Cómo fue la trama de extorsiones de Los Monos a una cadena de loterías rosarina

La trama extorsiva de la que fue víctima el dueño de la agencia de loterías El Califa, con varias sucursales en Rosario, fue desgranada ayer por el fiscal Pablo Socca en una audiencia en la que comenzaron a ser imputadas nueve personas, con el condenado como jefe de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero a la cabeza. En la causa se investigaron extorsiones, un tiroteo a la vivienda del empresario y ataques incendiarios a los locales de la firma. Un asedio que comenzó cuando un matrimonio allegado a Guille confrontó al titular en un gimnasio para exigirle dinero en nombre de “la mafia”.

Los acusados, de los cuales cuatro ya estaban presos, habían sido detenidos la madrugada del lunes 11 de septiembre en más de 40 allanamientos que se realizaron en Rosario, Funes, Rafaela y otras localidades, además del penal de la localidad bonaerense de Marcos Paz. Fue el corolario de una serie de denuncias de intentos extorsivos por parte de un empresario del juego, quien sostuvo que una banda que actuaba en nombre de Guille lo estaba extorsionado.

La imputación al grupo comenzó a las 15.30 en el Centro de Justicia Penal, con los acusados conectados por pantalla desde sus lugares de detención. Con gran parte de la evidencia contenida en escuchas telefónicas, Socca comenzó a explicar ante las partes y la jueza Trinidad Chiabrera cuáles son los delitos que les atribuye a los detenidos y cómo fue la cronología de atentados a cadena de loterías. Por la tarde, la magistrada dictó un cuarto intermedio y el trámite se reanudará hoy.
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El trámite se inició con las cuestiones formales de rutina. La jueza Chiabrera identificó a cada uno de los imputados. Al presentarse, Cantero dijo que su domicilio era el penal federal de Marcos Paz, donde cumple condenas por 113 años y 8 meses de cárcel. Cuando la magistrada le preguntó sobre su trabajo o profesión Guille respondió: “No trabajé nunca”. Entre los detenidos hay dos que dijeron tener estudios universitarios de derecho.

Una es Mariana Ortigala, ex asistente del empresario narco Esteban Alvarado que luego se distanció de él. Declaró en su contra en el juicio contra Alvarado, condenado a perpetua. Tras sobrevivir a más de treinta balazos de un ataque de sicarios en marzo de 2020, la mujer buscó protección en Los Monos. Otra es Lorena Córdoba, detenida en el Hotel Faena de Buenos Aires. Es la viuda de David Perona, el zar del juego clandestino de Rafaela, quien falleció en 2021.

Los otros detenidos son el marido de Ortigala, Rodolfo Sebastián Felipe; Gonzalo Sarmiento, considerado asistente de Felipe; David Kevin Moreno; Bladimir “Colo” Navarro, preso desde 2021 como parte de una banda de Tablada, Daiana Micaela “La Diabla” Leguizamón., que estaba en prisión domiciliaria en una causa de drogas; y Brian Díaz, también preso y hermano de Maximiliano “Cachete” Díaz, un lugarteniente de Cantero condenado a 29 años cárcel como uno de los coautores del ataque extorsivo al casino City Center en el que murió el bancario Enrique Encino.

Luego de las presentaciones, la jueza dio la palabra al fiscal Pablo Socca, quien compartió estrado con el fiscal Miguel Moreno. Socca planteó su exposición dividiendo los hechos en dos secuencias. La primera se remontó a los años 2021 y 2022, en los que se dieron las primeras intimidaciones, y la segunda en 2023.

El fiscal sostuvo que Guille Cantero inició la trama de extorsión planificando las acciones y habilitando a gente de su extrema confianza parar lograr el cometido. Así, usó el teléfono de línea del pabellón de Marcos Paz para contactarse con La Diabla, en prisión domiciliaria en una casa de San Nicolás. Una vez recibida la llamada la mujer sumaba a la conversación a otros integrantes de la banda para que Cantero, según expresó Socca, pudiera dar las órdenes sin que esos números quedaran al alcance de los pesquisas.

