La Corte aceptó tratar la demanda contra el DNU de Milei, pero lo hará después de la feria

La provincia de La Rioja picó en punta y presentó el primer planteo ante la Corte Suprema contra el DNU 70/2023 de desregulación económica firmado días atrás por el presidente Javier Milei, en acuerdo de ministros. Horas después de esta presentación, patrocinada por el exjuez cortesano Eugenio Raúl Zaffaroni, el máximo tribunal avisó que “estudiará” el expediente que giró a la Procuración pero avisó que lo tratará después de la feria de enero.

Además del planteo del gobernador riojano, Ricardo Quintela, que busca la declaración de inconstitucionalidad, la provincia pidió que se dicte una medida cautelar para que suspenda los efectos del DNU, que entró en vigencia este viernes 29.

La presentación entró este jueves 28 de diciembre al sistema y se encuentra en la Secretaría de Juicios Originarios. Este viernes fue el último día de funcionamiento judicial previo a la feria de verano, que tendrá al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como autoridad durante todo enero. Sus pares Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti estarán del 1° al 7 de enero y del 1° al 5 respectivamente.

Ante ese panorama, Zaffaroni y el constitucionalista Raúl Ferreyra, los patrocinantes, le pidieron a la Corte que habilite la feria para tratar el pedido. En una primera resolución, el máximo tribunal dispuso darle intervención a la Procuración General para que dictamine. También avisó que “estudiará las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero”.

El gobernador riojano justificó en redes sociales la presentación al decir que el DNU en cuestión “produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario” a artículos de la Constitución Nacional y de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

“Con la vigencia del DNU N° 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales. Por eso, este reclamo que hago en nombre de mi provincia busca en el Poder Judicial de la Nación un pronunciamiento que garantice la vigencia del Estado de derecho y consolide los valores de nuestra democracia”, escribió el mandatario en su cuenta de X (ex-Twitter).

El escrito de treinta carillas al que accedió PERFIL sostiene que la medida cuestionada “afecta concretamente a la provincia de La Rioja por cuanto se alteran múltiples actividades productivas y económicas, y se conmueven relaciones jurídicas que el Estado provincial mantiene con terceros”. Además, plantea de entrada que la Constitución “ha sido amenazada y alterada” por el decreto, lo que representa una “distorsión del orden constitucional federal”.

Después, el escrito planteado ante la Corte repasa que el instrumento se incorporó con la reforma constitucional de 1994 y que, si bien hasta el momento se dictaron casi 900, “jamás un DNU había pretendido borrar masivamente tantas leyes”. Cita, a su vez, el artículo 99 inciso 3 de la Carta Magna, que prohíbe al Ejecutivo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones legislativas.

De acuerdo a la presentación, en los considerandos del mencionado decreto no hay motivo por el que no hubiera podido transitar el trámite legislativo. Mucho menos, agrega, “se aprecia la necesidad ni la urgencia de implementar medidas regulatorias de amplio y diverso alcance”. A su vez, lo calificaron como una desregulación “contradictoria”, ya que gran parte de la medida está dedicada a nuevas regulaciones y no solo a derogaciones.

Más adelante, los autores de la presentación recordaron que en 2018 el Ejecutivo, con Mauricio Macri en la presidencia, dictó un DNU (el 27/2018, de Desburocratización y Simplificación) que también tenía modificaciones legislativas y fue denunciado penalmente. “Tuvo que presentar proyectos de ley de similar contenido para esquivar las impugnaciones judiciales”, señalaron.

Para La Rioja, la normativa firmada días atrás por el presidente Milei “carece de legitimidad democrática y jurídica”.

“La falta de discusión en el Congreso y la legislación extramuros de la Escritura fundamental podría implicar un acto contra el orden jurídico y el sistema democrático. (...) Múltiples derogaciones y modificaciones tienen un impacto negativo en actividades provinciales, tanto económicas y productivas como administrativas”, dice el escrito.

 Otras presentaciones

El cuestionado Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica que el presidente Javier Milei firmó hace una semana entró en vigencia este viernes 29 de diciembre, ya que la Justicia no dio aún curso favorable a ninguna de las decenas de presentaciones de organizaciones sociales y sindicales, abogados constitucionalistas e incluso ciudadanos particulares que pedían su suspensión.

Según se indicó desde la Justicia, en el Fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires había hasta el mediodía de este jueves “al menos 25 amparos”, y otros dos de la CGT y la CTA que habían sido presentados ante la Justicia del Trabajo, todos ellos en trámite pero todavía sin resolución.

* Para www.perfil.com