La elección que más le preocupa a Omar Perotti

En abril del año que viene se vencen los mandatos directivos (fiscal general y fiscales regionales) y de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el órgano que nuclea a los encargados de la persecución penal de los delitos que suceden en la provincia. El proceso ya comenzó y con bastante ruido político para el gobierno provincial, con traspiés y denuncias opositoras.

La función principal del MPA es la persecución penal pública, la gestión de los conflictos penales y la función acusatoria en los procesos penales que se den en la provincia, para lo que tiene bajo su control el Organismo de Investigación y la policía en función judicial. Su estructura es jerárquica, con la figura de fiscal general de la provincia como máxima autoridad y el rol de fiscal regional como principal referente en cada una de las cinco circunscripciones judiciales: Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto.

El método de designación de quien ocupe el cargo de fiscal general exige acuerdos por parte de la política. Es que el proceso comienza con un concurso público de oposición y antecedentes en la órbita del Poder Ejecutivo, donde quienes se postulan presentan una propuesta de trabajo a un jurado que las analiza y luego realiza las entrevistas, para terminar elaborando una terna vinculante que se eleva al gobernador para que elija un nombre. El último paso para la designación es que el nombre propuesto obtenga el acuerdo de la Asamblea Legislativa. Su mandato dura seis años y no tiene reelección.

La figura de fiscal general no solo tiene funciones como definir los criterios generales del ejercicio de la persecución penal y crear unidades y dependencias para ordenar el trabajo de los fiscales, sino que también se encarga de elaborar el presupuesto y luego administrar los recursos del órgano. Además, es quien debe proponer al Poder Ejecutivo nombramientos, remociones y ascensos de fiscales, integra el Tribunal de Disciplina del MPA, y decide en última instancia si un fiscal o una fiscal pueden seguir adelante con una investigación, entre otras funciones que le atribuye la ley 13.013.

Por el lado de quienes ocupan el rol de fiscales regionales, el método de designación es el mismo que en el caso de la figura de fiscal general, con la única diferencia de que pueden obtener la reelección.Ocupan la jefatura del MPA en su circunscripción, dirigen y supervisan la tarea de fiscales a su cargo, asignando y distribuyendo casos e impartiendo instrucciones. Además, los cinco nombres forman parte de la Junta de Fiscales presidida por quien ocupa la fiscalía general y cualquiera puede acceder al sorteo para integrar el Tribunal de Disciplina cuando quien recibe una acusación no está bajo su dirección.

El otro cargo cuya renovación pone en máxima tensión a la política santafesina es el de Auditor General de Gestión, un rol encargado de controlar y evaluar el desempeño de fiscales. Es quien investiga las denuncias y quejas por faltas disciplinarias de los miembros del MPA y ejerce la función acusatoria de ellos ante el Tribunal de Disciplina. Además, tiene la obligación de comunicarle a la Legislatura Provincial las denuncias recibidas por faltas graves. Su método de designación es idéntico al del rol de fiscal general y dura, también, seis años en el cargo.

 Con información de Letra P, sobre una nota de Lucio Di Giuseppe