"Encontramos un desorden generalizado en Desarrollo Social", dijo Sergio Basile

A cien días de gestión, el Ministerio de Desarrollo Social continúa la auditoría sobre comedores comunitarios y merenderos de la provincia. Al margen de las irregularidades detectadas que ya derivaron en el cierre de 80 instituciones, Sergio Basile, secretario de Desarrollo Territorial de la cartera, habló de una "falta de planificación" en materia alimentaria y de un "desorden generalizado" hallado en el Ministerio. En diálogo con El Litoral, confirmó el aumento de la demanda social, y adelantó que habrá más refuerzos de partidas.

- ¿Cómo avanza la auditoría que están realizando sobre comedores comunitarios de la provincia?
- La auditoría continúa; desde un primer momento queríamos generar un orden en el Ministerio para que todo recurso que se tuviese, llegase a manos de los que más necesitan. Ésa era nuestra primera premisa. Mientras tanto, continuamos con la asistencia. Hemos auditado algo más del 25% de las instituciones; repetimos las visitas en algunos lugares y a otros, se nos dificulta acceder. Pero contamos con un fuerte acompañamiento del personal de planta que también nos decía que era necesario hacer esta revisión; estaba naturalizado que no se hicieran controles.
Respecto de los resultados, de ese 25% que tenemos relevado, la mitad la encontramos de forma irregular. Hay cuestiones graves como las que contamos; un merendero que funcionaba en una supuesta dirección pero cuando fuimos a constatar, había una plaza; y otro que tiene que ver con una suplantación de identidad, del supuesto beneficiario de esa tarjeta. Eso ya está judicializado. En todos esos casos en los que detectamos irregularidades, fueron suspendidos los beneficios. Y aquellos que debían rendiciones por más de cuatro meses, los convocamos para ver cómo resolvemos la situación de cada uno. Si esas rendiciones se ponen al día, continuamos con el plan porque la idea nuestra no es cortar por cortar, sino advertir sobre la situación y resolverla.

De todas maneras, ya veníamos trabajando y estábamos en diálogo antes de asumir con todas las instituciones. Ya en noviembre, empezamos a trabajar en nuestra línea estratégica de cómo era el desarrollo que queríamos dar en términos territoriales y de planificación alimentaria. Todo lo que vamos haciendo lo vamos dejando asentado; eso hace al orden, la transparencia y el marco institucional que le queremos dar al Ministerio. Todos los que quieran hacer las cosas bien, van a estar institucionalizados.
- ¿Cuántos comedores fueron dados de baja por eso?
- De ese universo auditado (representa, hasta ahora, el 25% del total de comedores de la provincia), debimos suspender casi a la mitad. Algunos se acercaron para regularizar la situación; otros ni aparecieron y a esos se les dio de baja. Nosotros no queremos ahorrar dinero. Lo que queremos es que se traslade realmente a la gente que lo necesita y a las instituciones que hacen bien las cosas. Nosotros en la provincia tenemos alrededor de 800 instituciones.

