Rosario, el polvorín: por qué estalló y por qué la política va perdiendo

Le habían pegado 14 balazos al frente de un supermercado, pero este era del suegro de Lionel Messi. Con el agobio de la noticia instalada alto en los principales medios del mundo, que coronaba en Rosario un verano de violencia inaudita, Aníbal Fernández lanzó su frase palpitante: “Hay que admitirlo, los narcos han ganado”.
Decir que admitir eso es un fracaso irremontable es tan poco inocente como el comentario del ministro. Fernández dijo algo con consecuencias en el ánimo de la población y ahí está lo inconveniente. Otra cosa es preguntarse si dijo la verdad. Aníbal no mintió.
La guerra contra el comercio de drogas urbano está perdida. Lo que mueve a los traficantes, los distribuidores y los matones de barrio es la enorme salida comercial que tiene el producto que venden. El consumo dará vida eterna al negocio. La pregunta es por qué un fenómeno que también ocurre en otros aglomerados urbanos del país en Rosario causa un estallido de sangre y una conflictividad barrial sin equivalencias.

Es un problema acentuado en Santa Fe por la crónica falta de plan de seguridad con metas a largo plazo, algo que, merced a inteligencia criminal, debe hacer foco en los actores que disputan el mercado urbano de drogas, para anticiparlos. El problema se agrava por una policía implicada estructuralmente en el delito y por un orden político amateur en el tema y no comprometido a fondo.

Sin embargo, en otros lugares con solvencia policial y política también hay violencia. En Chicago, el año pasado hubo 695 homicidios, lo que supone una tasa de 27 muertes cada 100 mil habitantes. En Filadelfia, 504, tasa de 32 víctimas cada 100 mil. La causa de la mayoría de los crímenes en ambas ciudades son pujas entre sectores implicados en economías ilícitas. Para Chicago o Filadelfia, para Detroit o Nueva Orleans, la definición de Aníbal también vale.

En Rosario hubo 288 homicidios en 2022 y la tasa de 22,8 muertes cada 100 mil es la más alta del país. Al 10 de marzo de este año van 70 asesinatos. El 65 por ciento de los crímenes está ligado a bandas delictivas o economías ilícitas. Varios factores alimentan la cifra. Uno es la ausencia de un liderazgo manifiesto y definido de un grupo criminal por sobre los demás. Desde el año 2013, cuando la conocida Banda de Los Monos comenzó a ser desafiada y perdió su supremacía, se dio un rasgo fuerte que pinta la actual idiosincrasia de Rosario: la violencia es el modo de regulación de un mercado donde, sin líderes fuertes, nadie disciplina a nadie.

La de Los Monos y Esteban Alvarado son las dos organizaciones más robustas, aunque van mutando con las detenciones y los muertos. En general, las estructuras de las bandas de narcomenudeo son pequeñas y volátiles. Al no tener gran volumen, ninguna es exitosa en prevalecer, ninguna consigue imponer su fuerza solo con exhibirla, sin tener que usarla. Por tanto, en un mercado dinámico y fragmentado, que produce mucha plata, la forma de conquistar terreno para mantenerse es con acciones cruentas muy expresivas y derramamiento de sangre. Así se avanza y así se retrocede.

 
Desde hace una década, el actor estatal que solía regular el delito dejó ese rol. La policía provincial gerenciaba pactando con las bandas más fuertes, pero, cuando vendedores de droga tomaron el lugar de los piratas del asfalto o los asaltantes de blindados, hubo un cambio en esa relación. Mientras se convertían en multimillonarios, los narcos locales convirtieron a la policía santafesina en un tapiz de mosaicos rotos. La corrupción sistémica atravesó verticalmente a la fuerza y desmanteló su capacidad de concebirse y actuar como un cuerpo autónomo. Todas las semanas hay policías detenidos o que van al Centro de Justicia Penal por sus intercambios con bandas. El martes pasado fueron Luciano Arellano y Mauro Barúa, dos brigadistas muy eficientes a los ojos de los fiscales de Homicidios, que trabajaban al lado de ellos pasando información a una célula de Los Monos. Policías retirados implicados en lazos con las bandas tienen relaciones robustas con los que están en actividad.

Un rasgo decisivo de la violencia letal, la que sale en las noticias, es que está concentrada en el 13 por ciento de todo el territorio urbano. Son las zonas más degradadas, donde predomina una población juvenil desempleada, pobre y sin horizonte. Así es un vasto sector de Empalme Graneros, el barrio donde el domingo pasado un grupo de transeros reventó a tiros una casa desde un auto, mató a Máximo Gerez, de 11 años, e hirió a otros tres chicos.

Fragilidad del Estado y fragilidad urbana se combinan. En este, como en tantos barrios, los vecinos viven sin cloacas, en un entramado urbano intrincado, entre basura, con viviendas muy precarias. La enorme desigualdad está en la base de la ruina del orden público. En una trama ciudadana con 416.981 pobres en el último registro del INDEC, la violencia operó una transformación cultural. La disponibilidad de sicarios muy jóvenes que escuchan promesas de pago es un fenómeno que no existía hace diez años. Los casos proliferan, como el de Joan L., de 19 años. Por la mañana empleado en la verdulería de su tío de la calle Flammarion. Por la noche, tirador a sueldo de Brandon Bay, joven narco de Tiro Suizo, preso hace cinco años.

