La Justicia Federal rechazó el pedido de intervención de la SIGEN a las auditorias de la UBA

El juez Santiago Carrillo rechazó el pedido de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para intervenir en las auditorías a la Universidad de Buenos Aires (UBA), a la que pedía que facilite información sobre transferencias recibidas por la Nación y documentación para auditar sus rendiciones de cuentas.

Carrillo, que se encuentra a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°3, rechazó la medida cautelar propuesta por la SIGEN argumentando que «las pretensiones exceden el limitado espacio de conocimiento inherente a este tipo de procesos e implicaría un anticipo de la cuestión de fondo, aspecto que debe ser juzgado en un marco de mayor amplitud de debate y prueba».

El juez también postergó tratar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 8 del Decreto 1344/07 y la posible incompetencia del organismo nacional para auditar la UBA. El rector de la universidad, Ricardo Jorge Gelpi, había planteado en una acción declarativa esta incompetencia, señalando que las auditorías a las casa de estudio son campo de la Auditoría General de la Nación (AGN), según lo establecido por la Ley de Educación Superior.

La medida cautelar de la SIGEN fue presentada durante su demanda contra la UBA, cuando le solicitó los documentos necesarios para poder auditar los recursos que recibieron del Tesoro Nacional. La SIGEN solicitó: «las normativas internas de la universidad para la aprobación y autorización de gastos; reglamentarias vigentes referidas al circuito de compras y contrataciones; el listado con expedientes que conformas las rendiciones de los fondos transferidos por la subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de la Nación durante 2022 y 2023; y el detalle de las compras realizadas con dichos fondos».

Los argumentos de Carrillo

«Considerando que la UBA explicó las características de su sistema de gestión de documentos, cabe concluir que no surge elemento alguno que permita afirmar la existencia de un peligro de que la documentación de respaldo requerida por la SIGEN «se altere o extravíe», señaló Carrillo en su escrito y señaló que las acusaciones de la SIGEN son «meramente conjeturales e inhábiles de justificar el pedido».

En paralelo, el juez también explicó el régimen «especial» al que suscriben las universidades públicas. «Las casas de estudios adquirieron en la reforma constitucional de 1994 un estatus jurídico especial, sumado a la Ley de Educación Superior 24.521 que contiene normas tendientes a incrementar la independencia de las universidades nacionales y restringir la injerencia del Poder Ejecutivo en las mismas, haciendo del Poder Legislativo y del Judicial los poseedores del rol de árbitros de sus actos».

Con información de www.elintransigente.com