Un país inspirado en Australia

La intención tiene el verdadero sabor de una revolución. El corpus jurídico de Javier Milei, contenido en un extenso decreto de necesidad y urgencia y en un gigante proyecto de ley, significa lisa y llanamente el diseño de otro país.

¿Podrá esa voluntad atravesar los intereses de las poderosas corporaciones amantes del statu quo y los obstáculos que inexorablemente pondrá el resto de la dirigencia política? Por ahora, los más preocupados por la suerte de esa revolución in pectore son los que, aunque no militan en las filas de Milei, confían en la bondad de esos cambios o creen sinceramente en su necesidad. Intuyen que ciertos errores jurídicos en aquel decreto y en esa ley, sumados a la inexperiencia parlamentaria del equipo gobernante, podría arruinar los anhelos políticos del Presidente. 

Aunque se trate de una revolución en los hechos, no puede olvidarse que se hará (o se haría) dentro de un sistema republicano y democrático, que debe respetar una Constitución, sus leyes y sus reglamentos. La campaña electoral terminó, por ejemplo, y sería oportuno que el jefe del Estado deje a un lado, por un rato al menos, el permanente reproche público a “la casta”. La casta y sus privilegios existen –qué duda cabe–, pero de ella depende ahora la aprobación del decreto de necesidad y urgencia y de la ley de reforma del Estado.

Milei debería escuchar a los legisladores de Juntos por el Cambio que apoyan esas decisiones, pero que observan, preocupados, los despistes jurídicos y la desorientación política que podrían provocar un naufragio. Milei imagina ya un escenario de fracaso y anticipó, por eso, la convocatoria a un plebiscito. Otra vez hay que leer la Constitución, que prevé consultas populares (así las llama, según la reforma de 1994) vinculantes y no vinculantes. Las vinculantes, que son las que deben respetarse en las posteriores decisiones del Estado, solo pueden ser convocadas por las dos cámaras del Congreso. El Presidente, en cambio, solo puede convocar a consultas no vinculantes; es decir, su resultado puede ser acatado –o no– por el Estado. Antes, Milei debería aclararles a amigos y conocidos qué es importante y qué es accesorio en ese monumental paquete de disposiciones.

Es probable, y también inteligente, que Milei y su equipo hayan decidido aprovechar los primeros días del gobierno convencidos de que el después no existe en la vida pública. Ya Felipe González, entonces jefe del gobierno español, le dijo a Raúl Alfonsín una frase premonitoria cuando vino para asistir a la asunción del primer presidente de la nueva democracia. “Haz ya mismo lo que tengas que hacer o no lo harás nunca”. El recuerdo de ese consejo no acatado corresponde a Alfonsín. La obligación de hacer las cosas cuanto antes es más apremiante aun cuando están pronosticando una revolución. Conviene repasar la experiencia de Australia de los años 80, porque los mileístas dicen que ellos se inspiraron en la revolución liberal australiana. El Partido Laborista australiano aplicó medidas muy parecidas a las de Milei sobre liberación y desregulación de la economía. Menos de cuarenta años después, Australia tiene un reducido desempleo, una inflación controlada, una deuda pública muy baja (otra cosa es la deuda privada, que es alta), un fuerte sistema financiero y ocupa el sexto lugar entre los países más importantes en términos de PBI per cápita. Ese es el otro país, tan distinto de la Argentina conocida, que garabatea Milei con sus primeras disposiciones.

Su problema es la orfandad parlamentaria. Un debate irresuelto se abrió en la cresta política: ¿es más importante el resultado del balotaje, que le dio casi el 56% de los votos a Milei, o el resultado de la primera vuelta, cuando el candidato libertario sacó el 30% de los votos? El Congreso se integró, vale recordarlo, con el 30% de la primera vuelta, no con el 56% del balotaje. De todos modos, las encuestas coinciden en que hoy Milei tiene más apoyo social que aquel 56%. En beneficio suyo, los líderes de la CGT decidieron enfrentarlo con una inédita huelga en pleno enero.

El sindicalismo es muy impopular. Es perfectamente previsible quién ganará en una puja entre Milei y el clan Moyano por la simpatía social. Milei los arrasará a los Moyano, aunque estos y sus colegas en la CGT llamaron a una huelga solo de mediodía durante un miércoles. ¿Por qué la huelga será tan rocambolesca? Porque de esa manera los famosos colectivos de transportes escolares irán a las puertas de las fábricas para recoger a los trabajadores y llevarlos, les guste o no, a la movilización.