En el gimnasio
Las operaciones, dijo, se iniciaron en marzo de 2021 cuando Mariana Ortigala y su marido Sebastián Felipe practicaban ejercicios y entrenamiento en un gimnasio de Fisherton y en ese lugar conocieron a Cristian Q., dueño de la agencia, a quien se acercaron para amedrentarlo. El empresario denunció que el matrimonio y Lorena Córdoba fueron quienes se contactaron con él para exigir dinero con el argumento de que así, pagando, podía desarrollar sus negocios habituales.

Puntualmente, Felipe abordó a Q. en el gimnasio y le dijo: “Me manda la mafia y tenés que pagar 1,5 millón de dólares. Si no lo hacés te vamos a denunciar a la Afip, entre otras cosas”, a lo que el empresario le contestó que “era un gil, que lo iba a meter preso y que no sabía con quien se metía”, según expresó el fiscal. “Este negro me vino a apretar”, comentó la víctima a otras personas que estaban en el gimnasio ese día, y la situación no pasó a otra instancia.

Según Socca, en febrero de 2022 Lorena Córdoba, mujer ligada al mundo del juego, llegó a una sucursal de la agencia en Avellaneda y Pellegrini y le preguntó a la encargada si allí estaba Cristian Q. “El me conoce y me debe plata”, le dijo, y dejó un número de teléfono celular para que el dueño la contactara. Según el fiscal, “esa línea era de Ortigala”. Días después el empresario se contactó con Lorena y la mujer lo amenazó en términos similares a los de Felipe: “Me debés plata, pagame y si no te vamos a denunciar a la Afip y a Fiscalía”.

Lorena, de acuerdo con la investigación, fue a otras sucursales con pedidos y argumentos similares. Inclusive fue descripta físicamente por la encargada de un local, quien declaró durante las entrevistas de reunión de evidencias.

A partir de ese momento se registraron una serie de atentados, tiroteos e incendios a los locales de El Califa de Mendoza y Valparaíso; Provincias Unidas al 2200 y en Baigorria al 2100. El más traumático fue un tiroteo a la casa de Q. en la zona residencial del barrio La Florida.

En la segunda secuencia, ya en el 2023, comenzó a tomar protagonismo en el hecho otra parte de la banda. El preso Brian Díaz ordenó desde la cárcel una serie de acciones para lograr el pago de la extorsión. En ese marco, el 1º de junio de 2023 fue incendiado el local de la agencia de Jujuy y Alvear.

Una semana después un hombre no identificado se acercó al bar “Uno y Medio”, de Avellaneda y Pellegrini, y contactó a Lorena R., una mujer allegada a Cristian Q., Le pidió unos 2000 dólares para que pudiera “trabajar tranquila”. El 7 de junio pasado incendiaron el local de Mendoza y Valparaíso y dejaron un cartel: “Comunicate si querés seguir con el juego clandestino”. El mismo día balearon otro local de 8 disparos y dejaron un cartel: “Te va llamar Guille, quiero 100 mil dólares”.

En agosto la dueña del bar recibió distintas visitas en las que le solicitan dinero. En uno de esos contactos le dejaron una nota dirigida a Lorena R.: “Vos y Cristian tienen máquinas de juego en el bar. Decile a Q. que se comunique”.

Una semanas después, según el fiscal, Brian Díaz se comunicó con las víctimas desde un teléfono de la cárcel de Piñero y les planteó: “El loco quiere armar una reunión. A vos (refiriéndose a Cristian Q.) te garantizamos que si pagás no te molesta más nadie”. Un condenado como integrante de Los Monos y el sindicalista Beto Riba fueron mencionados por Díaz como personas que estarían en esa reunión.

Mientras el fiscal desarrollaba esa secuencia, las imputadas Ortigala y Córdoba interrumpieron el relato y pidieron seguir a la audiencia de manera presencial. “Se están diciendo muchas mentiras de parte del fiscal”, manifestaron. La jueza Chiabrera explicó que ya se había determinado la modalidad zoom.

Fuente: La Capital