Extorsiones, arrepentidos, facturas truchas y financiación partidaria: las claves de la investigación contra el Polo Obrero

“Se ha podido acreditar la existencia de un grave hecho de corrupción: una maniobra defraudatoria en perjuicio de la administración pública a partir de un acuerdo de voluntades entre funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y, cuanto menos, las autoridades de la organización Polo Obrero quienes, encontrándose a cargo de la administración y el cuidado de los fondos públicos que el Estado Nacional destinaba a las políticas sociales en favor de los más vulnerables, deliberadamente violaron sus deberes en pos de lograr un beneficio económico indebido y el consecuente perjuicio al erario público, que, cuanto menos, ascendió a la suma de $36.144.418″. La frase forma parte del extenso dictamen que el fiscal Gerardo Pollicita entregó al juez Sebastián Casanello reclamando más indagatorias en la causa conocida como “Polo Obrero”: ya no solo para los piqueteros sino también para los ex responsables del Estado. El juez entendió que faltan elementos aún y ordenó una serie de medidas de prueba, como investigar el libro de visitas y los mails de los ex funcionarios.

A la hora en que se incorporaba a la causa el dictamen de Pollicita, el juez Casanello firmaba el procesamiento del titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por administración fraudulenta, lo embargaba por $390 millones y le prohibía la salida del país y el acercamiento a los comedores investigados. Junto a Belliboni también quedaron procesados otros dirigentes por fraude y un grupo de delegados directos por las amenazas que sufrían los beneficiarios.

Un detalle que reveló la resolución de Casanello: en la causa declararon cinco víctimas como testigos de identidad reservada. Y también hubo acuerdos de “imputados-colaboradores”, es decir, arrepentidos. “Las tres personas imputadas que realizaron acuerdos de colaboración con la fiscalía integraban la agrupación y colaboraban en distintos comedores comunitarios, en los que llegaron a alcanzar la posición de ‘delegado’ -sostuvo el juez-. Dicho rol les permitía no solo tener un trato diario y directo con los beneficiarios del programa social que se acercaban al lugar, sino también con los propios ‘referentes’ a cargo de su gestión. Era tal la confianza en su labor, que en algún caso se les asignaba la tarea de recaudar y trasladar dinero para el grupo, o mismo confeccionar planillas que, eventualmente, podían ser presentadas ante la autoridad gubernamental. Aun así, su mayor compromiso con el funcionamiento de la organización no los eximía de cumplir con las mismas obligaciones que el resto de sus compañeros (entre las que se encontraban asistir a las movilizaciones y pagar la cápita mensual), ya que, al igual que ellos, también percibían el subsidio originado en el Potenciar Trabajo”.

Los investigadores sostuvieron que su aporte, desde adentro, permitió reconstruir que los delegados eran un “punto de enlace entre las dos partes que debían intervenir para que el programa funcionara”. El primer arrepentido declaró que a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo “nunca se les exigió” que cumplieran “con un horario laboral”. El argumento que se esgrimía era que “nadie trabajaba por treinta y ocho mil pesos y que era como una ayuda”, por lo que simplemente se les pedía que fueran a firmar las planillas. No obstante, se les explicaba que el comedor era un lugar “de lucha del Polo Obrero”. Había que movilizarse “y quien más lo hacía era el que obtenía ‘el plan’. El que no iba, lo perdía”. Según el declarante, nadie entendía que las movilizaciones eran voluntarias. El mismo admitió: “Entré por una baja por no pagar cápitas o no haber ido a movilizaciones”.

Los otros dos arrepentidos confirmaron el escenario: “si no asistías, ibas bajando de plan hasta el potenciar; y si seguías sin asistir, te sacaban el plan directamente”, mecanismo al que llamaban “alta por baja”, dijo uno. Y el restante afirmó que era encargada de confeccionar las “planillas de potenciar” para que los beneficiarios fueran a firmar, por si alguien del gobierno llegaba “a investigar si la gente que cobraba estaba trabajando realmente”. Aclaró que quienes cobraban “lo que es potenciar, esencial, nunca hicieron ninguna contraprestación”. Sin embargo, plasmaba en las planillas que los beneficiarios “trabajaban tres horas diarias, de lunes a viernes, para llegar a quince horas semanales”.

