Del endeudamiento a la reconversión: estrategias provinciales para sostener la tarifa de transporte

No son pocas las provincias que junto a los municipios repiensan la estrategia para financiar el bache financiero que dejó la eliminación del Fondo Compensador de Transporte. Casi como acto reflejo, la tarifa promedio medida en las principales ciudades del país subió 40%. Sin embargo, el desafío es la sostenibilidad del sistema. En La Rioja o San Martín de los Andes, por ejemplo, adoptaron administrar el servicio o tomar deuda para garantizar el funcionamiento.

Matías Fernández Consoli, es el secretario de Economía y Hacienda del municipio de San Martín de los Andes, a cargo de Carlos Saloniti. En diálogo con Ámbito, cuenta que el 14 de marzo se abrirán los sobres de licitación del servicio de estacionamiento medido y radares, con recaudación destinada al transporte. Además, se creó una tasa vial del 4,5% que próximamente estará implementada.

Mientras tanto, Neuquén analiza un esquema de desembolsos para que el Municipio devuelva “en cómodas cuotas”. Todo para evitar que el boleto alcance los $2000. Actualmente, se encuentra en $617.

La Rioja directamente debió reconvertir La Rioja Bus, la empresa de transporte estatal. Alcira Brizuela, vicepresidenta de COFETRA, detalla cómo fue el proceso. Como está bajo la Ley de Sociedades, “pasó a ser una administración provincial de transporte público, social e inclusivo de pasajeros”. Bajo esa categoría, migraron todos los trabajadores a tal administración con un contrato bajo el Estado provincial acorde a las horas trabajadas y con el mismo reglamento bajo convenio de UTA.

“No teníamos otra vía de salvar la empresa, ya que sin subsidios no podemos pagar $1 millón por paritarias, el reclamo actual, solo por este bimestre. Habrá muchos conflictos”, confiesa en diálogo con Ámbito.

La tarifa de transporte promedio subió más de 40% entre febrero y marzo

De las principales ciudades del país, con datos relevados al 6 de marzo por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA CONICET), Ushuaia cuenta con la tarifa más elevada de transporte urbano, fijada en $800, seguida por la ciudad de Santa Rosa con $715, Córdoba en $700, Bahía Blanca con $690 y Corrientes bajo el mismo valor.

Por su parte, las localidades con los boletos más bajos son Mendoza con $200, Río Gallegos en $197, y La Rioja en $150. Tomando un promedio ponderado de las tarifas de transporte del interior, la media entre febrero y marzo pasó de ubicarse de $361,30 a $513,64, una diferencia del 42%. Varias localidades continúan en proceso de revisión tarifaria.

Durante 2023, las compensaciones provinciales debían ser, por lo menos, iguales a las aportadas por el Estado Nacional, sin considerar los aportes realizados por los Municipios, a los fines de percibir los montos del Fondo de Compensación.

Según IIEP, el monto comprometido por el ex Ministerio de Transporte totalizaron los $102.000 millones, aunque las liquidaciones efectuadas en 2023 fueron de $82.971 millones.

El instituto explica que parte de la brecha se dio por la deuda acumulada por motivos administrativos, el diferimiento de pagos que se realizan a mes vencido o retención el diferimiento del pago que se realiza a mes vencido y a la retención de conceptos sujeto a la corroboración de obligaciones acordadas entre Nación y Provincias.

La tarifa social a través de la SUBE sólo representa el 15% de los subsidios

Como explica Rafael Skiadaressis, especialista en economía del transporte, los gobiernos locales en su mayoría decidieron aplicar un aumento a las tarifas de colectivo para sostener la estructura de costos, tras haberle quitado la pata de la asistencia nacional.

Sin embargo, el dato de relevancia es que el boleto ha subido “más en proporción a la quita de subsidios”, por lo cual, según Skiadaressis, los gobiernos “ya están planificando una situación que viene compleja”. Es que la quita de subsidios que corresponde al ejercicio 2024 se suma al reclamo por recursos adeudados de 2023.

El Gobierno nacional argumenta la necesidad de redireccionar los subsidios a la demanda, canalizados a través de la tarjeta SUBE. Para el especialista, el espíritu de la medida es el correcto porque así la tarifa reflejaría el costo real del servicio, mejoraría el flujo de fondos de la empresa y las decisiones de inversión acompañarían el comportamiento de la demanda.

Ahora bien, la clave está en que sólo serán beneficiados aquellos que perciban la tarifa social mediante la SUBE. Skiadaressis remarca que hay localidades que están adheridas a SUBE y no gozan de este descuento o bien que tienen su propio sistema, como Córdoba, pero con sus propios beneficios.

“Supongamos que todos se adhirieran al sistema SUBE. Hay que destacar que el porcentaje de subsidios destinados a la tarifa social es menor a lo que era el Fondo Compensador. En 2023, el 15% de los subsidios fue a través de la tarifa social pagada y el 85% restante por el Fondo. También hay que recordar que ese beneficio va a ciertos grupos vulnerables, no va a toda la población en general”, explica.

De tal forma, siguen en discusión de qué manera financiar el servicio, si “va a ser siempre vía ajuste de tarifas o se crearán partidas específicas o impuestos específicos, como hizo CABA cuando se transfirió el subte en 2012”, concluye Skiadaressis.

Con información de www.ambito.com