La CGT, tras la multa que le quiere cobrar el Gobierno: «Es una nueva provocación»

El Gobierno de Javier Milei, tal y como prometió, intimó a las organizaciones sociales y sindicales por los daños ocasionados en sus manifestaciones. Ahora les reclaman un pago de hasta $56 millones para solventar todos los disturbios que generaron. Ante esto, la Confederación General del Trabajo (CGT) cruzó al Poder Ejecutivo y rechazó la intimación.

«El Gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado. Es una nueva provocación del Poder Ejecutivo en sus intentos de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados, en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país», lamentó la entidad gremial, según NA.

En este mismo sentido, sostuvieron que «esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional, que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento ante el menosprecio de normas laborales individuales y colectivas inspiradas en la justicia social, no condicionará al movimiento obrero organizado».

Por último, la CGT aseguró en el texto que no representa «los intereses de una casta, pero sí de trabajadores y trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme a la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga».

En otro plano, la CTA Autónoma también se sumó al rechazo del pago que pide el Gobierno nacional por el operativo de seguridad que costó $56.760.282 y $40.419.227 al haber participado de las movilizaciones realizadas los días 22 y 27 de diciembre, respectivamente. «Estas penas (supuestos “pagos solidarios”), son actos de persecución e intimidación por parte del gobierno de Javier Milei, queriendo sostener una norma que es claramente inconstitucional y que, además, quiere atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido. Las y los trabajadores ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta».

Con información de www.elintransigente.com