La causa se inició precisamente para establecer si desde agrupaciones piqueteras se extorsionó a beneficiarios de planes sociales. Hubo llamados a un número del Ministerio de Seguridad. Las personas que aceptaron declarar apuntaron al Polo Obrero. Las pruebas recolectadas por el Ministerio Público Fiscal señalaron un sistema de control y de sanciones sobre las víctimas, que incluyó la toma de asistencia a las “movilizaciones” —al comienzo y al final—, la confección de “listas de castigados” —que debían “reparar” su sanción mediante el cumplimiento de nuevas tareas—, la imposición de multas por faltar a una “marcha” —de hasta $10.000 por cada ausencia—, la exigencia de “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes” de los respectivos impedimentos —turnos médicos, trámites, etc.—, y la prohibición de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos —por plazos determinados.

Los chats que impulsaron la causa comprometieron a los implicados para llamarlos a indagatoria. Pero en la causa declararon dos personas que pidieron hacerlo como testigos de identidad reservada: confirmaron la obligatoriedad de asistir a las movilizaciones y la inexistencia de la contraprestación exigida por la norma. Ellos no solo figuraban como titulares del Plan Potenciar Trabajo en la nómina acompañada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación: sus nombres también surgían de planillas de beneficiarios secuestradas en los comedores comunitarios allanados.

“Siempre te estaban diciendo que, si no venís, vas a perder el plan”, dijo un testigo bajo reserva de identidad. Un delegado del Partido Obrero a quien conocía de su barrio lo inscribió en el programa, pero en vez de hablarle de lo que tenía que hacer, le habló de política y que “tenía que ir a marchar”. Por eso “iban todos siempre a marchar”. Dijo: “todavía no cobrábamos. Marchábamos hasta que saliéramos con el alta. Hay altas y bajas. Hasta que saliéramos beneficiados”. Una vez que empezó a recibir el subsidio, no se le pidió que cumpliera con ninguna otra actividad o contraprestación: “no tenía que hacer nada… no participábamos en nada. Solamente en las marchas; no nos daban nada para hacer”.

Otro de los testigos fue aún más contundente: “Faltás tres marchas y te sacan, me dijeron”.

El análisis de los teléfonos secuestrados vino a ratificar este escenario. Hubo un diálogo revelador que quedó registrado en la noche del 23 de agosto de 2023 en el que hablaban una usuaria que ocuparía la posición de “esencial” (registrada como María Pais Rivadavia) y uno de los delegados.

—”Estoy en desacuerdo con el tema de las movilizaciones. Que nos obliguen a tener que ir. También estamos los que además de cobrar un plan, también trabajamos y además tenemos hijos que van al colegio”, dijo la mujer.

—”Compañera, todos trabajamos y tenemos hijos, no solo usted, y la contraprestación es participar en las actividades que se anuncien por el grupo y cuanta flexibilidad más es demasiada no sé qué usted opina en otras ug es todos los días de 8 a 14″.

“El diálogo muestra, con total claridad, que el asistir a la movilización no era algo voluntario, sino una obligación; y que se validaba como la contraprestación exigida para recibir el subsidio, por fuera de lo estipulado en los convenios celebrados con la unidad de gestión y la reglamentación del propio Plan Potenciar Trabajo”, dijo Casanello.

