Alberto Fernández asumió que la desobediencia a la Corte enterró su candidatura en 2023

POLÍTICA Por Román LEJTMAN
LSJVNRTKLVFYNGXFJ7ST5YKA5Y

Alberto Fernández sólo tenía decidido cuestionar a la Corte Suprema por su fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires, pero la presión conjunta de los gobernadores oficialistas le dobló la voluntad política y avanzó con un discurso de barricada que dio jaque mate a su mirada del derecho constitucional. Cristina Fernández de Kirchner lideró la arremetida contra el Presidente y desnudó -otra vez- su fragilidad interna entre los principales socios del Frente de Todos.

La desobediencia institucional al fallo de la Corte exhibió la soledad del jefe de Estado. Ya no tiene a nadie -con poder propio- a su alrededor. Los gobernadores que intentaban sostener su eventual reelección, los sindicalistas que siempre procuraban atenuar la ofensiva de CFK y los movimientos sociales que podían jugar a su lado en el conurbano, decidieron buscar a otro referente para mantener sus espacios de poder en 2023.

 
“El Presidente de la Nación debe desconocer este fallo”, posteó en su cuenta de Twitter el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, horas después de conocerse la decisión de la Corte que concedía la razón jurídica a la Ciudad de Buenos Aires.

Fue la señal política que recibieron los otros mandatarios provinciales para plantarse contra la decisión legal del alto tribunal. Alberto Fernández no estaba de acuerdo con esa respuesta política al fallo firmado por unanimidad en el Cuarto Piso del Palacio de Tribunales.

El Presidente sabe y cree que las decisión judiciales hay que acatarlas cuando ya no media apelación posible.

Sin embargo, la ofensiva política sobre la Corte continuó a espaldas del jefe de Estado. Eduardo “Wado” de Pedro retuiteó el posteó de Capitanich, demostrando que ese movimiento en las redes sociales estaba concertado. Ese retuit del ministro del Interior reveló que la Vicepresidente comandaba las acciones desde la Patagonia.

Los tuits de Capitanich y De Pedro abrieron un frenético diálogo entre Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Vilma Ibarra, Julio Vitobello y Juan Manuel Olmos. El Presidente buscaba una respuesta política junto a los pocos funcionarios de confianza que aún le quedan en la Casa Rosada. Desde afuera, con escasa participación formal, Juan Manzur y Gabriela Cerruti miraban la batalla palaciega.

El jefe de Estado contó sus fuerzas propias y se rindió. Conoce el derecho constitucional y las normas penales y se apoyó en Ibarra, que sabe tanto con él, para presentar una argumentación doctrinaria. Y a esa argumentación se sumó un paper escrito por Capitanich, que fue clave para el comunicado que se uso para fijar la posición del Gobierno y los mandatarios peronistas.

El comunicado oficial es un ejemplo histórico de falacia política. El fallo de la Corte no afecta partidas de las provincias, no obliga a incumplir las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dispone -en un porcentaje menor a lo exigido- que el Poder Ejecutivo devuelva a la Ciudad lo que le pertenece.

Alberto Fernández y todos los abogados que pertenecen al Frente de Todos -incluida Cristina- saben que un pedido de revocatoria “in extremis” del fallo será rechazado por inconsistente. E igual camino seguirá la recusación a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que dictaron la sentencia por unanimidad.

La jugada diseñada por Cristina y empujada por De Pedro y Capitanich tiene efectos colaterales que exceden la propia desobediencia a la Corte Suprema. Uno de esos efectos, es la posición política e institucional de Sergio Massa: el ministro de Economía debe ejecutar la desobediencia ordenada por la Vicepresidenta y finalmente aceptada por el Presidente.

Y aún no se sabe que hará Massa. El ministro tiene relación con los magistrados del Cuarto Piso y comprende las consecuencias penales de la acción definida por CFK en beneficio directo de Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Massa tiene su proyecto de poder y no se prenderá fuego en tributo de CFK y Kicillof, que necesita los fondos de la Ciudad para hacer campaña en 2023.

El jaque político e institucional que sufre Massa tiene baja intensidad ante la compleja situación que enfrenta Alberto Fernández. El jefe de Estado meneaba su reelección para evitar el síndrome de Pato Cojo y permitirse una mínima esperanza personal ante una coyuntura que lo encuentra débil y casi en soledad.

Pero el fallo de la Corte demostró que no tiene herramientas políticas para apuntalar su esperanza personal. Los gobernadores cruzaron hartos de esperar su gesto de autoridad frente a los constantes embates palaciegos de CFK, y el resto de sus aliados se han replegado buscando un nuevo liderazgo que les permita subsistir en 2023.

Juntos por el Cambio no tiene número para avanzar con el juicio político contra Alberto Fernández, que será presentado en los próximos días. Sólo podría suceder si CFK suma los votos que controla en Diputados y la Cámara de Senadores.

Fuente: Infobae

Te puede interesar