El Gobierno retoma el guante tras el fallo de la Corte y envía un proyecto al Congreso: “Esperemos que la oposición acompañe”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, dio una entrevista este viernes y se refirió al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en el cual declararon inconstitucional la Ley del Consejo de la Magistratura que fue impulsada por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en ese momento senadora. Con su mensaje, el Gobierno retoma el guante y envía un proyecto al Congreso: “Esperemos que la oposición acompañe”.

En declaraciones a radio AM 710, el funcionario sostuvo que “la Corte Suprema, lamentablemente, dictó un fallo que es la ratificación de lo que dijimos la semana pasada”. En ese punto, remarcó que el Máximo Tribunal de Justicia declaró inconstitucional una ley del 2006, una ley que tiene 15 años de antigüedad y que la propia Corte en el 2014 había declarado que tenía validez constitucional.

“Qué contradicción”, planteó Soria. “Es increíble que la Corte invalide una ley que tiene 16 años de vigencia y ahora imponga un plazo irrazonable de 120 días para convocar a elecciones de abogados y jueces, hay feria judicial en el medio”, siguió en referencia a la decisión de ayer. El ministro consideró que “este plazo irrazonable busca o amenaza con paralizar el funcionamiento mismo del Consejo”.

Por otro lado, adelantó que el Gobierno ha “enviado un proyecto de ley al Congreso que es intachable para ampliar la Corte, esperemos que la oposición acompañe”. El mensaje se relaciona con las declaraciones del presidente, Alberto Fernández, de esta semana planteando renovar el diseño de la Corte. “Vamos a ver si alguna vez se ponen el traje de la responsabilidad y demuestran su compromiso con la democracia y división de poderes”, completó Soria sobre la oposición.

«Jugando a hacer política»

Para Soria, la “Corte ya no aplica el derecho sino que está jugando a hacer política”. Eso se enmarca en el fallo que, según el funcionario, “demuestra la utilización política de los tiempos  procesales”. Por último, acusó que durante cuatro años, desde el 2017, mantuvieron el expediente “dormido y cajoneado”. Y concluyó: “Pasamos a tener una Corte que atenta contra la seguridad jurídica de la Nación fallando dos veces sobre el mismo caso y contradiciéndose en su sentencia con tan solo 7 años de diferencia”.

Con información de www.elintransigente.com