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Dos mujeres, camino a convertirse en las jefas de los fiscales y los defensores de Santa Fe

POLÍTICA 10/04/2023 Agencia de Noticias del Interior Agencia de Noticias del Interior

La cuenta regresiva está en marcha para que el próximo jueves 13 de abril, a las 13, los 50 diputados y los 19 senadores de esta provincia se reúnan en Asamblea Legislativa para votar por las nuevas autoridades de dos dependencias clave en materia de Justicia penal: el Ministerio Público de la Acusación -que reúne a los fiscales- y el Servicio Público de la Defensa.

Esta vez, el proceso plantea una situación inédita: dos mujeres son las postuladas por el Poder Ejecutivo para conducir ambos organismos. Por un lado, María Cecilia Vranicich, la actual auditora general del MPA que aparece como futura fiscal general de la Provincia. Por otro, Estrella Moreno Robinson, actual defensora regional en Rafaela.

 En abril de 2022, el "Colectivo de Mujeres" que integra el Ministerio Público de la Acusación ya había emitido un comunicado en el que reclamaba que se respete la paridad de género en los cargos de decisión del organismo. Ya en 2023, diputadas provinciales de distintos partidos pidieron equidad de género en las ternas para renovar autoridades judiciales.

De todos modos, la Fiscalía General y la Defensoría General de la Provincia no son los únicos cargos que deben ser renovados. En total, 12 nombres que estarán bajo el análisis de la Asamblea Legislativa el jueves próximo, ya que en menos de dos semanas –el próximo 20 de abril– vence la mayoría de los mandatos de conducción de estas dependencias.

 Por este motivo, el Ejecutivo postuló a Jorge Nessier como fiscal regional de Santa Fe; María Eugenia Iribarren, Rosario; Matías Merlo, Venado Tuerto; Rubén Martínez, Reconquista; y Orlando Toniolo, Rafaela. Para cubrir el cargo de auditor del MPA se propuso a Leandro Mai.

 Para defensor regional de Santa Fe, el postulado es Jorge Miró; para Rosario, Gonzalo Armas; para Rafaela, Carlos Flores Zanella; y para Reconquista, Valeria Lapissone.

 Los tiempos corren. Si este jueves los postulados por el Poder Ejecutivo para ocupar cada uno de estos cargos no obtienen los votos de la Asamblea Legislativa, solo quedará una nueva oportunidad para alcanzar los consensos.

 Será el jueves de la semana siguiente, el 20 de abril. Sin embargo, si en esa ocasión no se lograra el quórum para sesionar, los postulados por el gobernador Omar Perotti se convertirán automáticamente -en forma ficta- en nuevos funcionarios para la conducción del MPA y también del Servicio Público de la Defensa desde el primer minuto del 21 de abril. El único mandato que no vence en medianoche del 20 de abril es el del fiscal regional de Reconquista.

Caso Ferraro: una situación inédita en el MPA
Tal como lo adelantara AIRE, en el caso de que en los próximos días la Legislatura de la Provincia no tome una decisión sobre el futuro de la fiscal santafesina Cristina Ferraro, la nueva conducción del Ministerio Público de la Acusación se encontrará con una realidad muy particular desde el momento de asumir el 21 de abril: una de las integrantes del organismos estará en condiciones de prestar servicios, a pesar de estar procesada por distintos delitos en la Justicia federal.

 La Legislatura suspendió el 24 de noviembre del año pasado durante cinco meses a Ferraro por su sospechoso proceder durante las investigaciones del caso Oldani, el empresario asesinado en pleno centro de Santa Fe el 11 de febrero de 2020.

Esa suspensión termina el 24 de abril próximo, tres días después de la asunción de las nuevas autoridades del MPA.

 Si el proceso de selección de autoridades transita por los caminos esperados, se espera que Jorge Nessier sea en ese momento el fiscal regional de Santa Fe, y María Cecilia Vranicich se desempeñe como fiscal general de la Provincia.

 Vranicich conoce bien el caso Ferraro. De hecho, como auditora general del MPA debió investigarlo y, en abril de 2021, sugirió que esta fiscal fuera suspendida durante apenas dos meses, un plazo que hoy parece exiguo si se tiene en cuenta que, poco después la Legislatura la suspendió durante cinco meses y la Justicia federal terminó confirmando el procesamiento contra la fiscal por los delitos de encubrimiento por favorecimiento real, agravado por la condición de funcionaria pública, y abuso de autoridad.

 Según las investigaciones de la Justicia federal, Ferraro facilitó la desaparición de elementos probatorios de la escena del crimen de Oldani.

 Entre ellos, 3.050.000 pesos y 1.100.000 dólares que se encontraban en esta agencia de turismo, donde se sospecha que funcionaba una cueva financiera. Aquella misma noche y a pocos metros de Ferraro, la familia Oldani se llevaba de la escena del crimen estas evidencias, mientras un grupo de policías apagaba las cámaras de seguridad que apuntaban hacia las oficinas -las volvieron a conectar durante la mañana siguiente-.

 La Cámara Federal también rechazó el último recurso que Ferraro tenía a su alcance para evitar el juicio en su contra, al considerar que no están dadas las condiciones para que el caso sea revisado por un tribunal nacional de Casación.

 Si la Legislatura no adopta una postura sobre Ferraro antes del 24 de abril -lo que parece poco probable en el actual escenario-, el tema impactará directamente en las nuevas autoridades del MPA.

FUENTE: AIREDESANTAFE.COM.AR

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