Denuncia en ANSES por presunto desvío de fondos durante el gobierno de Alberto Fernández

El director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Mariano de los Heros, presentó una denuncia ante la justicia por un presunto desvío de fondos ocurrido en la gestión anterior, bajo el mandato del expresidente Alberto Fernández. La presentación se realizó tras una auditoría interna que habría revelado «inconsistencias y discrecionalidad» en la administración de recursos pertenecientes al Fondo de Afectación Específica para la Recuperación y el Desarrollo Argentino (FAE).

Según el documento difundido por ANSES y publicado por TN, el desvío de fondos ascendería a 118.625.555,22 pesos, una cifra que, ajustada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta el presente, alcanzaría aproximadamente los 423.451.935,45 pesos. La auditoría identificó al menos 22 hechos que involucran la gestión de María Fernanda Raverta, exdirectora del organismo durante el gobierno de Fernández, y que podrían encuadrarse en delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la administración pública y malversación de fondos públicos.

En su denuncia, De los Heros indicó que estos actos podrían constituir «actos de corrupción» en los términos de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la cual Argentina está adherida. «Tales conductas denotarían una administración injustificada que habría ocasionado, a priori, un perjuicio patrimonial a ANSES y al FAE«, sostiene la denuncia.

El director de ANSES enfatizó que la institución está trabajando «de manera coordinada con el Ministerio de Capital Humano en la revisión y auditoría de todas aquellas actuaciones administrativas que han comprometido fondos públicos durante anteriores gestiones». Subrayó además el mandato del presidente Javier Milei de llevar a la justicia cada situación de posible corrupción detectada.

La denuncia detalló que los fondos del FAE no habrían sido destinados a proyectos productivos como lo establece la Ley N° 27.574, y que las inversiones realizadas no respetaron los principios de seguridad y rentabilidad requeridos. La auditoría reveló también irregularidades como la falta de instancias de control, dictámenes jurídicos previos, documentación que respalde las solicitudes de afectación de fondos, discrepancias entre los importes rendidos y lo desembolsado, y falencias en la contabilidad, entre otras.

Con información de www.elintransigente.com