Rosario: un fiscal dudoso, un ministro rodeado y un millón de balas perdidas

Rosario, Santa Fe. Un funcionario santafecino se quiere suicidar. La mujer no lo quiere y lo sabe, busca consuelo en otro hombre, ahora poderoso como pocos en Argentina. Logran evitar la tragedia, los transforman en poderoso de la noche a la mañana y exilian su competencia al gabinete nacional para evitar roces y derramamiento en Santa Fe, tierra del narco. Todo eso mientras siguen sin aparecer casi un millón de balas y armas reglamentarias de las fuerzas locales, y un concejal exige respuestas: no están las municiones en el stock de la policía provincial, llegan las elecciones y el ministro de Seguridad, Maxi Pullaro, no tiene respuestas certeras.

Arde Rosario, crecen las muertes, los sicarios narco pretenden menos de cincuenta dólares para terminar con una vida de un "conejo", y Alberto Fernández está convencido de que "habrá que hacer algo más" tiempo después. El estilo Nayib Bukele es impactante, pero catalizó una ola de terror en la zona que obligó a Nación a pensar en intervenir la provincia, militarizarla y reformar la ley de Seguridad Interior. El caos es total y Maxi Pullaro no logra estar fuera de la órbita de la duda. En 2018 desaparecieron balas adquiridas a Fabricaciones Militares, nadie sabe qué pasó, se borraron del stock y los narcotraficantes están más cargados que antes.

Santa Fe no sabe qué hacer, y el fiscal Matías Edery, de largo conocimiento en la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía Regional de Rosario, pasó de investigador a investigado cuando la legislatura provincial determinó que su actitud y trabajo en la causa de narcotráfico contra el clan Los Monos no es transparente. La mitad del sueldo y beneficios fueron amputados por votación y se lo investiga mientras tendrá entonces prohibido entrar a cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación. Edery estaba vinculado a la política santafecina, pero no al PJ. Maxi Pullaro apoya a Edery, no se sabe hasta cuándo.

La hipótesis que llega a MDZ y que tiene asidero por distintos testimonios locales, es que parte de las balas extraviadas son las que usa hoy el narco para matar en Santa Fe. Hay quienes incluso ponen en duda la honorabilidad de Maxi Pullaro por considerar imposible el desconocimiento de su parte con el entramado narco durante su gestión como ministro de Seguridad. Allí le valió una denuncia por irregularidades en conversaciones con un comisario apartado por coimas.

La trama es compleja y más antigua, y remite y 2006, pero tiene análisis diversos desde distintas miradas. Hay quienes señalan al peronismo de José Obeid como época de crecimiento del narcotráfico, pero en Rosario el almanaque dicta que estuvo gobernada por el socialismo por treinta años. Pablo Javkin llegó tras ganar la interna y es parte de la Coalición Civica, pero es la fuerza que encabezó Hermes Binner y Antonio Bonfatti la que carga con el peso de ver crecer el narco en Santa Fe. 

Marcelo Saín fue un funcionario efímero dentro del poder santafecino, pero que fue mencionado por distintas fuentes como parte del problema. Llegó apadrinado por Aníbal Fernández después de haber sido viceministro bonaerense de Seguridad. Porteño, estridente, expresiones fuertes y hasta acusaciones al ex gobernador Miguel Lifshitz marcaron su camino por la función pública antes de ser expulsado en medio de polémicas que incluyen sospechas de espionaje ilegal y vinculaciones con el mundo del delito. Tal es así que su mano derecha, fue destituida por el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, jefe también entonces de Saín. 

La corrupción política y policial no es nueva. En 2021 el TOF 3 fue claro: Alejandro Druetta saltó del mostrador. De Policía jefe de Drogas Peligrosas a partícipe necesario en el delito. Los jueces Eugenio Jorge Martínez Ferrero, Osvaldo Alberto Facciano y Ricardo Moisés Vásquez condenaron también por nueve años y medio de prisión a Ignacio Actis Caporale, presunto "organizador" del delito de tráfico coordinado de estupefacientes, y siete años para Juan Delmastro, ex compañero de Druetta, con similar sentencia.

Ya en su momento, en agosto de 2023 Rubén David Moyano, a cargo de la departamental de San Jerónimo, en Coronda; y el suboficial Matías José Cosentini fueron procesados por los delitos de “malversación de caudales públicos; encubrimiento triplemente agravado, por ser el hecho precedente un delito especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por ser funcionarios públicos y por incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Nadie confía en nadie en Santa Fe, donde el estado de sitio fue auto declarado por la sociedad, que elige no salir a la calle después de las 18. 

CON INFORMACION DE MDZOL.COM