La necesidad tiene cara de suba de impuestos: Milei asume el costo político de contradecir la prédica liberal

Algunos saludan el "pragmatismo", otros reprochan las contradicciones con las promesas de campaña, otros critican lo que consideran un nuevo "parche" y muchos piensan en el célebre Teorema de Baglini. Lo cierto es que el DNU y el proyecto de "ley ómnibus" dejaron en evidencia que un objetivo fundamental para Javier Milei es el incremento de la recaudación tributaria, aun cuando eso implique subir impuestos.

Para un presidente que se autodefine como "anarco-capitalista", que considera que el mismo concepto de impuesto se asimila a un robo y que durante la campaña electoral había asegurado que prefería cortarse un brazo antes que subir un impuesto, este cambio de actitud no es poco decir.

Implica que la situación fiscal es acaso más grave que la que se había previsto y que el presidente está dispuesto a pagar el costo político de una recesión -los economistas más optimistas hablan de una caída de dos puntos del PBI en 2024- con tal de engordar la caja de la AFIP.

El celo recaudador se hace más intenso si se tiene en cuenta que, sólo por la mejora de la campaña agrícola -que tendrá un volumen dos veces y media mayor en cultivos clave como la soja-, ya habrá un aumento considerable por concepto de retenciones a la exportación. Pero aun con ese marco favorable, las proyecciones del equipo económico indicaban que, si no se aumentaban impuestos, la inercia de la situación fiscal de 2023 llevaría a que el año próximo se volviera a obtener un déficit primario del 3% del PBI.

Es por eso que, ahora, el proyecto de ley que se acaba de enviar al Congreso confirma que el plan de Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, es generar un ingreso adicional equivalente a 2,2 puntos del PBI, gracias a los nuevos gravámenes.

Destacan en esa nómina la aplicación del impuesto PAIS a las importaciones -con lo cual se espera ingresar 0,8% del PBI-, la generalización de retenciones a la exportación con las pocas excepciones de las economías regionales -por este rubro ingresarán otro 0,5%-, además de la marcha atrás con la exención del Impuesto a las Ganancias que se sigue negociando con las provincias -otro aporte por 0,4%- y el adelanto de Bienes Personales, en el marco de la nueva moratoria y blanqueo -que dejarán un 0,5% del PBI-.

En teoría, muchas de estas disposiciones tendrán carácter transitorio. Por ejemplo, en las retenciones al comercio exterior, el gobierno está facultado para bajar hasta cero la alícuota hasta diciembre de 2027. Pero todos sospechan que eso no ocurrirá. En otras palabras, que Milei quedará habilitado para mantener durante todo su mandato las alícuotas que propone el proyecto de ley.

La polémica de las retenciones libertarias

Uno de los puntos más polémicos es el de la suba de retenciones a la exportación. Una polémica política pero no necesariamente legislativa, porque paradójicamente genera críticas entre los seguidores de Milei -que la ven como una medida contraria a los principios liberales- mientras que es vista con cierta simpatía por el kirchnerismo, que siempre defendió la necesidad de gravar la exportación de las materias primas.

Esto genera un clima de relativa facilidad para la aprobación en el Congreso: los oficialistas asumirán el costo político de gravar al comercio. Mientras que en filas opositoras, la mayor objeción será el hecho de que se iguale la carga impositiva en los casos de exportación de productos primarios e industrializados, algo que desde su perspectiva es un desincentivo a la agregación de valor local.

Pero, en principio, no luce como un impuesto que pueda tener una resistencia fuerte. El nuevo esquema dejaría en la situación actual a la soja -paga 33%- y llevaría a ese mismo nivel a sus subproductos, como harina y aceite, que estaban en 31%.

Todos los que hoy tributan menos del 15%, pasarán automáticamente a ese nivel, con la excepción de los sectores vitivinícola y del limón, cuya alícuota quedaría en 8%. Mientras que serán exentos de la retención los productos de las economías regionales, como la oliva, el arroz, productos lácteos, azúcar, miel, yerba, lana, frutas, cuero bovino, papa y productos hortícolas.

En los rubro energético y minero, donde se propone una liberación para la exportación de materias primas, se aplicará una retención del 8%. Los analistas interpretan ese esquema diferencial como un estímulo para el ingreso de inversores en los principales yacimientos.

La industria automotriz, que hoy tiene un incentivo por el cual no paga retenciones para la exportación incremental, pasaría a quedar gravada con la alícuota del 15%.

En cuanto a las importaciones, los anuncios que había hecho Caputo en su mensaje del 14 de diciembre establecen, por un período no estipulado, el pago del 17,5% por el impuesto PAIS. Hasta ese momento, la alícuota que se estaba aplicando era de 7,5%.

