El Gobierno ratificó que la guerra contra la Justicia será el foco del comienzo de la campaña electoral

La espera terminó este jueves por la tarde, después de 12 días de expectativa. La portavoz del Presidente, Gabriela Cerruti, anunció que el Gobierno enviará -nada menos- que 27 proyectos al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias y brindó los titulares del temario. Allí, Alberto Fernández certificó que el foco de su agenda política, en el comienzo del año electoral, apunta prácticamente de manera exclusiva a arremeter contra el criticado Poder Judicial, a tono con las exigencias de Cristina Kirchner en los primeros tres años de la gestión.

Si bien incorporó en el programa una serie de proyectos vinculados a la economía -el otro tema central para la administración nacional-, en el llamado a extraordinarias el Presidente decidió redoblar la embestida contra el Poder Judicial. No sólo incluyó, como estaba previsto, la solicitud de juicio político contra la Corte Suprema, que comenzará a tratarse en comisión de Diputados luego de la visita de Lula da Silva y la cumbre de la Celac; sino que reintrodujo el polémico proyecto, muy resistido en la oposición y en la propia Justicia, para ampliar su composición a 25 miembros.

Se trata del mismo texto que había tratado el oficialismo en el Senado en junio del año pasado, para el que obtuvo la media sanción, pero que quedó frenado en Diputados por la negativa de Juntos por el Cambio, en septiembre. En ese momento, el oficialismo decidió parar la ofensiva y evitó forzar su tratamiento para asegurarse la aprobación del Presupuesto 2023.

Además, la lista del Ejecutivo abarcó el otro gran proyecto controvertido del ámbito judicial, que busca llevar el Consejo de la Magistratura de 13 a 17 miembros. Esa iniciativa, que entre otros, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, rechaza a destajo, también fue tratada en la Cámara alta, en abril, pero duerme en Diputados.

Además, la mayor parte de los pliegos presentados para la aprobación del Senado son de jueces que tienen el aval del Ejecutivo. Y el Presidente volvió a introducir el tema del resistido nombramiento de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación. Por último, incluyó una ampliación del Presupuesto que, según admitieron fuentes oficiales off the record, servirá para planificar el origen de las partidas de las que provendrían los pagos -en principio en bonos- a la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación en caso de que se vea obligado a desembolsar.

En el Gobierno niegan que la profundización del ataque contra la Justicia esté organizado para satisfacer las demandas de Cristina Kirchner. Y el propio Alberto Fernández dijo, en una entrevista, que no había discutido el pedido de juicio político a la Corte con la vicepresidenta. En las filas opuestas insisten en que ninguna de las iniciativas en ese sentido servirán para recomponer la relación con la Casa Rosada. “Está todo roto”, repiten distintos interlocutores de La Cámpora y el Instituto Patria.

Cerca del Presidente también ven poco probable una revinculación con CFK, y admiten que hay resquemores también de parte de Alberto Fernández, aunque evite reconocerlo en público. Sin embargo, apuesta a mantener el vínculo con los jefes locales que responden al liderazgo K, desde intendentes, a gobernadores. La jugada contra el Poder Judicial, dijo un armador del Gobierno, es “por convicción” de Alberto Fernández. Pero también sirve a los fines del operativo de seducción frente a los jugadores con poder real dentro espacio, basados en cuestionar el desempeño del Poder Judicial.

En los últimos días del año pasado, el Presidente viajó especialmente a Santiago del Estero para reunirse con el gobernador Gerardo Zamora, afín al kirchnerismo y uno de los principales espadachines del PJ del interior en la batalla contra la Corte Suprema. Y la semana pasada recibió a Axel Kicillof, de la órbita K, y varios intendentes bonaerenses identificados con el ala dura del Frente de Todos en Chapadmalal, para una charla política. Y ayer visitó la localidad bonaerense de Ensenada, donde manda Mario Secco, el histórico caudillo que le organizó uno de los actos más relevantes de 2022 a Cristina Kirchner y que insiste en pedirle a la vice que compita por la Presidencia este año, a pesar de su negativa. Secco también había estado en la residencia vacacional hace algunos días. “Alberto cree en el diálogo y habla con todos”, sostienen en la Casa Rosada.

Sin embargo, como parte de su estrategia de campaña, el primer mandatario empezó a evitar las alusiones al tema. En la Casa Rosada saben bien que está alejadísimo de las preocupaciones de los ciudadanos, y el Presidente lo erradicó en sus discursos de esta semana. En un doble juego, le habla al electorado de producción y desarrollo de la economía, mientras busca, a través de la agenda judicial, que el resto del PJ apoye su candidatura a la reelección.

En el Gobierno aceptaron, muy recientemente, luego de una autoevaluación, que es necesario cambiar el estilo de difusión, y lanzaron un “nuevo esquema”, según dijo ayer un funcionario al tanto del más reciente replanteo de la estrategia comunicacional. “Vamos a estar menos a la defensiva y más enfocados en destacar todo lo bueno que tenemos”, explicó.

El primer atisbo del plan, señalaron, fue el spot que lanzó ayer por la tarde Alberto Fernández en sus redes sociales, con semblante de candidato, entre fórmulas como “yo creo” y “yo confío” e imágenes junto a la primera dama, Fabiola Yáñez, y su bebé, Francisco, donde no hubo una sola referencia a la Justicia. A pesar de que esa pelea ocupa un lugar central en las acciones concretas de la agenda del primer mandatario.

* Para www.infobae.com