Los territorios donde la violencia es cada vez mayor y donde las organizaciones sociales o la militancia de base, ante ella, tienen presencia cada vez más débil se multiplican. Son lugares donde los operadores de salud o los docentes viven con miedo a disparos acechantes en cualquier momento.

Luciano Vigoni fue encargado hasta 2019 del programa llamado Nueva Oportunidad, una política pública orientada al trabajo integral y territorial de jóvenes de entre 16 y 30 años que viven en entornos violentos. Al volver del velatorio de Máximo Gerez, se lamentaba: “Pareciera que todos estamos esperando que bajen marines en helicóptero mientras damos una escasa discusión sobre la presencia, el rol y el acompañamiento del Estado en estos trabajos. El destino de muchos de estos chicos es el cementerio o ir presos. La pregunta es si esto es solo materialidad; desplegar uniformes y urbanizar o generar, desde las múltiples agencias del Estado, vínculos cotidianos con las personas que viven acá, que no tienen compañía ni respuesta”.

La reiteración de los suicidios, la angustia, la tristeza, el miedo ante los sectores que tienen a los barrios bajo su predominio no se enfrenta solamente con recursos materiales, sino con un monumental esfuerzo de los distintos niveles del Estado que, en una ciudad que es noticia permanente por su violencia, requiere una audacia política inédita en términos de participación de recursos estatales e inversión pública.

La rentabilidad de la violencia desagua en los negocios legales. El presidente del Puerto de Rosario, Gustavo Shanahan, que tiene una compañía financiera, está a punto de ir a juicio por vender dólares a grupos relacionados con la venta de drogas. En todos estos años se han visto en los juicios inversiones de grupos criminales en fideicomisos inmobiliarios, en financieras, en distribuidoras de alimentos, en empresas de transporte, en clubes de barrio... Si el campo legal recibe el rendimiento generado con violencia, la violencia tiene motivos para persistir. Este viernes 10 de marzo imputaron por lavado de activos a un intermediario por un negocio de compraventa de divisas entre la sociedad de bolsa Brancatelli S.A. y el policía exonerado Juan José Raffo. Este es un exoficial condenado como miembro de la Banda de Los Monos que hacía negocios y pasaba información a Ramón Machuca, uno de los líderes de ese clan.

Según pasan los gobiernos
Otro pilar del fallido es el nivel político que, más allá de omisiones o complicidades de algunos de sus representantes, demostró, en 12 años de gestiones, una pertinaz falta de idoneidad para afrontar la duradera crisis de seguridad pública. La presencia de la Nación fue discontinua y ajena. Las autoridades provinciales han ensayado programas provisorios y los partidos con representación, por falta de ideas, de grandeza o por compromiso con factores de poder, fueron incapaces de darse una política de Estado perdurable en las gestiones.

En Santa Fe la política tiene sus actores de peso ligados a grupos criminales. Son tramas complejas de simplificar. El caso más conspicuo es el del senador provincial del PJ Armando Traferri, de quien dos fiscales pidieron el desafuero al advertir que había cobrado 250 mil dólares de un capitalista de juego clandestino ligado a grupos criminales. El Senado lo blindó con una mayoría multipartidaria y rechazó el pedido de los fiscales, en tanto la Corte Suprema de Santa Fe garantizó que no pudiera ser investigado, algo que no pasaría en casi ningún otro distrito del país. Hoy, Traferri es el presidente de la Junta legislativa de Seguridad de Santa Fe y, también, jurado de la comisión disciplinaria de los fiscales provinciales. Es, además, protagonista central del proceso que la semana que viene definirá al fiscal general de la provincia, responsable de la forma que asumirá la persecución del delito y hasta qué niveles. Sus pares, aun quienes murmuran disensos, se sientan al lado de él.

Aníbal tiene razón. En sociedades como las nuestras, los narcos ganan. Embolsan fortunas porque venden un producto muy demandado. Su dinero se lava en el circuito legal sin salir de la ciudad. Cuentan con el sostén de una policía corrompida, mal rentada y de formación deficiente. Con todo, aun en contextos así, lo que hace que Rosario esté en los portales del mundo se puede moderar: la violencia y los niveles de desigualdad y degradación urbana de las zonas donde se ensaña especialmente.

La política santafesina representativa, que tiene que tomar una determinación sobre el fenómeno criminal, vacila ante un dilema atroz: mantener el sistema de protecciones para los poderosos que ampara o explorar un camino que desnude a la violencia atacando, para transformarlos, a todos sus escalones. Si se decide por lo último, no será tarea cómoda, pero acaso encuentre un terreno de legitimación que le viene faltando.

Fuente:Letra P. Nota de Hernán Lascano