Habrá excepciones a este régimen de impuestos al comercio, vinculadas al nuevo marco de incentivo para la radicación de grandes inversiones.

Los proyectos que, en los dos años desde la aprobación de la ley, entren al registro especial con un monto mínimo de inversión tendrán el beneficio de retenciones cero, tanto para exportar como para importar insumos. Aplicará a los sectores energético, minero, petrolero y gasífero, tecnológico, forestal, de infraestructura y agroindustrial.

El régimen de incentivo garantizará estabilidad impositiva, y prevé un tope de 25% en el Impuesto a las Ganancias y la posibilidad de aplicar el crédito fiscal en el pago del IVA.

Blanqueo para dólares del colchón

Pero la ley no podía no contar con un clásico de todo nuevo gobierno en situación de emergencia fiscal: el blanqueo de capitales y la moratoria impositiva. En esta ocasión, con mayor generosidad que en otros regímenes aplicados en el pasado reciente, dado que promueve el ingreso masivo de los pequeños ahorristas con dólares "bajo el colchón", al eximir de todo gravamen los capitales inferiores a los u$s100.000.

El régimen prevé también la posibilidad de adelantar pagos por Bienes Personales -por hasta el período fiscal 2027-, tomando como base de cálculo imponible el patrimonio actual, de manera tal que quienes ingresen se aseguren estabilidad de condiciones y reduzcan la alícuota escalonadamente.

Es una situación que generó algo de confusión en el mercado, al punto que el propio ministro Caputo prometió aclararlo, luego de contestarle a un usuario de la ex Twitter que se quejaba de la inconsistencia del proyecto de ley, que no elimina el gravamen a la renta financiera ni Bienes Personales.

"Los diarios han levantado incorrectamente el tema del blanqueo y Bienes Personales. Ya lo vamos a aclarar para evitar malentendidos", dijo Caputo. En ese marco, los expertos tributaristas están enfrascados en el análisis del nuevo proyecto, con una nueva ola de consultas por parte de los clientes que quieren buscar una forma de aliviar la presión tributaria.

Por lo pronto, lo que el proyecto de ley establece para la moratoria es la eliminación de multas y una condonación de la deuda que comenzará en 50% para quienes adhieran y paguen al contado dentro de los 90 días del régimen y una disminución gradual para quienes abonen cuotas que se extiendan más allá de ese período.

La cantidad de cuotas será inversa al tamaño del contribuyente: para las pymes puede llegar hasta 84, mientras que las empresas grandes tendrán un plazo de 36 pagos.

En cuanto al blanqueo, se prevé el clásico esquema de beneficios decrecientes en el tiempo. La alícuota iniciará en 5% para quienes adhieran antes del 31 de marzo, subirá al 10% hasta el 30 de junio y tendrá un nivel máximo de 15% hasta el 30 de septiembre.

Comprenderá a los activos como depósitos en cuentas bancarias en Argentina o el exterior, dinero no declarado, bienes inmuebles, títulos valores y criptoactivos, entre otros.

¿Cuánta plata puede entrar?

Y, como siempre, el gran interrogante para el mercado es cuánto dinero podrá ingresar en este marco. El antecedente del blanqueo implementado por Alfonso Prat Gay al inicio de la gestión macrista dejó la vara alta: se trató de una operación en la que se legitimaron –es decir, pasaron a formar parte de la base imponible- unos u$s100.000 millones. El efecto fiscal de esa medida se sintió de inmediato, al punto que permitió reducir el déficit en tres puntos del PBI y mejorar en $20.000 millones el ingreso, algo así como 30% por encima de las previsiones.

Pero los contextos históricos nunca son comparables. En aquel momento había una avidez por retornar capitales al país, en un momento en el que abundaba el crédito a nivel global. Y además, estaba el aliciente adicional de las nuevas normativas internacionales contra los paraísos fiscales.

Antes de esa experiencia, se habían implementado otros blanqueos menos exitosos: durante la gestión de Cristina Kirchner, en 2009 logró ingresar u$s4.700 millones y en 2015 –después de dos años de prórrogas- captó u$s2.600 millones, lejos de los u$s4.000 millones que se había fijado como meta.

¿Qué ocurrirá ahora? Nadie se anima a pronosticar una cifra, pero la opinión generalizada es que difícilmente pueda repetirse la adhesión de 2016, entre otros motivos porque quedó fresco en la memoria el problema de la filtración de información confidencial desde la propia AFIP. Fue así que trascendieron los datos personales de personas que habían adherido, algo que en teoría quedaría en secreto según establecía la propia ley.

Ahora, ese antecedente podría configurar un desincentivo para quienes estén pensando que, en la eventualidad de un cambio de signo político en las próximas elecciones, la información del blanqueo se pudiera volver en contra de los adherentes.

* Para www.iprofesional.com