Y agregó: “Prueba de esto último también lo es un mensaje hallado en el teléfono celular de Iramain, más precisamente reenviado al grupo ‘Juventud Rivadavia 1 Polo Obrero’, en el que se expone: ‘Resolución o resumen (…) 3.a Firma de planillas todos los días tanto como potenciar, esencial y nexo: tienen que firmar al mediodía (…) 3.b En caso de inspección: decimos ‘que todos trabajamos a partir del mediodía’ y ‘hacemos trabajo comunitario’, y se viene a trabajar, distribuidos por el comedor y restos de lugares para ir a limpiar”.

Los imputados arrepentidos también aportaron información reveladora sobre la implementación y extensión de la práctica como sus intervinientes y el destino otorgado a la recaudación. “Ellos dicen que es un aporte voluntario, yo en mi parte no lo hacía voluntario, por ningún motivo, porque yo también tenía que capitar sí o sí todos los meses”, dijo uno. “Todos los meses venían después de que cobrábamos, te buscaban el día que trabajabas y venían y te decían ‘me tenés que dar la cápita’ y te daban un recibo”, acotó otro.

El fraude y la pata política

Al analizar las pruebas recogidas en los allanamientos, los investigadores se toparon con otra incógnita: si parte de los $360 millones que el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Limitado recibieron como unidades de gestión del Potenciar Trabajo fueron destinadas a empresas que hacían facturas truchas o a una imprenta, que está ligada al Partido Obrero. La sospecha es que esos recursos eran triangulados para financiar el partido.

Hasta ahora, la fiscalía había apuntado a los responsables del Partido Obrero. Pero “el avance de la pesquisa a partir de las medidas de prueba requeridas por este Ministerio Público Fiscal para coadyuvar con la investigación ha permitido esclarecer un escenario mucho más amplio y grave que aquel que fundó” el primer llamado a indagatoria.

Bajo la lupa quedaron los cinco convenios firmados entre 2020 y 2022 entre la Secretaría de Economía Social —a cargo de Pérsico— y la organización Polo Obrero, para el otorgamiento de subsidios en el marco del Programa Potenciar Trabajo por un monto total de $572.175.000. Tres de esos convenios son de la Asociación Polo Obrero por unos $297.375.000. Los otros dos fueron firmados con la Cooperativa de Trabajo El Resplandor por un total de $274.800.000.

Como ejemplo, el fiscal subrayó: “los funcionarios que respondían a Pérsico avalaron —sin realizar ningún control ni solicitar documentación de respaldo— la asignación de más fondos públicos en favor” de la Asociación Polo Obrero “con la finalidad de que el Estado abonara el incentivo del Régimen Especial —Nexo—, es decir, el doble de la prestación económica, bajo el pretexto de que se encontraban realizando ‘tareas calificantes’ que ‘en todos los casos supera las 6 horas por jornada’, cuando en rigor de verdad el convenio siquiera había tenido comienzo”.

“Dentro del conjunto de fondos efectivamente recibidos por el Polo Obrero —en total $361.087.500—, a la fecha del inicio de la presente causa (20 de diciembre de 2023) una porción importante de ellos —$219.955.153,73 (60%2 )— no había sido devuelta ni rendida al Estado Nacional, es decir, que las autoridades del Polo Obrero recibieron ese dinero pero ni siquiera informaron en qué lo gastaron ni tampoco lo restituyeron”, sostuvo la última presentación del fiscal. El Ministerio Público subrayó que desde el Estado ni siquiera los intimaron.

Del dinero que sí se rindió, los investigadores se toparon con “una porción importante de los fondos que fueron ‘invertidos’ en facturación apócrifa y simulación de gastos no concretados”. De $36.144.418 millones, $31.000.000 corresponden a la empresa Ediciones e Impresiones Rumbos SRL y $5.144.418 a la firma Coxtex SA, “una compañía que se encuentra caracterizada por la propia AFIP como usina sin capacidad operativa, económica y/o financiera”.

Aunque Coxtex emitió facturación electrónica por más de 470 millones de pesos entre enero 2021 y febrero de 2022, los investigadores no encontraron a sus responsables en su domicilio fiscal ni en el domicilio electrónico, no poseía bienes registrables ni acreditaciones bancarias y la firma no presentó declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias.

