El dilema de Milei por la violencia en Rosario: ¿motosierra o bisturí para combatir al narcoterrorismo?

El vértigo de la dolorosa cotidianeidad en la Argentina sirvió para exhibir en pocas horas dos caras diferentes del Gobierno. Javier Milei y sus cercanos celebraron como un éxito el 13.2% que arrojó la inflación de febrero, según los datos del INDEC. Ciertas alquimias impulsaron al mandatario a decir que pudo haber sido, incluso, de un dígito. 

El lunes, apenas 24 horas antes, la administración libertaria había aparecido aturdida por el salvaje recrudecimiento del narcotráfico en Rosario, Santa Fe. Un conflicto sangriento que lleva dos décadas, al cual ninguno de los poderes de la democracia ha logrado ofrecer respuestas convincentes.

Milei se exhibe cómodo cuando habla del ajuste fiscal, la economía y la lucha contra la inflación. Pierde esa condición y parte de su solvencia ni bien sale de aquel terreno. Reiteró una falencia de concepto, que también fue patrimonio de Cristina Fernández en su tiempo, ni bien abordó escuetamente el drama que vive Rosario. Remarcó en una entrevista por televisión que los problemas de seguridad atañen a los gobiernos provinciales. El narcotráfico, que viene virando en narcoterrorismo, constituye un delito federal. El Gobierno central nunca debería considerarse ajeno.

El Presidente intentó enmendar el error con frases de circunstancia, resonantes, como hacen todos. Al hablar del narcoterrorismo dijo que se trata de una batalla sin términos medios: “O son ellos o somos nosotros”, ilustró. “No nos temblará el pulso para ponerle fin a la acción de los sicarios”, había advertido Alberto Fernández hace un año. Con exactitud el 5 de marzo de 2023. Ese día un menor de 12 años, Máximo Jerez, murió de un balazo en la cabeza en medio de una refriega entre narcotraficantes. Sucedió en el barrio Los Pumitas. Rige ahora una condena para tres responsables.

El ex presidente anunció entonces el refuerzo de efectivos en Rosario. Prometió la intervención del Ejército para tareas logísticas. Sostuvo que actuaría la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) con el fin de desentrañar las maniobras sobre lavado de dinero. La situación, objetivamente, ha empeorado mucho.

Patricia Bullrich después de los cuatro asesinatos a mansalva ocurridos la semana pasada en Rosario (dos taxistas, un colectivero y un trabajador de una estación de servicio) formuló algunos anuncios similares. Con dos diferencias que no podrían omitirse. La ministra de Seguridad ya se ocupó del tema en el gobierno de Mauricio Macri con el mismo interlocutor actual. Maximiliano Pullaro fue ministro del socialista Miguel Lifschitz y ahora es el gobernador de Santa Fe. Llegó con el mayor volumen de votos obtenido por cualquier dirigente en las elecciones del 2023. Sin balotaje. Aquel periodo marcó el registro de menor criminalidad de los narcos en Rosario.

Como contraposición, el ex mandatario del PJ, Omar Perotti, fue desbordado por la acción narco. Entre varios motivos porque nunca logró ordenar y comandar a la policía provincial. En sus cuatro años tuvo nueve jefes de la fuerza. Tampoco contó con un verdadero involucramiento de la Nación.

El problema es de altísima complejidad. Los anuncios son una cosa y el cumplimiento del cometido otra bien diferente. Probablemente el refuerzo de agentes prometido por Bullrich sea ahora proveniente de Corrientes. No se aprende a conocer el terreno ni a actuar con eficiencia de un día para el otro. La clave sigue estando en la policía local. Sucede un par de cosas. Su actualidad logística es paupérrima. Las sombras sobrevuelan además muchos de sus comportamientos. Las vainas de las balas con que los narcoterroristas mataron a dos taxistas fueron dejadas exprofeso en el lugar. Tenían las iniciales de la policía provincial.

El Gobierno comunicó, como dato novedoso, que enviará al Congreso un proyecto para que se permita al Ejército intervenir, con facultades acotadas, en la lucha contra los narcos. Vale el debate pero, con seguridad, insumirá mucho tiempo por el trauma que dejaron los uniformados cuando ejercieron el poder absoluto durante la última dictadura. También se advierte cierta reticencia en la fuerza.

Los comportamientos por espasmo nunca arrimaron soluciones duraderas. Las tareas logísticas del Ejército auguradas por Alberto en 2023 para la urbanización de barrios populares tuvieron la duración de un soplo. Quedaron, en el mejor de los casos, por la mitad. La modificación de las condiciones de vida en esos lugares resulta esencial para restar poder y penetración a las personas que hacen de la venta de droga su razón de ser.

Sería en este punto donde Milei debiera reparar en la utilización indiscriminada de la motosierra. Nadie objetaría el entierro de los gastos innecesarios del Estado. Pero existen detalles en casos específicos que aconsejarían apelar, tal vez, a un bisturí. Uno de los recortes presidenciales afectó al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Usina que posibilita el mejoramiento de vida en barrios carenciados. Vale detenerse de nuevo en aquel niño de 12 años asesinado hace un año en Los Pumitas: todas las obras en ese territorio fueron paralizadas. Los vecinos temen la reaparición de los búnkeres de la droga que en aquel momento fueron derrumbados por un ataque de ira popular.

Un aspecto crucial de este desafío que enfrenta el Gobierno reside también en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Bullrich resolvió relevar a toda la cúpula. Tomo el recaudo de aclarar que no se debió a connivencia con narcos sino a la necesidad de arrancar, en todos los órdenes, con un nuevo tiempo político.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, hace años que denunció que 7 de cada 10 actos de los narcos son programados desde las cárceles. Existe la misma presunción con los cuatro asesinatos de la semana pasada. En el SPF estuvo como interventora la ex jueza Laura Garrigós, una de las fundadoras de Justicia Legítima. Discípula de Eugenio Zaffaroni. Fueron cuatro años de descontrol y organización de mafias en los centros de detención.

Esa gestión coincidió con una determinación de Alberto. Disolver el Departamento de Inteligencia Penitenciario desde donde se podían descubrir algunas tramas de los narcos. Se utilizó como argumento que aquella unidad habría sido utilizada por el macrismo para el espionaje ilegal y armado de causas judiciales contra ex funcionarios kirchneristas. Entre ellos, la propia Cristina. La imprudencia motivo incluso una declaración de extrema preocupación de la Asociación de Magistrados.

Aquel Departamento se está reinstalando. En el interín los narcos siguen maquinando violencia para instalar el terror en Rosario. Y replicar el endurecimiento de las condiciones de vida que Pullaro ordenó restaurar en las prisiones.

* Para Clarín