “Ya sean jueces u otras personas públicas, no son métodos democrácticos”, criticó el diputado radical. “Esto es así por Lorenzetti o cualquiera que lo sufra”, agregó.

En la misma sintonía, el ex ministro de Justicia durante el gobierno de Cambiemos, Germán Garavano, manifestó que la Corte Suprema “debe fallar con independencia, sin reclamos ni presiones a sus miembros”. También habló al respecto la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien tras solidarizarse con Lorenzetti y su familia “por el mal momento vivido en la puerta de su casa”, dijo que “los aprietes y la violencia nunca son el camino”.

De cara a este martes, Carlos Rosenkrantz, presidente del Máximo Tribunal, había convocado a “un acuerdo extraordinario” para analizar si se conceden los pedidos de per saltum que presentaron Bruglia, Bertuzzi y Castelli para que se resuelva la cuestión de fondo, respecto de si sus traslados durante la gestión de Macri se ajustaron o no el trámite de designación previsto en la Constitución Nacional.

Los tres jueces –Bruglia y Bertuzzi en conjunto– iniciaron amparos para que se declare inconstitucional la decisión del Consejo de la Magistratura de la Nación de revisar los traslados a sus cargos actuales: Bruglia y Bertuzzi a la Cámara Federal y Castelli al Tribunal Oral Federal 7. Objetaron la revisión de sus traslados, señalaron que se hicieron cumpliendo todos los reglamentos vigentes, que una acordada del máximo tribunal los avala, que tienen derechos adquiridos y que solo pueden ser quitados con una resolución judicial.

Tras la intervención del Consejo, el Senado no les dio acuerdo y el Poder Ejecutivo publicó un decreto para desplazarlos. Los tres magistrados son de los tribunales de Comodoro Py, por donde pasan las causas políticas y del poder económico.

En este contexto los jueces de la Corte deben resolver si aceptan tratar el caso a través del per saltum o lo rechazan y esperan a que el caso llegue por las vías tradicionales de la apelación luego de que intervengan todas las instancias del caso.

Fuente: Infobae