Maquinaria agrícola: Diputados de Santa Fe pide dar competitividad al sector antes que apertura

Por amplia mayoría, la Cámara de Diputados votó una declaración expresando "preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar, mediante el Decreto Nº273/25, el llamado Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), dejando sin efecto controles esenciales sobre trazabilidad, seguridad y condiciones de uso de bienes importados".
La Cámara unificó los textos ingresados por Mariano Cuvertino (PS) y Sonia Martorano (PJ) y obtuvo el respaldo de casi todos los integrantes de Unidos, de los diferentes interbloques justicialistas y del Frente Amplio por la Soberanía.
En cambio, Somos Vida votó en rechazo al igual que Ximena Sola (Pro) y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia). En cambio, Juan Argañaraz (Inspirar) y Beatriz Brower (escindida de Somos Vida) se abstuvieron de votar.
Silvia Malfesi (Somos Vida) se encargó de exponer el voto en rechazo al proyecto y de defender los alcances del decreto mientras que Cuvertino, Omar Perotti (PJ) y Dionisio Scarpin (UCR) encendieron luces amarillas por el impacto que la medida puede tener en el sector de la maquinaria agrícola santafesina que da vida a cientos de pueblos santafesinos.
"Solo dos departamentos no tienen ninguna fábrica de maquinaria agrícola" precisó el ex gobernador. Los tres hicieron hincapié en las dificultades en que trabaja el sector con falta de financiamiento, monopolio en la provisión de chapa y por ende fijación de precios, juicios laborales e incluso en determinados momentos impedimentos de permisos de ingreso de robots para agilizar la fabricación.

Malfesi recomendó a sus pares leer bien los alcances del decreto por entender que el objetivo es eliminar el certificado que hacía muy lenta la importación.
"El objetivo es agilizar el trámite de importación", afirmó para subrayar que favorecerá la libre competencia e incluso abaratará costos para productores. Se detuvo en marcar diferencias porcentuales de precios entre nuestro país y otros en cosechadores, tractores o sembradoras.
Además planteó los impuestos que tiene la Argentina donde en muchas ocasiones se superponen nación con provincias y cuestionó Ingresos Brutos y Sellos.
Cuvertino destacó la preocupación que genera en Santa Fe y en las provincias de la Región Centro el decreto. Santa Fe produce el 45% de la maquinaria agrícola del país y entre las provincias de la Región Centro el 75% de la torta total. El socialista mencionó el atraso cambiario que "pone a la Argentina entre los países más caros del mundo".
El socialista pidió "no poner en riesgo la excelente producción santafesina, discutamos competitividad pero no destruyamos trabajo".
Perotti, en cambio, advirtió que "no llegaremos a ningún lado sin un diálogo serio entre los actores para darle competitividad al sector. Es malo que el decreto se haya dictado sin diálogo con las provincias y con este sector productivo".

El justicialista marcó como dificultades del sector la falta de financiamiento, la carga impositiva y el valor de la materia prima cuestionando que un solo proveedor fija el precio de la chapa, insumo esencial para esa producción. "Esto debe ser todo parte de la discusión pero con diálogo entre los actores", insistió.
Pero también alertó que el ingreso de maquinaria usada solo será por parte de la red de concesionarias que tienen empresas internacionales en el país. Además llamó a diferenciar entre la máquina que se produce acá y la que no se produce y que puede ayudar al productor a mejorar sus costos.
El ex gobernador mencionó la intención de una firma radicada en Armstrong de desarrollar una cosechadora propia para ganar mercados internacionales y ponderó la presencia de plantas en gran parte de la provincia e incluso la incorporación permanente de tecnología con técnicos y científicos formados en las propias universidades argentinas.
Scarpin, por último, insistió con el planteo presentado ya en febrero cuando se mencionaba la posibilidad de bajar las condiciones de acceso de maquinaria.

"No es que nuestros fabricantes no quieran competir, quieren hacerlo en igualdad de condiciones y para ello se necesitan decisiones tanto del gobierno nacional como del provincial que tiene algunas estrategias como financiar parte de tasas de interés o salir al mercado internacional con varias de las firmas locales".
El CIBU fue establecido mediante la Resolución Nº 909/1994 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, y regulaba la importación definitiva para consumo de bienes usados comprendidos en los capítulos 84 a 90 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), incluyendo maquinaria agrícola, herramientas industriales y equipos electrónicos.
La emisión del CIBU estaba sujeta a una evaluación técnica por parte de la autoridad competente, que debía expedirse sobre la efectiva capacidad de provisión local de los bienes involucrados, considerando la afectación del mercado local con motivo de la importación planteada.
Ahora la eliminación de este certificado implica la liberalización de la importación de maquinaria usada sin la necesidad de evaluar la capacidad de la industria nacional para abastecer el mercado interno.
"Esto no solo perjudica a los fabricantes, sino que impacta en toda la cadena productiva, desarticulando esquemas como la toma de usados en la compra de maquinaria nueva y frenando la renovación tecnológica de un parque agrícola donde el 70% de las cosechadoras y el 80% de los tractores superan los 10 años de antigüedad.
Además de los riesgos económicos, el ingreso de maquinaria usada sin control genera riesgos ambientales, a partir de la posible propagación de plagas que afectan la producción agrícola, como ya ha ocurrido en oportunidades anteriores", señala Cuvertino en los fundamentos del texto votado.
Inasistencias
La Cámara de Diputados dio por concluidas las actuaciones administrativas y validó la cesantía del agente Héctor Rodolfo Puchetta por inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General dictaminó el asunto el 27 de febrero de 2025, conforme al reglamento interno de la Cámara de Diputados. En el último plenario de la Cámara se votó la baja definitiva, por cesantía, del mencionado agente que se desempeñaba como administrativo en la planta permanente con categoría 19.
Caja de Jubilaciones
El diputado Walter Agosto presentó un pedido de informes para conocer las causas por los cuales ha suspendido la publicación del informe "La Caja en números", correspondiendo la última información publicada al mes de diciembre de 2023.
Dicho informe estaba en la página web de la propia Caja de Jubilaciones y contenía detalles sobre ingresos y aportes al sistema; remuneraciones promedio por sector y otros informes de interés.
"Resulta imprescindible que el Poder Ejecutivo garantice el acceso a esta información, dando estricto cumplimiento a la publicación de la misma tal como se hacía hasta el mes de diciembre de 2023, respetando la política de transparencia fiscal que la provincia ha desplegado en los últimos años", señala en los fundamentos el autor.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.