- ¿Y de esas 800, el 10% está suspendido a raíz de los resultados de la auditoría?
- Sí, es el 10%; unas ochenta más o menos. En el sur de la provincia es donde encontramos más irregularidades.
- ¿Cuáles son las irregularidades más frecuentes, además de los dos casos graves que mencionó?
- Falta de rendición, desconocimiento de la titularidad, no han venido a recuperar los documentos de actualización, o no están anotadas en el registro de ONG… Hay todo un marco también que estamos transparentando…
- ¿En función de las irregularidades detectadas, tienen una hipótesis respecto de algún trasfondo político, o se trata meramente de un desorden y anarquía generalizada?
- Lo que encontramos fue una falta de planificación estratégica alimentaria; lo que encontramos fue un desorden. Por eso pensamos en hacer un punto de inflexión.
- Desorden que en algún caso rozó el delito, como la suplantación de identidad…
- Sí, eso se va a investigar. Somos funcionarios públicos y tenemos la obligación, si vemos una irregularidad, de dejarla asentada. Hubo una retracción en los últimos años del estado que hizo que hubiese quizá un acompañamiento económico, pero no una presencia del Estado para poder abrazar a esa institución y ver cómo se desarrolla la tarea. Se transfería la partida y hasta allí llegaba la cosa. Nosotros queremos otra línea de trabajo, que es el acompañamiento profesional; de hecho, hicimos ya convenios uno con IGPJ para la certificación de firmas gratuitas para las instituciones; y otro con la ASSAL sobre manipulación de alimentos para quienes trabajan en las Copas de Leche.
- ¿El desorden lo encontraron en la parte alimentaria o en toda la cartera?
- Sí, había un desorden generalizado en el ministerio. Entiendo que era una forma de trabajo con la que, obviamente, no coincidíamos. En eso, nuestra idea fue siempre definir un plan estratégico que no solamente lo baja el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, sino desde la provincia. Sabemos cómo transitar estos meses, cómo llegar a fin de año, y cuáles son nuestros objetivos.
- ¿Ha aumentado la demanda de alimentos?
- Sí, eso es concreto y palpable. Uno no esconde la realidad; además, lo vemos porque recorremos el territorio. No nos escapa la realidad que es cruda y dura, donde se cae el empleo y crece la inflación. Hay un golpe al bolsillo que siempre aumenta la demanda social.
- ¿Y quien solicita ayuda ya es un trabajador registrado o personas de clase media?
- Se empieza a ver, pero hay distintas herramientas también del Estado para cubrir a los distintos sectores. Nuestro Ministerio trabaja sobre el sector más vulnerable y de excluidos. Queremos integrarlos; por eso es importante el diagnóstico. Ojalá pudiésemos prescindir de los merenderos y comedores, pero estamos lejos de ello. Por eso queremos hacer un acompañamiento de esas instituciones para que la distribución de los recursos también sea equitativa y eficaz. La demanda es muy fuerte, es urgente y eso hace a la cotidiana; es el cuerpo a cuerpo. Intentamos no cerrar la puerta a nadie; de hecho, no lo vamos a hacer jamás. Vamos a ir a los lugares que se necesiten.
- Han incrementado un 80% las partidas pero las instituciones insisten en que no es suficiente. ¿Habrá nuevos refuerzos?
- Desde que asumimos, tenemos una inflación del 60/70 por ciento. Sólo estamos haciendo un promedio de 80% de incremento de la asistencia. Por lo tanto, estamos por encima con nuestros propios recursos porque no tenemos ingresos nacionales. Eso hace que deba ser mayor el esfuerzo y también nos cargan más la mochila de demandas. Ésa es la realidad que tenemos, y apuntamos hacia adelante. Ese 80% lo vamos a seguir ajustando. Sabemos que nunca va a alcanzar porque el contexto es muy difícil. Intentamos complementar y todos empujar hacia adelante. Para nosotros fue importante el aumento, y lo vamos a ajustar también con mucho diálogo para poder corregir y transparentar los fondos.
- ¿Tienen previsto instrumentar programas nuevos?
- Hay algunas líneas que estamos trabajando. Lo que ya estaba, lo estamos corrigiendo y continuando. Éste es un ministerio con muchas áreas (deportes, juventud, discapacidad…). Todo eso hace a diferentes programas que se terminan complementando. Pero el foco principal está en la asistencia alimentaria. Nos gustaría tener planificación a más largo plazo, pero la urgencia por la demanda no lo permite. Tratamos en esto de no ser fundacionales, sino de mejorar todo lo que existe y transparentarlo. Después de la auditoría, vamos a avanzar hacia la identificación de las instituciones (comedores, merenderos) para que también el ciudadano conozca quién está en el barrio, de qué manera reciben los fondos, cuántas son las raciones que se sirven en el lugar, y en qué horarios.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.