Coxtex fue el puntapié para abrir más hilos: fue fundada por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Vega. Ninguno de los dos tenía capacidad económica para ese emprendimiento. Cuando declararon, dijeron no saber de qué se les estaba hablando. Sin embargo, los investigadores detectaron en las últimas horas conversaciones que revelarían que a las dos personas las mandaban autos para que fueran al banco a retirar chequeras o abrir cuentas y recibían un pago periódico por esos servicios. La pregunta sigue siendo quiénes estaban atrás de esas órdenes.

Aparecieron además facturas a Urban Graphics SA, Rizo Print SRL, Miniso Trade SRL y Carlos Osvaldo Monfrini, que prestaban servicios alquilando handies. En estos movimientos, el Polo Obrero emitió cheques, pero esos cheques habrían terminado siendo acreditados en cuentas de Rumbos, con lo que se refuerza la sospecha de dibujar gastos para fondear actividades del partido.

Los profesionales que intervinieron en la inscripción de Costex y de otras tres sociedades también quedaron bajo la lupa: Recinsur SA, VSP Consulting SA y Ciriaco Shoes SRL. ¿Por qué? Todas fueron armadas por las mismas personas. Para los acusadores, esto permite afirmar que las autoridades del Polo Obrero recurrieron a una usina de facturación apócrifa con el fin de acreditar gastos con el dinero público que en la práctica no ocurrieron, con el objeto de desviarlo hacia fines ajenos a los previstos en el convenio con el Estado Nacional.

En el caso de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, se presentaron 179 facturas por servicios presuntamente prestados a Asociación Civil Polo Obrero y a Cooperativa de Trabajo El Resplandor Ltda. en el marco de los convenios bajo análisis.

“Pese a que esta empresa emitió la facturación señalada precedentemente en el marco de los convenios y, en total, realizó facturación electrónica por más de 600 millones de pesos desde 2020 hasta la fecha, no fue posible constatar su actividad real ya que se allanó su sede fiscal y su domicilio alternativo sin que pudiera detectarse la compañía en ninguno de ellos —el primero se trataba de una vivienda particular de un matrimonio mayor y el segundo era la sede del Partido Obrero—; a lo que se suma que, según los informes acompañados por AFIP, la compañía no presenta declaración jurada de Impuesto a las Ganancias desde el período fiscal 2020 y no posee bienes registrables de ningún tipo”, dijo el acusador.

Al analizar los documentos, se facturaba por servicios varios (algunos, incluso, que no coincidían con la actividad registrada ante AFIP), muchas veces un mismo día y por montos idénticos, aún tratándose de productos distintos; por conceptos amplios, sin precisar montos o cantidad y en varias oportunidades se incluían tachaduras o sellos a mano.

El juez añadió: “Rumbos fue efectivamente el vehículo utilizado por la organización para canalizar los fondos públicos de manera indebida, sino también que la empresa, lejos de ser ajena a los miembros del Polo Obrero y del Partido Obrero, formaba parte de la organización; era, en definitiva, su ‘caja’ y no un auténtico proveedor, por lo que el dinero retornaba, de distintas formas, a las propias entidades”.

“Las sospechas de desviación de fondos con fines políticos fueron corroboradas cuando se tomó conocimiento de que el socio gerente de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, Roberto Albornoz, fue aportante de la campaña electoral del Partido Obrero, según informó la Cámara Electoral, entregando $480.000 —el 31 de diciembre de 2020—, $1.100.000 —el 31 de diciembre de 2021—; mientras que, la propia Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, fue contratada por dicho partido para los rubros de ‘gastos de impresión de boletas’ y ‘gastos de publicidad’ por un total de $18.936.455,08, según se desprende de los informes de campaña de los procesos electorales de 2021 y 2023″, afirmó Pollicita.