Ese patético espectáculo podrá observarse en las fábricas que están en la vera de la autopista Panamericana. Los resultados de las medidas de Milei son solo inferencias por ahora, pero los desastres económicos y sociales de Alberto Fernández y Sergio Massa fueron palpables desde mucho antes de las elecciones. Los sindicalistas dormían entonces una larga siesta en el último cuatrienio kirchnerista. ¿Novedad? No. Alfonsín tuvo 13 paros generales en menos de seis años de gobierno; Mauricio Macri tuvo 5 huelgas en cuatro años, y Fernando de la Rúa tuvo 8 paros en dos años. A los presidentes peronistas les fue mucho mejor. La protesta gremial en la Argentina tiene un claro sesgo ideológico y ese favoritismo despoja de legitimidad a la queja y a sus líderes. A estos les preocupa sobre todo que Milei aspire a meter mano en las leyes laborales, que han hecho eternos y extremadamente poderosos a los dueños de los sindicatos.

Ahora bien, existen inexplicables contradicciones en las decisiones de Milei. La más destacada de ellas es que el primer DNU de desregulación de la economía tiene un artículo propio en el proyecto de ley que Milei envió luego al Congreso. La ley ratifica en un artículo final y casi agónico la aprobación del DNU de desregulación de la economía. Resulta, sin embargo, que el DNU es una herramienta constitucional que tiene su ley reglamentaria y cuenta, por lo tanto, con su propio camino parlamentario.

Debe ser aprobado por una comisión bicameral de 16 legisladores (ocho senadores y ocho diputados nacionales). ¿Qué sucedería si la comisión bicameral aprobara el DNU de Milei y luego lo rechazara la ley? ¿En qué berenjenal institucional meterían a la república? De hecho, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez le pidió a la Justicia que el DNU no entre en vigencia hasta que el Congreso decida sobre esa ley de 664 artículos. En el proyecto de ley, que debe ser aprobado explícitamente por las dos cámaras, se mezclan artículos con disposiciones que se pueden aprobar por mayoría simple (la mitad más uno de los presentes) y otros con mayoría especial, generalmente conformada por la mitad más uno de todos los integrantes de cada cuerpo sin importar cuántos legisladores estén presentes.

Por caso, las leyes electorales (la eliminación de las PASO o el sistema uninominal) y la emergencia económica necesitan de mayorías especiales. ¿Cómo se votará artículo por artículo si las mayorías requeridas son distintas? ¿Cómo se votará en general esa ley si contiene artículos que necesitan de diferentes mayorías para su aprobación? ¿No hubiera sido mejor que el Ejecutivo enviara dos o más leyes para que cada una fuera aprobada con la mayoría que le corresponde? “El enorme proyecto de ley corre el riesgo de andar dando vueltas durante un año por las comisiones o de no ser tratado nunca”, dijo un diputado de Juntos por el Cambio que apoya casi todas las disposiciones de ese proyecto. “Tal vez a Milei solo le importa eliminar la movilidad jubilatoria, que significa mucho dinero”, dijo otro legislador que simpatiza con Milei. Quizás; solo eso.

Otro de los cambios más significativos es el referido al orden en el espacio público, porque se pasa de un virtual estado de anarquía a un exceso de reglamentaciones y controles para protestar. “Restablecer una noción del orden público requiere primero de mucho control. La Argentina perdió esa noción desde la crisis de 2001/2002. Pasaron más de 20 años de descontrol”, señaló una alta fuente del oficialismo. A su vez, el cambio de sistema de votación proporcional al sistema de circunscripciones uninominales tendrá seguramente ciertas objeciones jurídicas.

Resalta, con todo, que sea Milei quien le da más poder electoral a la provincia de Buenos Aires, que es lo que sucederá, porque el distrito bonaerense ya había aumentado su dominio electoral con la reforma constitucional de 1994, que eliminó el Colegio Electoral. Había antes una representación más armónica de las provincias. Esa decisión hubiera sido lógica en Cristina Kirchner, no en Milei. El DNU y el proyecto de ley contienen decisiones de enorme envergadura económica y, al mismo tiempo, cuestiones que podrán dejarse para momentos más serenos. La toga para los jueces, que se usa en muchos países, es un símbolo de seriedad y solemnidad que muchos jueces argentinos quieren replicar aquí.

Pero no es una prioridad en un país arrasado por la crisis, por el virtual exilio y por la vasta pobreza.

* Para La Nación