El fiscal agregó que la gran mayoría de los fondos rendidos por representantes del Polo Obrero fue luego del inicio de esta causa —$141.107.566,35, el 39% de lo transferido—, y que lo único “aprobado” fue aquello que validaron los funcionarios públicos imputados y sobre lo que se hallaron facturas apócrifas y de firmas vinculadas.

El análisis de la prueba derivó en que Pollicita presentara un nuevo dictamen: el pedido de indagatoria por defraudación para el responsable de la Secretaría de Economía Social en la gestión de Alberto Fernández, el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, y para los exfuncionarios del área que no controlaron qué hacía el Polo Obrero con ese dinero: Pablo Ariel País, Walter Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Migone, Mariana Fernández y Ernesto Paillalef. Según sostuvo, se trata de una “matriz de corrupción” en donde no hubo engaños sino una coordinación.

La respuesta de Casanello

“El fiscal dice ahora ver en este expediente una matriz de corrupción donde funcionarios públicos entraron en complicidad, a través de un acuerdo venal, con las autoridades del Polo Obrero -encabezadas por Eduardo Belliboni- para desviar la política pública en beneficio de esa organización”, afirmó. Y añadió que “es evidente la necesidad de profundizar la actividad investigativa a la luz de esta nueva propuesta del fiscal, resultado, al parecer, de un nuevo análisis de los expedientes administrativos. Una instrucción suplementaria permitirá pasar de lo simplemente posible o verosímil al grado de sospecha” para llamar a indagatoria.

El fallo destacó que “el escrito recientemente presentado por la fiscalía se basa en la existencia de un presunto desvío de poder, es decir, sugiere que existió dolo a través de una finalidad encubierta” y por ello ordenó la citación testimonial de los funcionarios que hicieron dictámenes administrativos analizados por el ex Ministerio de Desarrollo Social. El juez afirmó que “si se sostiene que los funcionarios públicos actuaron de modo coordinado con las autoridades del Polo Obrero con el fin de asegurar el desvío, sobre la base de un acuerdo venal, es necesario buscar la transacción o dádiva que la explique (de lo contrario, lo venal se cuela como un adjetivo que en lo discursivo tonifica, pero en los hechos genera confusión)”.

Por ello, el juez solicitó informes a la ministra Sandra Pettovello de Capital Humano para que remita en los próximos diez días “el registro de las visitas que recibieron los exfuncionarios públicos Emilio Miguel Ángel Pérsico, Pablo Ariel País, Walter Alejandro Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Juan Migone, Mariana Noelí Fernández y Ernesto Vicente Paillalef durante el período comprendido entre 2020 y 2023, inclusive, debiendo especificar el nombre y apellido de los visitantes, las fechas y los horarios de ingreso y egreso del edificio de las visitas”; y “el backup de correos electrónicos correspondiente a las computadoras que los nombrados utilizaron durante aquel período”. También pidió los legajos laborales completos de los nombrados.

El juez volvió a pedir (“requeriré a la titular del Ministerio, por segunda vez”) datos sobre los convenios celebrados con la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor: “toda acta de inspección, visita y/o entrevista con los beneficiarios del Programa efectuada en dicho marco (efectuada por sí o por terceros), como así también informe si se han efectuado auditorías al respecto, tanto por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), como por universidades nacionales o cualquier otra institución externa, debiéndose acompañar toda actuación y/o documentación vinculada”.

Y le pidió al titular de la Sindicatura General de la Nación que remita los informes que se hayan efectuado respecto de la “eficiencia y eficacia de las operaciones, la confiabilidad de la información que se genera sobre la gestión” del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y “el cumplimiento de las normas, tanto en el desarrollo de las tareas sustantivas como de aquellas llevadas adelante en áreas de apoyo”, junto con toda documentación y/o papel de trabajo vinculado; todo ello con relación al período comprendido entre 2020 y 2023 -inclusive.

* Para www.infobae.com